Cuestionan medida de Estado de Emergencia

El día 5 de febrero se publicó en el Diario el Peruano el Decreto Supremo N°18-2023-PCM, en donde se oficializó el Estado de Emergencia en la regiones de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, además de la región amazónica de Madre de Dios. Esta medida se aplicará durante 60 días calendario.

En el Decreto Supremo se establece que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. También se ha aplicado el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución en lo referido a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

En el caso de la región de Puno, el control del orden interno se encuentra a cargo de las Fuerzas Armadas, en conjunto con la Policía Nacional del Perú. Además, se ha decretado la inmovilización social obligatoria desde las 20:00 a las 04:00 horas. El personal estrictamente necesario que trabaja en  servicios de salud, abastecimiento de alimentos y productos farmacéuticos, energía eléctrica, entre otros quedan exceptuados de esta medida, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cabe señalar que los ciudadanos puneños si podrán hacer uso de las vías públicas para abastecerse de alimentos, comprar medicamentos o acudir a los servicios de salud si requieren atención médica urgente.

Esta sería la tercera vez que la mandataria Dina Boluarte recurre a aplicar la medida de Estado de Emergencia en lo que va de su gobierno, lo que demuestra que su gestión ha priorizado el uso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para intentar manejar la crisis política y social que se vive en el país.

Por otro lado, las manifestaciones, protestas, paros indefinidos se han seguido realizando de manera continuada. En este contexto han fallecido un total de 58 personas. En relación a los bloqueos de carreteras, según la última información de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), se registra 61 puntos con tránsito interrumpido en 5 regiones involucradas y 13 vías nacionales afectadas.

En la región de Madre de Dios y en algunas provincias de Arequipa, Cusco y Puno se ha dado una situación de desabastecimiento de alimentos, combustibles y gas como consecuencia de los bloqueos. Adicionalmente, en el corredor minero del sur, se han paralizado las actividades de las empresas mineras como MMG Las Bambas.

El gobernador regional de Puno, Richard Hancco, afirmó que esta medida le parece excesiva. “Esperamos que no hayan consecuencias cuando empiecen a actuar los miembros del Ejército. No quiero ser alarmista. Sin embargo, a nivel jurídico me parece desproporcionado”, declaró. Hasta la fecha no se han reportado actos de violencia que pudieran afectar el orden público, en esa ciudad. Hancco también señaló que el gobierno central en lugar de tender puentes de diálogo con la población se aleja de ellos con sus acciones y decisiones.

Por su parte, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, considera que la medida es arbitraria y sería un acto de provocación debido a que, según ella, las protestas en su región se han dado de forma pacífica. «Hasta la fecha podemos decir claramente que no ha habido ningún acto de violencia que pueda conllevar a esta medida que ha tomado el Ejecutivo con la declaratoria del estado de emergencia», afirmó.

Además, la gobernadora regional señaló que representantes de diferentes gremios también están en contra del Estado de Emergencia debido a que consideran que esta medida responde a salvaguardar los intereses de las grandes empresas como en el caso de las mineras. En este sentido Gutiérrez afirmó que “hemos visto en otras regiones el despliegue que se ha dado tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional para resguardar las empresas mineras. Consideramos que la prioridad del Estado, más allá de proteger a la empresa privada, es proteger a los ciudadanos».

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sacó un pronunciamiento en el cual se afirma que la Fuerzas Armadas no están preparadas para el control del orden interno y que esta medida representa un grave riesgo para los pobladores de la región Puno, además de un retroceso en nuestra democracia. También se remarca que si se producen violaciones de derechos humanos, los responsables serían Dina Boluarte, Alberto Otárola y el Ministro de Defensa Jorge Chávez, por lo cual se pide que se levante esta medida antidemocrática.

Esteban Macce, abogado de CooperAcción en el sur andino, señala que pese a que la Constitución política del Perú establece que los Estado de Emergencia son, en principio, regímenes de excepción, esta medida se ha vuelto en los últimos años la regla y no la excepción. Además, ha sido utilizada como una herramienta orientada a reprimir las protestas sociales. En este sentido, esta situación también se está dando en el régimen de Dina Boluarte ya que el Estado de Emergencia ha sido declarado en 7 departamentos del Perú cuya característica en común son las protestas sociales contra su gobierno.

Finalmente, Macce señala que con el Estado de Emergencia se busca que la población organizada no se reúnan o salgan a protestar, justifican las detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la PNP y refuerza el discurso del terruqueo en contra de la población que en su justo reclamo exige la salida de la presidente Dina Boluarte. A pesar de esto, Macce considera que las medidas tomadas por el ejecutivo y el legislativo no hacen otra cosa que incitar a la población a continuar con sus medidas de lucha, pues hacen de oído sordo y se aferran al poder y buscan gobernabilidad a través de la vulneración de los derechos humanos.

08 de febrero de 2023