EDITORIAL – LOS PLANES DE GOBIERNO PARA EL SECTOR MINERO (ABRIL 2021)

Los planes de gobierno de Pedro Castillo y Keiko Fujimori, los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, tienen importantes diferencias con relación a los temas extractivos y mineros, pero al mismo tiempo tienen notorias similitudes. En términos generales, ambos partidos comparten una visión común del papel de los recursos naturales no renovables, los que son vistos como recursos que deben ser aprovechados para generar renta que permitirá impulsar el desarrollo económico; sin una lectura respecto de los límites ambientales y sociales a un modelo excesivamente dependiente de los sectores extractivistas. Sus diferencias tienen que ver, claramente, con el modelo económico y la manera en que se produce la apropiación y distribución de esa renta.

El fujimorismo habla de “generar inversiones y crecimiento económico”, pero no plantea ninguna modificación en cuanto a la distribución de la renta de los recursos naturales. Así, básicamente plantea mantener un modelo de explotación intensiva de recursos naturales bajo el mismo esquema de propiedad y de tributación.

El plan de Perú Libre, en tanto, apuesta por lo que denominan “extractivismo sostenible y responsable”, y plantean cambios profundos en los esquemas de propiedad, incluyendo la nacionalización de un conjunto de grandes proyectos mineros, de hidrocarburos y energéticos, así como en la tributación. Para ello toman como modelos los casos de Bolivia y Ecuador.

Cabe indicar que en declaraciones a la prensa, el candidato Pedro Castillo, de Perú Libre, ha señalado que no es lo mismo “nacionalizar” que “estatizar”, indicando que desde su perspectiva no se trata de que el Estado asuma necesariamente la propiedad de las empresas extractivas, sino de que el beneficio que éstas generan beneficie en primer lugar a la Nación.

Perú Libre plantea además una serie de exigencias para las empresas en relación al desarrollo local y regional, entre ellas la contratación de un 60% del personal de la región donde opera, transferencia tecnológica y que su domicilio fiscal se ubique en la sede productiva para contribuir a la descentralización fiscal y tributaria. Sobre estos aspectos, Fuerza Popular no tiene ningún planteamiento.

Cabría acotar que la idea de “extractivismo sostenible” es en sí misma contradictoria. El concepto de “extractivismo” se refiere a “un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo” (Gudynas, 2015). Así pues, no se refiere a cualquier tipo de extracción, sino a un modelo de desarrollo que es adicto a la explotación de recursos naturales para su exportación en el mercado internacional, con pocos impactos económicos y altos impactos ambientales en los territorios locales. En el caso de Bolivia, que Perú Libre toma como modelo, la crítica post-extractivista tiene que ver con que no se ha apostado por superar ese modelo, pues el presupuesto público sigue dependiendo ampliamente de la exportación de materia prima, más allá de que se haya avanzado en la recuperación de la renta de los recursos naturales. Sin embargo, una cosa es “extractivismo” y otra cosa es “extracción”, y confundirlos es tan pueril como confundir “alcoholismo” con “alcohol”. La crítica post-extractivista plantea un modelo de satisfacción de las necesidades sociales que contemple la extracción necesaria de recursos naturales, dentro de los límites de la naturaleza, y que esté guiada precisamente por las necesidades sociales y no por la demanda del mercado capitalista internacional.

En cuanto a la institucionalidad ambiental, ambos partidos prometen un cumplimiento “estricto”, “efectivo” e “independiente” de la normativa ambiental referida a los proyectos de explotación de recursos naturales, así como “fortalecer” a las autoridades ambientales. Sin embargo, ninguno es específico sobre el cómo: no se discute cómo fortalecer la autoridad ambiental, no se menciona ni al OEFA ni al SENACE, no se plantea ningún tipo de cambio a los Estudios de Impacto Ambiental.

En el caso de Fuerza Popular, más aún, preocupa que se recurra al discurso de “simplificar” y “revisar” los trámites en estos sectores, haciendo eco de la falsa idea de los sectores empresariales de que hay demasiados trámites ambientales que serían una traba para la inversión.

Por otro lado, el fujimorismo se acerca a la idea de transversalizar el enfoque ambiental, al proponer integrar la política nacional ambiental con las políticas de desarrollo social y económico del país, así como incorporar en las cuentas nacionales la valoración de los recursos naturales y ambientales, la degradación ambiental y la internalización de los costos ambientales. Sobre estos temas, Perú Libre no tiene ningún planteamiento.

Por otro lado, los planteamientos de Perú Libre en lo que se refieren a los derechos territoriales de las comunidades y pueblos indígenas implican cambios importantes: que la consulta previa tenga carácter vinculante y con poder de veto; que se reconozca constitucionalmente los derechos de las comunidades sobre los recursos del subsuelo, y no únicamente sobre la superficie; y que las comunidades puedan participar como accionistas de la explotación de estos recursos. De hecho, en declaraciones a la prensa el candidato Castillo ha indicado que proyectos rechazados por la población local, como Conga y Tía María, son inviables, y el propio plan de gobierno cuestiona la imposición violenta de proyectos extractivos.

Un aspecto en el que ambos planes coinciden es en cambiar el enfoque frente a la minería ilegal. Perú Libre se refiere a la “mal llamada minería ilegal”, la misma que “debe ser formalizada” y “con ello reducir el daño ecológico generado por esta situación jurídica, recaudar mejores impuestos, evitar la trata de personas y el contrabando”. Fuerza Popular, de manera coincidente, señala que “respecto a la pequeña minería y minería artesanal, el Estado no ha sido lo suficientemente diligente para lograr su óptima formalidad”, planteando reformular la legislación y actualizar los procedimientos administrativos, “haciendo énfasis en una necesaria diferenciación por las zonas de operación”.

En ambos casos, pues, se hace un guiño a los pequeños mineros, dando a entender que se dará fin al enfoque punitivista contra la minería ilegal y buscando facilitar la formalización, como un mecanismo para permitir el crecimiento de esta actividad. En el caso de Fujimori, no sorprende: basta recordar la alianza implícita establecida con empresarios vinculados a la minería ilegal en Madre de Dios en las elecciones pasadas.

Preocupa que se pretenda promover la minería “pequeña” -que muchas veces involucra grandes capitales e inversión en maquinaria e insumos a nivel industrial- sin explicar de manera clara cómo se va a controlar los grandes impactos ambientales que esta tiene en regiones como Madre de Dios, Puno o Cusco, y que está ingresando cada vez con más impunidad a regiones como Amazonas, desde donde recibimos continuamente denuncias de las comunidades awajún y wampis.

Finalmente, un vacío notable -y a estas alturas incomprensible- es el cambio climático, el mayor desafío existencial que enfrenta la humanidad en este siglo.

En el caso de Fuerza Popular, la única referencia al cambio climático se encuentra en la sección referida a política exterior, donde se explica que para enfrentar este desafío se apuesta por el multilateralismo. Además, se promete “reducir, conforme a nuestras capacidades, el impacto ambiental de la actividad económica y preparar al país para estar en condiciones de hacer frente a los desafíos presentes y futuros que el calentamiento global trae consigo”. Sin embargo, de esta declaración no se deriva ninguna consecuencia concreta en cuanto a las políticas nacionales, ninguna medida o propuesta para la adaptación al cambio climático o para la mitigación de sus causas, es decir, para la reducción de emisiones contaminantes y de la deforestación.

En el caso de Perú Libre, el tema se encuentra aún más ausente. La única mención explícita al cambio climático se encuentra en una sección dedicada a criticar a las ONG “que se presentan, por ejemplo, como defensores de la naturaleza, cuando en sus países de origen sustentan el sistema más inhumano que está causando el calentamiento global”. Otra mención indirecta al cambio climático señala que “Los países suramericanos no somos grandes contaminadores, somos contaminadores marginales, pero para filosofía del ecologismo neocolonial nuestros países lo son”. Esta última frase parece apuntar al discurso que señala que la culpa del cambio climático es de los países más ricos. Si bien históricamente esto es cierto, y por ello los acuerdos internacionales sobre el tema parten del principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, justamente la parte referida a las “responsabilidades comunes” es la que parece ausente del plan de la candidatura de izquierda.  Este plan no incluye ninguna medida de mitigación, así como tampoco se refiere a la adaptación.

Es decir, en ambos casos, la emergencia climática es principalmente vista como un asunto internacional, y no se asume como una realidad que debe guiar la planificación de las propias políticas y prioridades nacionales, en particular en lo que se refiere a actividades que pueden tener importantes impactos en la calidad y cantidad de fuentes de agua, como es el caso de la minería.