En foro público analizan impacto de actividades empresariales chinas en derechos humanos

El pasado jueves 23 de junio se llevó a cabo el foro público “La actividad empresarial de China en América Latina y sus impactos en derechos humanos”, en el cual organizaciones de diversos países compartieron información sobre el seguimiento que vienen realizando a los proyectos implementados por el gigante asiático en la región.

El evento fue parte de la reunión realizada en Lima por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), conformado por once organizaciones de sociedad civil de seis países de Sudamérica.

Durante el Foro, se dieron a conocer los alcances de un informe elaborado para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones adoptadas por China en su último Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Como explicó Paulina Garzón, de Latinoamérica Sustentable (LAS), en su último EPU realizado el 2018, China se comprometió con dos recomendaciones específicas presentadas por organizaciones de sociedad civil de Ecuador y Perú: promover medidas que garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructura, dentro y fuera del territorio chino, sean plenamente compatibles con los derechos humanos y respetuosos con el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales; y considerar la posibilidad de establecer un marco jurídico para garantizar que las actividades realizadas por las industrias sujetas a su jurisdicción no menoscaben los derechos humanos en el extranjero.

“Una particularidad en el caso chino es que la gran mayoría son empresas estatales, reguladas por el Ministerio de Comercio de China. Estas empresas no son solamente entes de negocios, cumplen un rol en la política exterior china, por ello pedimos que su intervención en los territorios sea una intervención responsable”, añadió Garzón.

Marco Gandarillas, también de LAS, dio detalles del informe “Derechos humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica” (disponible en este enlace), el mismo que analiza 26 proyectos con participación china (23 consorcios y al menos 6 bancos) que se desarrollan en los sectores de minería, electricidad, hidrocarburos, entre otros. “23 de los casos se ubican en ecosistemas frágiles, 14 de ellos en áreas protegidas y 13 en la Amazonía. La localización de los proyectos es una de las principales razones por las que encontramos problemas”, explicó.

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En cuanto a los derechos afectados, señaló que en 24 de los 26 casos se identificaron violaciones al derecho a vivir en un ambiente sano, en 18 hubo violaciones al derecho a la participación y consulta, especialmente a los pueblos indígenas, y en 10 casos hubo violaciones a derechos civiles y políticos fundamentales, incluyendo arrestos e incluso asesinato de manifestantes por parte de las fuerzas policiales nacionales.

“El Estado chino ha realizado esfuerzos insuficientes para cumplir los compromisos asumidos en el último EPU para garantizar los derechos humanos más allá de su territorio nacional”, concluyó Gandarillas, quien además señaló que uno de los retos principales en cuanto a los proyectos con inversión china es lograr hacerse escuchar por parte de los actores empresariales. “A la hora de responder a las demandas de las comunidades y de la sociedad civil, hay una falta de respuesta. Por eso recurrimos al EPU, qque es una de las pocas oportunidades para ser escuchados por los actores chinos. Esto nos ha permitido que se escuchen los casos y que China acepte que hay una responsabilidad y problemas con sus inversiones en el extranjero, y acepte recomendaciones que lamentablemente todavía no ha implementado”, agregó.

En el foro se presentaron en detalle cuatro casos en diferentes países de la región. El caso de las hidroeléctricas en el río Santa Cruz, en la Patagonia argentina, a cargo del China Gezhouba Group Company Limited, fue presentado por Guillermina French de la Fundación Ambiente y recursos naturales (FARN). Aquí se identifican impactos ambientales y culturales, como la pérdida de biodiversidad, incluyendo especies endémicas; la pérdida de patrimonio paleontológico; entre otros.  El caso de la Central Rucalhue, en el río Bío Bío en Chile, a cargo de la China International Water and Electric Corporation, fue presentado por Javier Arroyo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). Aquí se ha identificado la vulneración a la biodiversidad, tala de especies de árboles protegidas, irregularidades en proceso de evaluación ambiental, entre otros. Por su parte, Nataly Yepez, de la Alianza por los derechos humanos de Ecuador, expuso el caso del proyecto petrolero que lleva a cabo la empresa China National Petroleum Corporation dentro del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del mundo y hogar de dos pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Por último, Jaime Borda, de la Red Muqui de Perú, dio detalles del caso de Las Bambas, una de las minas de cobre más grandes del mundo, perada por la empresa MMG, en donde se ha evidenciado impactos por la carretera para el transporte minero, así como uso excesivo de la fuerza por la Policía, lo que ha llevado a muerte de manifestantes, decenas de heridos, así como arrestos arbitrarios y ciudadanos procesados judicialmente por su participación en las protestas.

China se ha convertido en uno de los mayores actores económicos en América Latina, siendo uno de los principales destinos de las exportaciones de la región, principalmente de productos primarios como minerales, petróleo y vegetales, así como una importante fuente de inversión extranjera directa. Por estas razones, se vuelve crucial establecer condiciones adecuadas para que esta inversión se realice respetando estándares de derechos humanos y cuidado del medio ambiente.

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