Gobiernos en América Latina y el Caribe deben crear políticas de protección que garanticen el derecho a defender los derechos humanos

América Latina continúa siendo la región del mundo más peligrosa para la defensa de los derechos humanos, situación que se ha agravado en el contexto actual del COVID-19. Hoy en el día internacional de las personas defensoras de derechos humanos, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a los gobiernos de […]

América Latina continúa siendo la región del mundo más peligrosa para la defensa de los derechos humanos, situación que se ha agravado en el contexto actual del COVID-19.

Hoy en el día internacional de las personas defensoras de derechos humanos, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a los gobiernos de la región, a que establezcan acciones que respeten y protejan su labor.

Las personas defensoras de derechos humanos han asumido el liderazgo de acciones a favor de la paz, la justicia, los derechos de pueblos indígenas, el respeto a los territorios y el fortalecimiento de la democracia. En muchos casos son víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos, así como protagonistas del reconocimiento de derechos y la transformación de los conflictos al interior de sus comunidades.

Son personas comunes, trabajadoras, abogados/as, estudiantes, mujeres activistas, líderes y lideresas indígenas, afrodescendientes, campesinas y comunitarias, periodistas, sindicalistas o defensoras del territorio y el medio ambiente que siempre han luchado en tiempos de crisis por reconquistar nuestros derechos, exigir su garantía, respeto y promover todas las libertades.

Pese a eso, las personas defensoras viven el asedio constante en razón de su labor de defensa de derechos humanos, siendo víctimas de asesinatos, amenazas, agresiones físicas y digitales, espionaje, robo, estigmatización, persecución, criminalización, privación de libertad, desplazamientos forzados, secuestro, desapariciones, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violencia sexual, entre otros, algunos de los cuales son específicos o se potencian en razón del género o procedencia étnica.

En la actualidad, América Latina es una de las regiones del mundo más peligrosas para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, sin que las instancias gubernamentales hayan adoptado medidas extraordinarias para su debida protección. Al contrario, la situación se ha agravado por la adopción de normas restrictivas y regresivas que afectan el ejercicio de los derechos humanos. Entre las medidas más frecuentes, están: los límites al acceso a la información, a la participación, la justicia, la protesta social y la intensificación de la militarización, las cuales se profundizan particularmente en contextos extractivos; así mismo, el aumento de violencias por razones de género y los discursos de desprestigio en contra de quienes defienden derechos humanos. En la mayoría de contextos de violencia, los principales agresores continúan siendo agentes estatales, seguidos de delincuencia organizada y actores particulares, principalmente éstos últimos asociados a las industrias extractivas.

Es por eso que hoy, en el día internacional de las personas defensoras de derechos humanos, es necesario no solo reconocer la labor que llevan a cabo por la justicia y la defensa de los derechos y comunidades, sino también hacer un llamado a todas las instancias del Estado a que pongan en marcha acciones concretas y reales, con enfoque de género e interseccional, que estén dirigidas a proteger la vida e integridad de las personas defensoras y garanticen el derecho a la defensa de derechos humanos.

Para esto, las y los parlamentarios de cada país deben impedir adoptar normatividades que restringen el espacio cívico de la sociedad civil, el uso de mecanismos que permitan la criminalización del rol de las personas defensoras y la imposición de obstáculos fiscales o de registro a las asociaciones de la sociedad civil. Es necesario que las instancias de todos los niveles de gobierno generen acciones de reconocimiento a la labor de personas defensoras, medidas de protección en beneficio de estas y se abstengan de generar campañas de desprestigio.

Es urgente el cese de la persecución penal en los delitos y las sanciones correspondientes en casos de inacción y                           rezago en la investigación de delitos cometidos en contra de personas defensoras. Las instancias de procuración y administración de justicia deben contar con lineamientos especializados y mecanismos de rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía, en particular a personas defensoras, conocer el avance del estado de las investigaciones. Las instancias encargadas de velar por la vida e integridad de personas en situación de riesgo deben ser fortalecidas y contar con las capacidades humanas y financieras que posibiliten la coordinación en los distintos niveles de gobierno y poderes públicos a nivel nacional o binacional, esto último cuando se trate de pueblos indígenas defensores en territorios transfronterizos.

Es prioritario establecer una política de tolerancia cero de violencia y un marco legal claro que prevean sanciones ante casos que involucran a las empresas o contratistas que promuevan acciones de criminalización o riesgo para personas defensoras. Asimismo, es urgente que se diseñen e implementen mecanismos para fiscalizar la actividad empresarial en el cumplimiento de sus obligaciones y la debida diligencia. Y en este contexto, también exhortamos a los Estados a generar procesos de investigación, justicia y sanción a los actores privados, donde se haga visible no solo a los actores materiales sino también a los actores intelectuales de dichos ataques. Se debe garantizar a las víctimas y sus familias adecuados procesos de reparación. Además, es urgente prevenir que los sistemas nacionales de justicia, ya sea desde la vía penal, constitucional o civil, obstruyan la labor de personas defensoras. Así como acciones multisectoriales para la erradicación de actividades ilegales, como narcotráfico, tala ilegal y tráfico de tierras, que son fuente de violencia contra personas defensoras y sus comunidades.

Desde las organizaciones de la sociedad civil de varios países de la región, seguiremos construyendo redes y mecanismos de apoyo mutuo y autoprotección para responder a las amenazas, ataques y riesgos actuales, así como prevenir y alertar sobre otros desafíos por venir. También continuaremos exigiendo a los gobiernos de la región que cumplan con sus obligaciones de protección conforme a los tratados internacionales de derechos humanos y en lo establecido en la Declaración de Personas Defensoras.

Finalmente, hacemos un llamado a la sociedad en general, a las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos y a los organismos multilaterales a que reconozcan la importancia del papel de las y los numerosos activistas, se sumen a sus justas causas y exijan a los gobiernos y dirigentes a que apoyen la labor de las personas defensoras y generen políticas de protección para garantizar el derecho a defender derechos humanos.

Hoy, la defensa de derechos es más urgente que nunca en la región y es crucial que fortalezcamos y protejamos a quienes defienden los derechos de todos y todas. Estamos convencidas y convencidos que acompañando y respaldando su trabajo fortalecemos las democracias de América Latina y el Caribe.

Suscriben:

ABGLT – Brasil
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, ACUDDEH – México Acción Ecológica – Ecuador
Amazon Watch
Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos – Ecuador Aluna Acompañamiento Psicosocial, AC (México)
Amazon Frontlines- Ecuador
Asociación de Propietarios de Tierras Rurales del Norte del Ecuador APT Norte – Ecuador Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, ALDEA – Ecuador
Asociación de Líderes Comunitarios Red Angel Shingre, Ecuador.
Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos – BOLENA- Género y Diversidades – Ecuador
Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes de la UNPSJB – Argentina Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P” AC. – México
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. – México
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP, Perú. CEDHU- Ecuador
COFAVIC – Venezuela
Comité Cerezo México
COCASEN – Ecuador
COMUNALISIS – Ecuador
CONFENIAE – Ecuador Colectivo Prodh
Colectiva de Antropólogas del Ecuador Colectivo de Geografía Crítica – Ecuador
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Codehupy – Paraguay

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán «COPA» – Honduras

CooperAcción – Perú
DECOIN Defensa y Conservación Ecológica de Intag – Ecuador
Derecho, Interculturalidad y Ambiente – DIA – Peru
Pastoral Social, Vicariato de Aguarico – Ecuador
Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, México – conformado por: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
Fórum Grita Baixada- Brasil
Fundación Alejandro Labaka- Ecuador Fundación Pachamama – Ecuador
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH – Ecuador
Frente por la Libertad de Expresión y la protesta Social – FLEPS, México – conformado por: Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social
A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.
Frente Antiminero de Pacto
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – Regional (Mesoamérica)
Justiça Global – Brasil Kilómetro Cero – Puerto Rico
Latinoamérica Sustentable- Ecuador
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia – México Red Global Contra la Violencia Policial
Red de la No Violencia contra las Mujeres REDNOVI –
Guatemala Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras

9 de diciembre de 2021