Corte Interamericana escucha a las víctimas por contaminación de la Oroya

Este 12 y 13 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) escuchará en audiencia pública el caso de la comunidad de La Oroya contra el Estado peruano por no cumplir su obligación de fiscalizar al complejo metalúrgico de la empresa Doe Run, permitiendo que generara altos niveles de contaminación y exposición a metales pesados durante décadas, lo que representó una vulneración a los derechos humanos para la población de La Oroya. La audiencia se realiza en el marco del 153 periodo de sesiones de la corte, que tendrá lugar del 10 al 21 de octubre en Montevideo, Uruguay.

Cabe recordar que en octubre del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso ante la Corte IDH después de concluir que el Estado peruano es responsable por la violación de los derechos a la vida digna, integridad personal, garantías judiciales, acceso a la información en materia ambiental, derechos de la niñez, participación pública, protección judicial, salud y medio ambiente sano, previstos respectivamente en los artículos 4.1, 5.1, 8.1, 13.1, 19, 23.1.a, 25.1, 25.2 c. y 26 de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 y 2.

Durante la audiencia, los jueces y las juezas de la corte escucharon a testigos, peritos, víctimas y representantes del Estado. Las organizaciones que acompañan y representan legalmente a las víctimas desde el inicio del caso es la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) quienes llevarán a la corte los alegatos afianzados en evidencia legal y científica recabada durante cerca de dos décadas.

Los demandantes argumentan que el Estado peruano no sólo incumplió su obligación de fiscalizar a la empresa, sino que tampoco garantizó al acceso a la información de los habitantes sobre decisiones que les afectarían, ni investigó las amenazas y hostigamientos en su contra.

En este sentido, Rosa Amaro de 74 años, quien residió en La Oroya hasta el año 2017, atestiguó como dejaron de crecer plantas en la localidad, los cerros estaban “pelados”, además de que los pobladores, sobre todo niños, sufrían ardor en los ojos y garganta, dolor de cabeza y dificultades para respirar. También relató que sufrió dos abortos producto de la contaminación y uno de sus hijos nació con sordera. Al realizar estudios de salud a sus hijos, se reveló que tenían altos niveles de plomo en la sangre.  

Amaro, que presidió el Movimiento por la Salud de La Oroya, contó entre lágrimas que se vio obligada a dejar su pueblo debido a que tanto ella como su familia sufría amenazas de muertes por parte de las familias de los trabajadores de la mina, quienes consideraban que su organización iban en contra de su fuente de trabajo. Ella afirmó que el Estado fue “como un padre que nunca nos dio la cara”, ya que a pesar de los estudios que demostraban los efectos de la contaminación nunca realizaron acciones concretas para solucionar esta situación.

Por su parte, Yolanda Zurita, pobladora que radica en La Oroya y activista en la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos describe un panorama similar al presentado por Rosa Amaro en relación a la afectación a la naturaleza y a la salud. Señala además que nunca recibió información sobre los efectos de la contaminación por lo cual llegó a normalizar este contexto. Ella también contó que sufrió de acoso y amenazas por parte de los trabajadores de La Oroya, quienes la declararon persona no grata de la comunidad por hablar sobre la contaminación y las consecuencias en la salud de las personas. Finalmente, Zurita pidió a la Corte IDH que estén pendientes porque tiene miedo que atenten contra ella y su familia por participar en la audiencia.

Doe Run Perú, propiedad del estadounidense grupo Renco y que operaba el complejo metalúrgico en La Oroya desde 1997, se declaró en bancarrota en 2009 y tras un largo proceso fue cedida en julio pasado a sus trabajadores. Actualmente el complejo no está operativo, pero los 1.305 mineros acreedores de Doe Run pidieron al gobierno reactivarlo este 2022.