¿Fábrica de sueños?

Ministra Elsa Galarza durante presentación de «Fábricas de Agua» en Huancaya

El presidente Pedro Pablo Kuczynski y la ministra Elsa Galarza lanzaron ayer el programa «Fábricas de Agua» que implementará el Ministerio del Ambiente. El programa incluye un fondo concursable de un millón de soles para financiar proyectos de conservación del agua, en particular aquellos que promuevan la recuperación del ecosistema altoandino para asegurar el servicio ecosistémico de provisión de agua.

Entre los proyectos a financiar se encuentran «el establecimiento de barreras para recuperar humedales, la reforestación con especies nativas, la instalación de sistemas silvopastoriles, entre otras que permitan recuperar las condiciones de ecosistemas altoandinos, tales como bosques, humedales y pastizales, contribuyendo a la sostenibilidad de sus servicios ecosistémicos».

Sin duda es una buena noticia, que responde en parte a la exigencia de comunidades y organizaciones sociales –expresada por ejemplo en el reciente Encuentro Nacional por el Agua- por una política integral de gestión de cuencas que asegure la sostenibilidad presente y futura del acceso al agua. Existen experiencias locales exitosas de proyectos de reforestación, siembra y cosecha de agua que vienen recuperando el ecosistema altoandino y generando una mayor provisión de agua. Las comunidades vienen exigiendo una inversión pública decidida que permita extender estas experiencias a fin de proteger las cabeceras de cuenca y zonas productoras de agua.

Sin embargo, quizás el primer límite con el que se encontrará esta nueva iniciativa es la política del propio gobierno con respecto a las concesiones extractivas en las cabeceras de cuenca. A más de 3000 msnm, en las zonas productoras de agua y donde nacen los ríos, 14’347,559.23 hectáreas se encuentran concesionadas para la minería; y a más de 4,000 msnm son 8’818,836.43 las hectáreas en esa situación (INGEMMET, 2014). Según el Proyecto Páramo Andino – CONDESAN, para 2008, el 67% de la superficie del ecosistema jalca y 24% del ecosistema páramos se encontraban bajo concesión minera, lo que pone en riesgo fundamentalmente los servicios ambientales que estos ecosistemas brindan, la captación y redistribución del agua.

Zonas productoras de agua bajo amenaza por inversiones extractivas. En la foto, laguna Alforjacocha (Cajamarca), parte de la concesión del proyecto Conga

Esta situación es delicada, puesto que el 95% del agua que consumimos en el Perú proviene de las zonas altoandinas, provisión que se encuentra amenazada además por un contexto de cambio climático que ya ha llevado a la pérdida de casi 60% de nuestros glaciares.

¿Qué ocurrirá cuando los proyectos de reforestación y recuperación del ecosistema altoandino se vean confrontados con proyectos extractivos que tienen un impacto importante en áreas extensas donde se produce remoción de material, cambio de la morfología y afectación a cursos de agua subterráneos y superficiales? ¿Será siempre posible armonizar estas dos actividades?

Dos herramientas que ayudarían para ello serían una planificación de los usos del territorio, y una autoridad de aguas fuerte e independiente. Sin embargo, el gobierno no está dando pasos para avanzar en ello: por el contrario, viene retrocediendo en lo primero. El MINAM –que ahora deberá implementar el programa de Fábricas de Agua- ha renunciado a su rol rector en el ordenamiento territorial y este importante proceso ahora se encuentra en el limbo, sin que exista ninguna autoridad responsable de ello.

Respecto a la promesa de una Autoridad Nacional del Agua que tenga autonomía y recursos suficientes para garantizar un adecuado cumplimiento de su rol, no se conoce de ningún proyecto para hacerla realidad, pese a que fue un punto planteado en el plan de gobierno del actual presidente. Esta también ha sido una demanda de las organizaciones y comunidades presentes en el Encuentro Nacional por el Agua, las mismas que señalan que dicha autonomía permitiría que se «reduzca la dependencia actual y el control que ejercen los diferentes grupos económicos y los sectores que precisamente han provocado una gestión caótica y desigual del agua».

06 de septiembre de 2017