Defensores de Cotabambas condenados sin fundamentos, ¿justicia o persecución?

Los 11 defensores de Cotabambas continúan apelando la sentencia de primera instancia, que los condenó a penas de entre 8 y 9 años de privación de libertad. Además, se les impuso una reparación civil de 50 mil soles al Estado peruano y 88,600 dólares a la empresa minera Las Bambas.

Desarrollo del proceso judicial

La primera audiencia de apelación se llevó a cabo el 19 de marzo de manera presencial ante los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. En esta sesión participaron observadores nacionales e internacionales de derechos humanos de manera virtual, con el objetivo de garantizar un proceso justo y transparente. Los 11 defensores se presentaron junto a sus tres abogados. Durante la audiencia, la empresa minera Las Bambas solicitó el pago de la reparación civil bajo el concepto de «monto solidario». Por su parte, la Fiscalía y la Procuraduría Pública pidieron un incremento del monto de la reparación civil a 200 mil soles.

La segunda audiencia, realizada el 31 de marzo, también contó con la presencia de los 11 defensores y sus abogados. En esta sesión, la defensa argumentó que no existen pruebas que sustenten la autoría mediata de los acusados. Según los abogados, el único medio probatorio presentado por la Fiscalía es la participación de los acusados en una reunión el 12 de septiembre, lo cual, afirman, no es suficiente para una condena. También destacaron que las pruebas documentales y periciales se refieren a hechos posteriores a las manifestaciones y que la imputación de responsabilidad contra los defensores es excesiva. Asimismo, insistieron en que ningún medio probatorio acredita la autoría mediata y solicitaron la revocatoria de la sentencia.

Por otro lado, los magistrados señalaron que la Procuraduría Pública solo mencionó el concepto teórico de autoría mediata sin justificar adecuadamente la responsabilidad de los acusados. Además, indicaron que la duración de la condena no está debidamente sustentada.

El abogado de los acusados denunció que la Fiscalía basa la condena en la autoría mediata, pero su única prueba clave es el acta del 12 de septiembre, en la que se conformó un comité de lucha. Según la defensa, este documento no demuestra responsabilidad directa en los daños, sino que solo expresa exigencias y reclamos. Además, criticó la falta de rigurosidad en la recolección y análisis de pruebas por parte de la Fiscalía de Challhuahuacho desde el inicio del proceso.

Otro de los abogados de los acusados solicitó que el Poder Judicial y los magistrados no avalen estos errores del Ministerio Público.

Expectativas y movilización social

Mientras tanto, las organizaciones sociales de la provincia de Cotabambas se están organizando para continuar apoyando a los 11 defensores. Este fin de semana han anunciado movilizaciones en distintas localidades, incluyendo los distritos de Challhuahuacho, Haquira, Mara y Tambobamba, en la región de Apurímac. Por otro lado, los 11 defensores y sus abogados esperan contar con más observadores internacionales de derechos humanos en la próxima audiencia para garantizar un juicio justo y lograr su absolución de toda responsabilidad.