El REINFO amenaza con quedarse más tiempo

El día de ayer, 18 de noviembre de 2025, durante la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, se discutió el predictamen que planteaba modificar el DL 1293, “Decreto Legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal”.

Este predictamen abarcaba cuatro proyectos de Ley: 11871/2024-CR, elaborado por las bancadas de Juntos por el Perú; 12727/2025-CR, elaborado por Podemos Perú; 12871/2025-CR, elaborado por el Bloque Magisterial; y 12973/2025-CR, elaborado por la Bancada Socialista.

Cada proyecto planteó, principalmente, la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO):

Asimismo, cada uno de ellos planteó medidas adicionales: como la reincorporación de registros excluidos del proceso de formalización minera, la apertura excepcional del REINFO y la suspensión de procesos de exclusión del registro.

A partir de dichos proyectos, se desarrolló el predictamen que propone lo siguiente:

1. Ampliar el plazo de vigencia del proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2027.
2. El desarrollo de un Censo Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE)
3. El sinceramiento de la ubicación real de las operaciones de los titulares en el proceso de formalización.
4. Se suspende la tramitación e inicio de procedimientos administrativos de exclusión del REINFO.
5. Reincorporación de las personas naturales o jurídicas que han sido excluidas del REINFO.

Dicho proyecto fue aprobado por mayoría en la comisión de Energía y Minas, con 17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Donde los votos fueron los siguientes:

Ahora, este proyecto se encuentra en manos del pleno del Congreso, dónde se discutirá, finalmente, si este cuestionado registro deberá prorrogarse.

Desde CooperAcción, ya se había previsto cómo iría el fin de este año, donde la agenda por ampliar el REINFO iba a ser impulsada fuertemente por las principales centrales y federaciones de mineros, como la CONFEMIN.

Lamentablemente, todo indica a que -nuevamente- se ampliará, y no existen cuestionamientos reales de la medida desde la mayoría parlamentaria, pese a que se ha visto a lo largo del tiempo que el proceso de formalización ha fallado ¿Vale la pena seguir “estirando” una política que realmente funciona como un mecanismo de impunidad, que no obtiene resultados y encima reintegrar a titulares que han sido excluidos? No existe una gobernanza seria frente al problema de la minería informal y mucho menos con la ilegal, donde parece que últimamente se entrelazan.