Minería ilegal y economías criminales desafían al Estado desde los territorios

El miércoles 21 de mayo se llevó a cabo el conversatorio “El Perú fracturado: formalidad, informalidad y economía delictiva”, organizado por la Fundación Francisco Durand, Desco y CooperAcción. El evento reunió a destacados investigadores para analizar las dinámicas económicas y sociales que configuran la actual crisis estructural del país, marcada por la coexistencia y entrecruzamiento de tres economías: la formal, la informal y la delictiva.

Participaron como ponentes Humberto Campodónico, Zaraí Toledo, José De Echave y Dante Vera. Cada uno abordó distintos ángulos de esta compleja realidad. Campodónico expuso la débil frontera entre la informalidad y la ilegalidad en el sector minero, centrando su análisis en el programa REINFO y el problema estructural de las concesiones. Toledo, por su parte, subrayó la dimensión territorial y política de la minería informal, destacando cómo esta economía ha generado arraigo, representación y legitimidad en regiones sin alternativas productivas. Por su parte, Dante Vera puso el foco en las dinámicas de criminalidad y control territorial, especialmente en zonas como la sierra liberteña, donde bandas delictivas y mineros ilegales compiten y se entrelazan con estructuras locales de poder.

El investigador de CooperAcción, José De Echave, ofreció una exposición clave al analizar el crecimiento silencioso —y cada vez más visible— de la pequeña minería, la minería informal y la ilegal en el país, especialmente en el ámbito aurífero. Señaló que este fenómeno ha pasado de ser marginal a convertirse en un actor económico y político de gran peso, que hoy representa cerca del 40% de la producción nacional de oro. “Estamos frente a procesos de acumulación económica y política nunca antes vistos”, advirtió.

Uno de los casos más ilustrativos es el de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, actualmente el principal productor de oro del país. De Echave mostró cómo el 80% del territorio de esta provincia está concesionado a la minería, y más del 20% a una sola empresa: Minera Poderosa. Esta ocupación masiva ha desplazado a formas históricas de pequeña minería local y ha generado conflictos sociales profundos. “No se va a poder construir una salida si no se atienden las demandas de los pequeños mineros, que hoy preguntan: ‘¿dónde podemos trabajar?’”, sostuvo.

El auge de los precios internacionales del oro, que superan los 3,300 dólares la onza, ha contribuido a esta bonanza. Según cifras compartidas por De Echave, la minería ilegal ha movido en lo que va de 2024 cerca de 7,800 millones de dólares, superando ampliamente a economías ilícitas como el narcotráfico. Este desbalance se evidencia en la diferencia entre lo que registra el Ministerio de Energía y Minas como producción de oro (alrededor de 90 toneladas) y lo que SUNAT y el BCR reportan como exportaciones (casi 170 toneladas). “Estamos exportando más oro del que producimos formalmente”, explicó, atribuyendo esta brecha a toda una cadena donde intervienen plantas de procesamiento, comercializadores y facturadores.

El investigador también advirtió sobre el creciente poder político de los sectores informales e ilegales. Recordó que en 2024 se enfrentaron dos campañas publicitarias millonarias en medios: una impulsada por gremios empresariales en contra de la ampliación del REINFO, y otra que promovía la legitimidad de la llamada “minería ancestral”. Esta última fue financiada por organizaciones vinculadas a la CONFEMIN y a asociaciones de plantas de beneficio. “Ya no se trata solo de actores económicos, sino de actores con representación política, con vocerías, con capacidad de agenda”, alertó De Echave.

Frente a este escenario, De Echave planteó la urgencia de diferenciar claramente entre pequeña minería, minería informal y minería ilegal; mirar la cadena productiva completa, y sobre todo, revisar la política de concesiones mineras. “El problema no se resuelve solo con represión. Hay territorios en donde comunidades y pequeños productores están resistiendo a las economías criminales. Esa otra parte del país también debe ser escuchada”, concluyó.