Loreto: Denuncian criminalización contra indígenas Kukamas por exigir remediación ambiental

La Fiscalía de crimen organizado ordenó 24 meses de prisión preventiva contra dos comuneros kukamas acusados de pertenecer a una organización criminal vinculada a realizar cortes en el Oleoducto Norperuano. La defensa legal señala que se trató de una resolución arbitraria y sin argumentos, por lo que apelarán.

Desde la detención preliminar hasta las audiencias, las organizaciones indígenas de Loreto han denunciado una clara vulneración a los derechos colectivos de pueblos originarios. Desconociendo sus formas de relacionamiento comunitario, un trato diferenciado, e incumpliendo el debido proceso. 

En el programa “La hora verde” del 19 de octubre, se abordó el tema con 2 especialistas. Mario Zuñiga, especialista de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios -Puinamudt, señaló que no se han encontrado o visto pruebas contundentes en el proceso que se está llevando contra 2 Apus.

“Las pruebas del fiscal no tienen ningún asidero. Hay una posición racista y falsa de los hechos que están aconteciendo. En esta zona han ocurrido más de 111 derrames hasta el 2021, y sus principales causas han sido operativas, como la corrosión, y Petroperú es la principal responsable de esto” señaló Zuñiga.

También comentó que, junto a la comunidad de San Pedro, con la que trabaja Puinamudt, se han realizado varias denuncias al Estado por la falta de atención por los derrames. Esta comunidad forma parte de procesos judiciales que le han ganado al Estado peruano en temas de salud, porque los procesos de remediación no se han dado de manera adecuada.

María Elena Foronda, ex congresista, comentó que cuando formaron la comisión multipartidaria sobre el tema de derrames, se llegó a evidenciar que no había una sola prueba de la fiscalía que estableciera la culpabilidad de los indígenas en el corte de las tuberías del oleoducto.

“Nosotros fuimos a la fiscalía de prevención del delito y no encontramos ninguna prueba. Desde la percepción de los pueblos indígenas, que no tienen agua potable ni servicios básicos, dependen de los ríos y la pesca. Es un contrasentido que ellos iban a depredar su propio medio de vida”, comentó la ex congresista.

Foronda recordó que se hizo una denuncia a nivel penal contra funcionarios de Petroperú que, una vez ocurrido estos siniestros, inmediatamente formaban empresas de remediación, que no tenían ni 2 años de experiencia. Y curiosamente, eran formadas por ex trabajadores de Petroperú. En ese momento, la comisión exigió una investigación judicial sobre el caso.

Detención arbitraria

Como se recuerda, la madrugada del pasado 04 de octubre, la Policía Nacional del Perú detuvo de forma arbitraria y con uso excesivo de la fuerza a cinco indígenas kukamas de la comunidad de San Pedro de Urarinas, Loreto. 

Identificados como Jinner Panduro Castillo, apu de la comunidad nativa, y otros cuatro miembros de su familia, Geiner Panduro Castillo, Luis Panduro Castillo, Norvil Panduro Castillo y Jimmy Panduro. 

Tras una serie de audiencias de prisión preventiva, fueron liberados y quedando aún en proceso Jinner Panduro, apu de la comunidad  y Jimmy Panduro, secretario a quiénes la Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra ellos. 

Criminalización por pedir remediación 

Sin embargo, la defensa legal de los comuneros kukamas, Dorian Choque señaló para el Vigilante Amazónico que la Fiscalía ha tenido un trato diferenciado, pues en esta supuesta organización criminal también se encuentran involucrados trabajadores vinculados a Petroperú, a quiénes solo se les ha dado comparecencia simple y ni siquiera se les ha pedido prisión preventiva. 

“La Fiscalía tiene una estructura de 3 niveles, en la parte alta se investiga a los líderes de las organizaciones, en la intermedia sería a gerentes y trabajadores relacionados a Petroperú, y contra ellos no se ha pedido la prisión preventiva, se los ha liberado. Y los que están en parte baja que sería el apu Jinner y sus familiares son para quienes piden prisión preventiva. Esto es muy extraño y no es regular”, acotó Choque. 

Otra observación, es las faltas de pruebas concisas contra los comuneros kukamas, ya que son testigos protegidos los que han acusado. Para el abogado Dorian Choque esto es peligroso “porque con este antecedente a cualquier persona se le podría involucrar de pertenecer a una organización criminal”.

“Los testigos dicen que el apu Jinner era el encargado de coordinar y conseguir las herramientas como un taladro y una sierra de manos. Pero el corte es de 20 centímetros con un diámetro más grueso que de la de una sierra de mano. Y hablamos de un ducto de acero, para ello se necesitaría una máquina y herramientas eléctricas especiales. Sin embargo, la Fiscalía no ha establecido que un ducto se pueda cortar con una sierra de mano. Con ello habría una imposibilidad de hecho delictivo”, argumenta. 

La Fiscalía viene guiándose por los testimonios de estos testigos no corroborados, quienes también acusan a los apus de ser quiénes direccionan las licitaciones. Dorian Choque menciona que los comuneros kukamas no tienen esa fuerza, ya que finalmente es Petroperú quien desde su departamento de relaciones comunitarias hace la elección. 

Respecto a las empresas comunales, estas son creadas con el fin de que se invierta dinero en la comunidad, porque existe experiencia de empresas de fuera que toman servicios de la comunidad y se van sin pagarles. Como parte de esta investigación, los testigos hicieron referencia a una empresa comunitaria de nombre Otorongo, la cual señala la defensa legal nunca se ha beneficiado de ninguna comunidad de San Pedro.

A ello se suma, que es el apu Jinner, así como toda su familia quienes han hecho muchas veces pedidos de información a Petroperú para conocer e informar la existencia de derrames. Y además que en sus actas de asamblea son ellos quiénes avisan si se necesita que se atienda rápido un derrame porque esto les ocasiona una afectación directa a su forma de vida.

“Por exigir remediación se les está criminalizando, si tu quieres que la empresa trabaje para remediar, eso es un delito para la Fiscalía. Esto claramente tiene una connotación de criminalizar a los que defienden derechos”, puntualizó el abogado Dorian Choque. 

#Ahora 3er día de Audiencia tras injusto pedido de 36 meses de prisión preventiva para dos hermanos kukamas, hecho por el de Ministerio Público. #Alerta ¡El Estado la #criminalización de las comunidades indígenas! #KukamasLibertad pic.twitter.com/bxgJGAzkUc

— Cuatro Cuencas (@4cuencas) October 18, 2023

Desde el inicio de este caso se ha tenido un sesgo marcado de criminalización, y un trato diferenciado. Ellos fueron amenazados y ahora con este intento de prisión preventiva se pretende desconocer sus derechos como pueblos indígenas y sus formas de relacionamiento comunitario. 

“El apu de la comunidad San Pedro ha señalado que el fiscal Zamora, saliendo de todo ámbito de respeto de derecho, le dijo: ‘tú eres el responsable, tú eres quien ha cortado, te voy a mandar 35 años a la cárcel, te vas a ir a Challapalca’. Un fiscal no puede amenazar, es un atropello”, denunció Dorian Choque