Cuando la desregulación mata: las causas detrás del colapso en Trujillo

Seis personas fallecidas y más de 80 heridas: es el saldo, hasta el momento, del colapso del techo de un centro comercial en Trujillo hace pocos días. ¿Cómo se llegó a esta trágica situación? ¿Quién es el responsable? El análisis de los especialistas participantes en el programa La Hora Verde de esta semana apunta a la responsabilidad de políticos y empresarios que buscan reducir cada vez más las regulaciones y fiscalizaciones a las empresas con la excusa de “promover las inversiones” y “acabar con la tramitología”. En suma, que ponen el negocio y las ganancias por encima de la seguridad y la vida.

Crisólogo Cáceres, abogado y presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), señaló que esta tragedia evidencia el debilitamiento de la regulación y la falta de controles efectivos. Explicó que, en los últimos años, se ha promovido una agenda de desregulación impulsada desde el Congreso y el Ejecutivo, lo que ha flexibilizado normas clave como las inspecciones de seguridad y los requisitos para certificaciones estructurales. En este sentido, Cáceres señaló que la congresista Adriana Tudela ha presentado proyectos para reducir aún más los controles, como la eliminación de plazos para la vigencia de las certificaciones de seguridad. “Normas como estas ponen en riesgo a la ciudadanía y benefician solo a quienes buscan maximizar ganancias sin asumir su responsabilidad”, advirtió.

Por su parte, el ingeniero civil Enrique Millones explicó que toda infraestructura debe diseñarse tomando en cuenta las características del entorno, algo que en el Perú muchas veces no sucede. Señaló que el país enfrenta fenómenos climáticos extremos y que cualquier obra debería considerar esos factores desde la fase de planificación. “No se puede construir de espaldas a la naturaleza. Si el diseño no contempla lluvias intensas, vientos o actividad sísmica, estamos creando un desastre anunciado”, advirtió. Millones también subrayó que las evaluaciones de impacto ambiental deben aplicarse rigurosamente en todas las construcciones de gran magnitud, pues permiten prever riesgos y definir medidas de prevención.

Ana Leyva, abogada e investigadora de CooperAcción, destacó que en los últimos años se ha debilitado la normativa que exigía estudios de impacto ambiental para edificaciones como centros comerciales, lo que ha generado un vacío en la planificación y fiscalización de estos espacios. Explicó que la ley que eliminó estos requisitos en 2014 dejó a las edificaciones comerciales exentas de presentar evaluaciones ambientales, lo que impide que se identifiquen riesgos antes de que ocurran tragedias. Además, criticó la tendencia a desregular sectores estratégicos bajo el argumento de reducir la burocracia, lo que ha llevado a un Estado cada vez más débil en materia de supervisión y control. Al igual que Cáceres, Leyva mencionó a la congresista Tudela y otros legisladores que han promovido iniciativas para reducir las exigencias ambientales y de seguridad en favor de los intereses privados. “No se trata de poner trabas a la inversión, sino de garantizar que esta se haga de manera segura y responsable. La protección ambiental y la seguridad ciudadana no son barreras burocráticas, son derechos fundamentales”, enfatizó.

Los panelistas coincidieron en la necesidad de fortalecer la institucionalidad y reformar la normativa para evitar que este tipo de tragedias se repitan. Cáceres enfatizó que las empresas deben asumir su responsabilidad sin excusas y cumplir con estándares más estrictos de seguridad y supervisión. Millones subrayó la importancia de diseñar infraestructuras que trabajen con la naturaleza y no en su contra, recomendando implementar metodologías de evaluación ambiental más rigurosas. Leyva concluyó con un llamado a la ciudadanía a exigir regulaciones que prioricen la vida y la seguridad sobre los intereses económicos de corto plazo, así como a fortalecer la supervisión para evitar que se sigan repitiendo desastres evitables.

El programa La Hora Verde dejó en claro que la desregulación y la falta de supervisión han generado un entorno de alto riesgo para la población. Fortalecer la fiscalización, exigir estudios de impacto ambiental y garantizar que las normativas sean efectivas son pasos urgentes para evitar nuevas tragedias.

Si deseas ver el programa completo, ingresa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=967K08aAo0I