Familiares de asesinados se organizan y exigen justicia

Se ha cumplido un año de los asesinatos ocurridos producto de la represión estatal contra ciudadanos y ciudadanas que ejercieron su legítimo derecho a la protesta en las regiones del Cusco, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Puno y Lima. Y como parte de las conmemoraciones, se han iniciado una serie de acciones simbólicas para exigir justicia a todos los niveles, buscando se sancione a los responsables. Durante este año, diferentes organismos nacionales e internacionales hicieron un grave llamado de alerta ante el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar que trajo como saldo la muerte de más de 50 personas. Sin embargo, no hay muchos avances.
Apurímac fue el primer escenario de esta matanza. Los días 11, 12 y 14 de diciembre del 2023 se marcaron en el calendario local como los días en que Beckham Romario Quispe Garfias (18), D.E.A.Q (15), R.P.M.L. (16), John Erick Enciso Arias (18), Wilfredo Lizarme Barboza (18) y Cristhian Alex Rojas Vásquez (19) murieron producto de heridas de balas que salieron de las armas de las Fuerzas Armadas del Perú.
Es por ello que el lunes 11 de diciembre del presente año se iniciaron las diferentes acciones simbólicas en el sur del país, empezando por una movilización en la ciudad de Andahuaylas, departamento de Apurímac. Aquí se concentraron familiares de las víctimas de esta región, teniendo como visitantes también a familiares de Puno, quiénes llegaron a sumarse a este clamor de justicia para sus hijos, esposos, primos, hermanos asesinados por protestar.
«Las denuncias no han avanzado, seguimos exigiendo justicia para nuestros familiares, pero es como si no hubiese pasado nada, no queremos dar pena, queremos que nos den justicia», manifestó una familiar de un asesinado en Andahuaylas quién prefirió el anonimato. Ellas y ellos denuncian también ser víctimas de hostigamiento por parte de llamadas telefónicas anónimas y de señalamiento por parte de medios de comunicación.
Sin embargo, precisamente el día del inicio de las acciones de conmemoración, las familias recibieron la noticia de que se había formalizado la investigación contra dos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), quiénes habrían disparado contra el joven cusqueño Rosalino Florez Valverde de 22 años.
El Equipo especial de la Fiscalía para casos contra víctimas durante las protestas sociales realizó ayer la formalización de la investigación contra el suboficial Joe Erik Torres Lovón, para quien dictaminaron prisión preventiva, señalándolo como el responsable directo del asesinato de Rosalino.
Si bien este avance se encuentra todavía en etapa de investigación, se espera que también se formalicen procesos de investigación para los demás casos y se sancione tanto a los responsables directos como a los mandos superiores responsables de dar las órdenes de los operativos policiales.
Estas acciones simbólicas iniciadas en Apurímac continuarán y seguirán su ruta según los territorios y las fechas en las que fueron ocurriendo los hechos que dejaron a decenas de familias enlutadas, entre las que se encuentran las regiones de Ayacucho, acción programada para el 15 de diciembre, luego Puno y Cusco en enero del 2024.

El Colectivo de abogados de la Red Muqui , articulado por diferentes organizaciones como CooperAcción, viene acompañando los procesos judiciales de Cusco, Puno y Apurímac, mediante los cuáles se busca identificar a los responsables de los disparos que acabaron con manifestantes en las protestas en contra del régimen de Dina Boluarte.