Gobierno peruano aprobó el primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, anunció que en la sesión del Consejo de Ministros del día de ayer, 9 de junio, que se aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, herramienta impulsada por su sector. “La implementación de las acciones del plan promoverá la confianza hacia […]

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, anunció que en la sesión del Consejo de Ministros del día de ayer, 9 de junio, que se aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, herramienta impulsada por su sector.

“La implementación de las acciones del plan promoverá la confianza hacia las empresas, mejorará la competitividad y la buena reputación; asimismo, fortalecerá el desarrollo sostenible y la prevención de los conflictos sociales», explicó en conferencia de prensa ofrecida en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Imagen: CooperAcción

Explicó que durante el proceso de elaboración del Plan que tomó varios meses, participaron 132 actores: 40 del Estado, 22 del sector empresarial, 35 de la sociedad civil, 8 pueblos indígenas y 4 centrales sindicales. Asimismo, destacó que el Plan aportará un proceso de seguimiento a los planes de debida diligencia que deben implementarse en el país, en conjunto entre el Estado y el sector empresarial.

Por su parte Abel Gilvonio, quien desde CooperAcción ha sido coordinador por 2 años de la Plataforma de la sociedad civil de empresas y derechos humanos, destacó que es un paso importante para mirar con mayor detenimiento la vulneración de derechos humanos de las empresas en el país. Dijo que el plan ayuda a que no solamente se esté exigiendo y reclamando al estado sobre las vulneraciones de derechos humanos que hacen las empresas sino que estas según los estándares internacionales tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y no utilizar al estado como su protector 

“Este plan permite visibilizar con claridad cuáles son las vulneraciones y la violación que cometen las empresas y la responsabilidad que deben tener estas para que en toda su cadena de producción y en toda su cadena de valor se pueda reducir el riesgos de violación de DDHH sobre los trabajadores, pueblos indígenas y consumidores”, señalo el representante de CooperAcción.

Algunas ausencias y debilidades

Gilvonio destacó que el proceso ha sido bastante participativo, pero que esa participación es producto del esfuerzo de las organizaciones sociales como los sindicatos, los pueblos indígenas y otras instituciones de derechos humanos que han impulsado y participado del plan. Sin embargo remarcó, que desde el estado casi no se ha tenido ningún tipo de apoyo logístico o económico para movilizar o facilitar la participación virtual de las organizaciones. Por eso ha habido debilidad en la participación de algunas organizaciones alejadas donde hay brechas digitales para que participen en la última fase del proceso, por ejemplo de las comunidades afectadas del corredor del sur andino, o las comunidades indígenas impactadas por los derrames petroleros en Loreto o en Amazonas.

“Podemos apreciar la participación en el abordaje que hemos tenido sobre los 21 temas que se han discutido en el Plan nacional de acción, ha sido desde los impactos y propuestas ambientales, de pueblos indígenas, de los derechos de los trabajadores,de las mujeres, eso hace muy interesante la mirada que tenemos porque ya no se asume solo desde las agendas particulares sino desde una agenda más integral de los DDHH” y eso ha ayudado a que los documentos finales como diagnósticos y objetivos acciones estratégicos trabajados con el estado recojan todos estos impactos diversos que ha realizado las empresas sobre la vulneración de DDHH”, destacó el representante de CooperAcción.

Asimismo, Gilvonio destacó que hay bastantes presiones por parte de Ministerios como economía y finanzas y el de Energía y minas para que el alcance del plan sea más limitado. También sectores del poder empresarial que tienen relación con sectores del ejecutivo, pues si bien se ha intentado reducir la asimetría de poder con transparencia, todavía se percibe el poder e influencia que tienen sobre sectores del ejecutivo y sobre la mesa multiactor que se impulsó.

“Hay que resaltar que a pesar de eso, hay un intento de equilibrar la asimetría de poder, colocando todos los temas sobre la mesa, no ocultándolos, como se ha dado en otros procesos de construcción de políticas públicas en el país. Se trata de que una narrativa, la de estos 30 años de neoliberalismo, siga como si no existieran las violaciones y vulneraciones de DDHH, y que el sector empresarial ha hecho todo bien en el país, cosa que no es cierto”, según planteó Gilvonio

Desde las organizaciones hay un balance positivo, pero hay temas que quedan pendientes de discutir a fondo como la consulta previa, los contratos de la policía para la seguridad en temas mineros, temas de los estudios de impacto ambiental, entre otros.Destacó que hay bastante expectativa en lo que va a significar la implementación de este plan. Las organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil han ganado en este proceso el fortalecimiento de su estrategia de movilización, de organización y de colocación de sus plataformas de lucha.

Para finalizar, la agenda de empresas y DDHH recién se ha abierto y va más allá del Plan nacional. Pasa por pedir al Ministerio de relaciones exteriores para que tome posición sobre un Tratado vinculante sobre empresas y DDHH, también por demandar que el Congreso que discuta leyes para la debida diligencia a nivel nacional sobre sectores importantes de la producción nacional como la minería, agro exportación, construcción, pesquería, y finalmente el fortalecimiento organizativo en los territorios para el seguimiento de las empresas de cómo ejecutan sus actividades. 

10 de junio de 2021