Europa bajo presión: la CSDDD en retroceso entre lobby empresarial y geopolítica
El 13 de noviembre, los partidos de ultraderecha se alinearon con la derecha centrista europea para reducir de forma sustancial el alcance de la Directiva europea sobre debida diligencia en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD). En efecto, fue aprobado el denominado paquete Ómnibus I, que limita la aplicación de la norma y debilita considerablemente su eficacia.
En una opina anterior, ya habíamos examinado la estructura de esta debida diligencia europea. Hoy, sin embargo, asistimos a la confirmación de una dificultad estructural de la Unión Europea para alcanzar normas verdaderamente vinculantes para los Estados miembros. Esta fragilidad normativa se refleja también en el contexto internacional, como se evidenció durante la COP30, donde los países del norte global mostraron, una vez más, reticencias a comprometerse con acuerdos concretos y efectivos.
Este retroceso normativo se produce además en un clima de abierta oposición por parte de sectores empresariales clave. Un ejemplo emblemático es el de TotalEnergies y Siemens: el 6 de octubre, los directores ejecutivos Patrick Pouyanné (TotalEnergies) y Roland Busch (Siemens AG) enviaron una carta al presidente francés Emmanuel Macron y al entonces canciller alemán Friedrich Merz solicitando la abolición de la que es una de las principales leyes de la UE sobre sostenibilidad empresarial. Según los firmantes, la normativa limitaría la competitividad del continente al introducir una regulación considerada excesiva, reduciendo la capacidad de Europa para competir a nivel global.
Aunque el contenido íntegro de la carta no ha sido hecho público, diversos medios de comunicación han informado que también se solicitó a la Unión Europea no avanzar con el plan de eliminar progresivamente los permisos gratuitos de contaminación para las industrias, así como reformar las normas de competencia para permitir un mayor número de fusiones, evaluándolas en un contexto de mercado global y no exclusivamente europeo.
A estas presiones se suman las de actores externos como Estados Unidos y Qatar, junto con grandes empresas como Exxon Mobil, que se han pronunciado a favor de limitar la implementación de la diligencia debida europea. En particular, el papel de Qatar resulta clave: actualmente suministra entre el 12 % y el 14 % del gas natural licuado (GNL) a Europa, volumen que aumentó tras la interrupción de los intercambios comerciales con Rusia luego de la invasión de Ucrania. Qatar ha dejado entrever que podría suspender el suministro de GNL a la UE si la directiva se aplica plenamente.
En este contexto – marcado por una Europa cada vez más condicionada por las decisiones de las grandes corporaciones y por la protección de agendas económicas impulsadas por el lobby – el Parlamento Europeo votó a favor del paquete Ómnibus I, presentado como una “simplificación”, con 383 votos a favor de un total de 644. Las consecuencias de esta decisión son profundas y afectan no solo a la economía europea, sino también al tejido social, a los fundamentos democráticos y, sobre todo, al respeto de los derechos humanos.
De este modo, se han desmantelado amplias partes de la Directiva sobre el deber de vigilancia, que debía obligar a las grandes empresas a prevenir y reparar las violaciones de derechos humanos, derechos laborales y daños ambientales a lo largo de toda su cadena de valor. En particular, se han eliminado las obligaciones climáticas y la responsabilidad civil de las empresas.
Con la aprobación de Ómnibus I, se establece que solo las empresas con al menos 5000 trabajadores y un volumen de negocios de 1750 millones de euros estarán sujetas a la directiva, y se elimina además la obligación de implementar planes vinculados a los compromisos climáticos. Cabe recordar que, antes de esta reforma, los umbrales de la CSDDD se situaban en 1000 empleados y 450 millones de euros de facturación, y que la entrada en vigor de las normas de diligencia debida ya había sido pospuesta hasta julio de 2027.
Asimismo, los legisladores votaron a favor de aumentar el tamaño mínimo de las empresas obligadas a reportar su impacto sobre las personas y el planeta, excluyendo de esta obligación a aproximadamente el 90 % de las compañías que, inicialmente, estaban cubiertas por la directiva.
En este escenario, Perú ocupa una posición central en los intercambios con la Unión Europea, especialmente en los sectores agroexportador y minero. La UE es uno de los principales inversores extranjeros en el país, con un stock de inversión que supera los 14.9 mil millones de euros. En un contexto de debilitamiento estatal y de erosión del Estado de derecho, una normativa como la CSDDD habría podido contribuir a fomentar conductas empresariales responsables. Incluso antes de su debilitamiento, la directiva solo habría afectado a cerca del 3 % de las empresas a nivel global, lo que ya evidenciaba sus límites.
En definitiva, el panorama internacional resulta poco favorable para la consolidación de normas vinculantes impulsadas desde el Norte global, cada vez más condicionado por los intereses de los lobbies, la dependencia de recursos naturales, materias primas y metales críticos, así como por la necesidad de asegurar importaciones estratégicas. Todo ello pone en cuestión la capacidad de Europa para encarnar su proclamado papel como cuna de la democracia y defensora de los derechos humanos, así como para asumir el rol de garante del Estado de derecho que históricamente ha reivindicado.
Referencias:
https://www.cncd.be/Le-PPE-s-appuie-sur-l-extreme
https://www.bhrrc.org/fr/latest-news/evian-letter-outreach/?utm_source=chatgpt.com
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