La Unión Europea busca acceso a los recursos del sur, pero falla en garantizar los derechos de las poblaciones

Bruselas, Bélgica: En el marco de la Semana de las Materias Primas de la Unión Europea (Raw Materials Week), expertos, funcionarios y representantes del sector empresarial debatieron sobre los desafíos de asegurar el acceso a los recursos naturales para la industria europea. En especial, la preocupación estaba en el suministro de metales como el cobre y minerales denominados ‘críticos’ para la transición energética.

El evento oficial cuenta con una mínima participación de representantes de organizaciones no-gubernamentales europeas, pero carece de participantes del sur global. En este contexto, CooperAcción estuvo presente para alertar sobre la necesidad de garantizar el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades afectados por la extracción minera.

«Es fundamental escuchar la voz de las comunidades campesinas y originarias. En el sur andino peruano, la gente está siendo despojada de sus tierras que se convierten en zonas de sacrificio, donde los que se quedan se enferman por la contaminación, y los jóvenes se van porque no ven un futuro”, dijo Yovana Mamani, coordinadora del programa surandino de CooperAcción, quien participó en un evento organizado por la coalición Fair Finance.

Con respeto a la responsabilidad de los inversores, Mamani destacó que “mínimamente, se debe mejorar la transparencia de información por parte de las mineras y fortalecer las normativas e institucionalidad ambiental, así como establecer mecanismos de comunicación directa de bancos e inversores con las comunidades afectadas”.

El evento paralelo llamado “Siguiendo el dinero: ESG y responsabilidad en la carrera por las materias primas”, organizado el 20 de noviembre por la coalición Fair Finance (de la cual CooperAcción forma parte), tuvo como objetivo identificar las deficiencias y las mejores prácticas entre las políticas de los inversores y los bancos en relación con el sector minero, así como analizar las políticas y normativas clave de la Unión Europea para los minerales críticos.

Bancos europeos invirtieron 64 mil millones de euros

Un reciente informe de Fair Finance, “Financing Critical Minerals but Failing Critical Safeguards” (Financiar minerales críticos, pero sin las salvaguardias críticas), constató que el esfuerzo de Europa por asegurar las materias primas críticas necesarias para la transición energética fomenta abusos contra los derechos humanos y perjuicios al medio ambiente.

Uno de los casos ejemplares incluidos en el informe es de la mina Antapaccay en Espinar, Cusco, propiedad de Glencore de Suiza, que ha causado una crisis grave de contaminación, como fue comprobado por estudios del OEFA.

“En Espinar y el corredor surandino, es claro que no se han hecho bien las cosas; se ha contaminado las fuentes de agua, la población sufre de enfermedades por los metales pesados, hay estigmatización a personas defensoras de derechos humanos, y los estados de emergencia y represión por la policía son permanentes. Es una crisis social y ecológica grave, que no encuentra respuestas”, explico Yovana Mamani.

Adicionalmente, el proyecto de Antapaccay enfrenta cuestionamientos por la falta de consulta a las comunidades que serían desalojadas por la construcción de un nuevo tajo abierto en la zona de Coroccohuayco, y la negativa a ofrecer un plan de reasentamiento colectivo según los estándares internacionales para la adquisición de tierras en territorio de pueblos indígenas.

A pesar de los múltiples problemas persistentes en el sector extractivo, los bancos de la Unión Europea dieron unos 64 mil millones de euros en préstamos para financiar proyectos mineros entre 2016 y 2024, según detalla el informe de Fair Finance. Con respeto al Perú, expone inversiones de Allianz y Deutsche Bank de Alemania, y del banco ING de Holanda, que se encuentran entre los importantes financistas de Glencore. También, destacan inversiones en otras minas conocidas por violaciones de derechos en Brasil, Mozambique y la República Democrática de Congo.

Mientras Europa está invirtiendo más para asegurarse acceso a materias primas, las normas de sostenibilidad y de debida diligencia en materia de derechos humanos, que ya fueron aprobadas en un logro histórico, están actualmente siendo desmontadas en el parlamento europeo.

Femmy Thewissen, de la campaña 11.11.11 de Bélgica, alertó que “ignorar los derechos humanos no solo es injusto, sino que también es perjudicial para los negocios. El descontento social puede provocar el cierre de minas, interrumpir el suministro y hacer más costosa la transición energética de Europa. La transición ecológica requiere una financiación responsable, no una inversión ciega”.