Empresa del megapuerto quiere criminalizar a defensores de Chancay

Cosco Shipping Ports, la empresa encargada de la construcción del Megapuerto de Chancay, ha presentado denuncias y querellas contra aquellas personas críticas al desarrollo de este proyecto. De momento, cinco ciudadanos han sido denunciados y querellados. Procesos que se suman a la larga lista de líderes sociales judicializados y criminalizados por ejercer su derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

Miriam Arce, presidenta de la Asociación en Defensa de las Viviendas y Medio Ambiente del Puerto de Chancay, ha sido una de las personas denunciadas. Según informó el portal El Foco, el conflicto comenzó en 2017 cuando Arce fue acusada ante la Fiscalía Corporativa Penal de Huaral por el delito contra el patrimonio por supuestamente romper una malla. Según la empresa, Arce causó un perjuicio de S/ 500 por la malla rota y US$ 27 560 por los trabajos de voladura que presuntamente se paralizaron con esta acción. La denuncia fue archivada en 2019 debido a contradicciones en la versión presentada por la empresa.

Desde 2016, Arce ha estado grabando las actividades de la megaobra en la zona, documentando explosiones cercanas a las viviendas de los residentes y expresando preocupación por el impacto en el medio ambiente. Arce continúa su labor de documentación y defensa de las comunidades afectadas, mientras sostiene que ha sido objeto de intentos de incriminación sin base real.

Judith Apolinar Melendez es comunicadora social de Chancay y también fue querellada por difamación por Cosco Shipping. Apolinar conduce un programa en Facebook desde el cual comenta distintos temas de Chancay y ha realizado coberturas de las marchas contra el megapuerto. En la demanda, en la cual acusan a Apolinar de atentar “contra la reputación, el honor y la buena conducta” de la empresa, fue presentada por los ex comandantes generales de la Marina, Carlos Tejada Mera y Gonzalo Ríos Polastri, quienes también son gerentes de Cosco Shipping Ports.

La demanda fue desestimada por el Segundo Juzgado Unipersonal de Huaral debido a que a que considera que los reportajes de Apolinar se basan en situaciones que se han dado en la calle o en información de documentos públicos. Sin embargo, el 15 de junio Apolinar recibió una nueva carta notarial de presuntos familiares de trabajadores del proyecto que la denuncian por difamarlos al afirmar que están a favor de la empresa.

Otro caso de ciudadanos denunciados es el de Gina Pérez y Carlos Romero, líderes de la Coordinadora en Defensa de los Intereses de Chancay durante 13 años. La denuncia se basa en sus afirmaciones en una entrevista radial, donde señalaron que el megapuerto transportaría minerales. Pérez afirma que Cosco Shipping Ports solicitó una pena de tres años de cárcel y una compensación de S/ 350 000. Sin embargo, la empresa finalmente retiró la demanda luego de que la defensa de Pérez argumentara que la declaración se basaba en declaraciones públicas de expresidentes de la República.

Finalmente, Gregory Paredes Saavedra, un capitán de la Marina retirado, ha sido objeto de una querella por difamación presentada por Cosco Shipping debido a sus críticas sobre el proyecto realizadas en su perfil de Facebook. Paredes cuestionó la aparente falta de construcción de las obras acordadas en el contrato.

Paredes tiene una sentencia suspendida de tres años de prisión y una reparación civil de S/ 100 000 desde enero de 2020, como resultado de una demanda también interpuesta por Ríos Polastri. El caso actualmente se encuentra en el Décimo Juzgado Constitucional debido a una petición de hábeas corpus presentada por Paredes.

Cosco Shipping Ports, en respuesta a las acusaciones, señaló en una carta firmada por su Gerente de Asuntos Públicos, Mario de las Casas Vizquerra, que sus acciones legales y cartas notariales siempre han sido en defensa de su honor y derechos legales como persona jurídica, y nunca con el propósito de intimidar o coaccionar. En cuanto al transporte de minerales, la empresa reafirmó que el proyecto del megapuerto no contempla el transporte a granel de concentrados de minerales. Destacaron que el proyecto y los estudios de ingeniería se han realizado cumpliendo con los acuerdos formales establecidos.

Según Alejandro Chirinos, director de CooperAcción, el proyecto ha tenido un origen irregular debido a que la licencia se dio durante la pandemia cuando había inmovilización social. El mecanismo de aprobación virtual que planteó SENACE no permitió una participación efectiva de la ciudadanía. Esto llevó a que no se tome en cuenta las necesidades de la población, la cual en un inicio tenía muchas expectativas respecto a puestos de trabajo. Sin embargo, el personal es mayoritariamente chino y los peruanos solo tienen acceso a puestos de trabajo precarios. Incluso se han reportado casos de abuso y acoso laboral.

Por otro lado, Chirinos señaló que el megapuerto también ha sido ampliado de manera irregular como resultado de la débil institucionalidad ambiental. Considera que la precaria situación para evaluar los impactos del proyecto, sumado a la influencia que ejercen los capitales chinos, ha generado un proceso de expulsión de la gente de su zona de vivienda. También se ha afectado seriamente la pesca artesanal. Esto genera impactos multidimensionales tanto en la salud y el medio ambiente. Además, hay un fuerte impacto social ya que el proyecto ha dividido a la población.

Toda esta situación ha instalado un conflicto de largo plazo que se está expresando en la estrategia Cosco Shipping Ports de amedrentar a los líderes y opositores del proyecto con demandas y querellas para desmovilizar a la población, consideró Chirinos. Cabe señalar que la mayoría de personas no se oponen al proyecto, su reclamo es que el proyecto se instale 5 kilómetros más al norte, donde no hay presencia de viviendas. Finalmente, Chirinos considera que la empresa ha aprovechado la crisis política que hay en el Perú para aprobar y ampliar el proyecto. Esto ha generado que haya una sensación de desamparo por parte de la población ya que perciben que el Estado no vela por los derechos de sus ciudadanos.

Cabe indicar que en el Perú existe una creciente tendencia de criminalización de defensores ambientales, y recientemente se han producido sentencias y detenciones que despiertan gran preocupación, como detallamos en esta nota: https://cooperaccion.org.pe/defensores-ambientales-bajo-amenaza/.

Jueves 06 de julio de 2023