BOLETIN: NOTICIAS (ACTUALIDAD MINERA – setiembre 2021)

Reunión en Chumbivilcas no llega a acuerdos

Tras una segunda reunión con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros, las comunidades de la provincia cusqueña de Chumbivilcas se reafirmaron en mantener el bloqueo en el Corredor Minero Del Sur, debido a que el gobierno no atiende sus demandas. Mientras dure el bloqueo, anunciaron un pase humanitario para que los trabajadores mineros puedan regresar a sus domicilios al salir del campamento.

La reunión con el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas (FUDICH), se realizó el 22 de septiembre, desde las 10 de la mañana, en la comunidad de Cancahuani. Luego, el sábado 25 de septiembre se programó una reunión en la comunidad de Huininquiricon representantes de la empresa minera MMG Las Bambasy funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, para abordar el pedido de las comunidades para que se conviertan en proveedoras de bienes y servicios. En esta reunión tampoco se llegó a acuerdos.

Según reportan medios de comunicación locales, los dirigentes comunales tenían la expectativa de recibir propuestas concretas para continuar trabajando la agenda de los subgrupos de trabajo instalados semanas atrás.

Cabe señalar, que desde la noche del viernes 10 de setiembre, las comunidades mantienen bloqueada la vía del corredor minero, en los tramos de la comunidad de HuayllaHuaylla, en el distrito de Livitaca y también se han sumado Tincurca, HatunQollana, IdiopaÑaupaJapoUrinsaya, entre otras.

Desde que se rompió la mesa de diálogo, las comunidades exigen el cambio de funcionarios acreditados por la empresa minera ante el subgrupo de trabajo que se encarga de abordar el pedido de las comunidades de convertirse en proveedores de bienes y servicios e integrar a la cadena de valor de la empresa minera MMG Las Bambas.

 

Comunidades de Espinar suspenden protesta por visita de funcionarios del Ejecutivo

 

Las protestas que habían anunciadolas comunidades de la provincia cusqueña de Espinar -afectadas por el proyecto minero Antapaccay-Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco-, fueron postergadas debido a que se retomó el diálogo con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros.

A través del oficio Nº D000425 – 2021 – PCM – SSGD, dirigido a Flavio HuanqueCcapa (representante de 11 comunidades de la provincia), el gobierno anunció la visita de una comisión de funcionarios para el 04 de setiembre, además de la visita del PCM Guido Bellido. Debido a la respuesta, las comunidades tomaron la decisión de suspender las medidas de lucha acordadas previamente.

El documento en mención está firmado por Luis Enrique Ore Ibarra, subsecretario de Gestión de Diálogo, y también está dirigido a las autoridades municipales de los distritos de Pallpata, Pichigua, Alto Pichigua, Ocoruro y Condoroma.

Cabe recordar que el pasado 20 de agosto, un grupo de dirigentes de esta provincia cusqueña, viajaron a la capital para reunirse con funcionarios de la PCM y otras carteras ministeriales. En ese encuentro, acordaron que se cumpla con un verdadero proceso de consulta previa respecto al proyecto Coroccohuayco; que el Estado implemente el Fondo de Emergencia Social; que se ponga en marcha el Plan de Reparaciones por los daños causados por las operaciones mineras y un programa de reactivación económica en beneficio de las comunidades. Finalmente, plantearon la creación del canon comunal para garantizar que esos recursos lleguen a las comunidades.

Cabe señalar que desde noviembre de 2019, el Ministerio de Energía y Minas viene implementando la consulta previa en 11 de las 13 comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto minero Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco.

Sin embargo, las comunidades y especialistas han señalado que lo que se viene consultando es la autorización del inicio de operaciones, que es un acto formal y tardío y no se está sometiendo a consulta la Modificatoria del Estudio de Impacto de Ambiental (MEIA)

Las comunidades originarias que vienen participando de este proceso son Alto Huarca, HuanoHuano, Alto Huancané, Huancané Bajo, TintayaMarquiri, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, HuisaCollana, Huisa y Anta Ccollana.

Por su parte, las comunidades de HuiniCoroccohuayco y Pacopata, que se encuentran en el área de influencia directa, han enfocado sus reclamos en que se les consulte la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA).

Ante este hecho, en el 2019 los presidentes de las comunidades originarias de HuiniCoroccohuayco y Pacopata, han interpuesto una demanda de amparo contra el SENACE por omisión de consulta previa a la modificatoria del estudio de impacto ambiental.

Realizan masiva movilización en contra de la actividad minera en Huamachuco

 

Comunidades campesinas del distrito de Huamachuco, de la provincia de Sanchez Carrión, región La Libertad, fueron convocados por la Coordinadora de la Asociación de las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento – JAAS, para realizar una protesta masiva el último miércoles 15 de septiembre en contra de la actividad minera.

Los manifestantes denuncian que hace pocos días se hizo oficial el permiso para exploración minera en los caseríos de Paranshique, Quinta Alta, Molino Grande, ubicados a los alrededores del cerro Huaylillas, en cuyas faldas se encuentra la laguna de Cushuro, principal fuente de recursos hídricos de las comunidades.

La consigna de la protesta, en la cual también participaron organizaciones de sociedad civil, fue la defensa del agua y del medio ambiente. A todo esto se suman los pedidos para que el Estado intervenga activamente en contra de la minería ilegal, que en los últimos años ha ganado mayor presencia en esos territorios. Esta actividad ya está afectando al Río Grande.

A través de un pronunciamiento, denunciaron que algunas autoridades y dirigentes de la comunidad de Paranquishe han dado los permisos a la cuestionada empresa minera Los Andes Perú, que a su vez, trabajaría para Summa Gold, empresa que ya está explotando en el Cerro el Toro. Toda esta actividad se realiza sin tener en cuenta la licencia social de más de 20 mil familias que se verían afectadas por la contaminación de minera.

‘Es la primera vez que se ha visto a miles de ciudadanos ponerse de pie para alzar su voz de protesta marcando así un punto de quiebre ante el avance de la minería destructiva.’ refirió para el Observatorio de Conflictos Mineros, Maritza Monzón, integrante de ‘Voluntarios por la Conservación’, organización que ha participado activamente en la protesta de ayer.

Cabe señalar que la Defensoría del Pueblo, en su último reporte sobre conflictos sociales en el Perú, advierte sobre una latente conflictividad en esta zona norte del país y que durante el 2021 se han registrado diversas protestas para exigir que el Estado intervenga para evitar la contaminación ambiental de sus ríos.

Más sobre la minería ilegal en La Libertad

 

Inspectores de la Gerencia Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos de la región Libertad llegaron esta semana al Cerro El Toro, en Huamachuco, para realizar una inspección inopinada a campamentos mineros ilegales que siguen  expandiéndosepeligrosamente en esta parte de la provincia de Sánchez Carrión.

En la diligencia participaron el Ministerio Público y miembros de la Policía Nacional constatando los estragos contra el medio ambiente que ocasionan estas labores mineras en la zona.

Durante la inspección se registraron tres pozas abiertas con geomembrana de 5×20 metros con agua estancada, montículos de mineral con una altura de 3 metros, así como 15 pozos de procesamiento operativo y dos socavones.  También se ubicó una bocamina cuya entrada estaba con rejas de fierro. Además, se pudo observar un campamento con ocho ranchos de material rústico, dos chancadoras de mineral, dos carritos utilizados para la extracción del mineral aurífero y seis carretillas.

En otra área, las autoridades hallaron un profundo socavón y a su costado una chancadora de mineral, otro carro para extraer el mineral, dos carretillas. Además, 19 pozas de procesamiento de mineral y 100 sacos que contenían mineral.  En otra labor, se halló un pad de lixiviación de 80 x 40 metros con un sistema de riego por goteo.

Esta es una de las zonas de mayor presencia de minería ilegal en la región, una actividad que genera gran contaminación, violencia y graves problemas sociales.

Reportan heridos en protesta contra empresa minera en Morococha

 

El pasado 8 de septiembre, el Sindicato Único de Trabajadores de la Compañía Minera Argentum-Morococha, reportó a 8 obreros heridos por impactos de bala y perdigón y también la detención arbitraria de Rolando Laura Mucha. Todo esto ocurrió en el contexto de una protesta en contra de la empresa minera Argentum-Morococha, que opera en Huancayo, Junín.

Los obreros han advertido, a través de sus redes sociales, de la excesiva presencia de efectivos policiales y exigen la intervención de las autoridades del Ministerio de Trabajo y de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República.

‘’Por estos hechos pedimos al Ministerio del Interior y al titular de dicha cartera Juan Carrasco y a la Fiscalía de la Nación del Perú una investigación exhaustiva de los hechos ya que la marcha del Sindicato ArgentumMorococha se realizó de manera pacífica. Subrayamos que rechazamos cualquier acto de violencia. (…) En este momento nuestros dirigentes están en la comisaría de El Tambo de Huancayo luchando por la libertad de nuestro compañero, Rolando Laura.’’ señalaron textualmente en un comunicado publicado en su página web.

A raíz de la represión policial, diversos colectivos sindicales, organizaciones e instituciones se han pronunciado exigiendo la presencia de la Defensoría del Pueblo. Además, exigen una investigación exhaustiva de la Fiscalía y la intervención del Ministerio del Interior a través del titular de dicha cartera.

Cabe señalar que la protesta se dio después de agotar las vías administrativas de diálogo con la empresa Argentum, cuya casa matriz es la transnacional canadiense Pan American Silver, que también opera en países como México, Argentina y Bolivia. El sindicato en mención anunció el inicio de una huelga indefinida a partir del martes 07 de septiembre, exigiendo el aumento de remuneraciones, puesto que el precio de los metales está al alza en el mercado internacional.

Del mismo modo, el sindicato denunció que la empresa minera estaría usando estrategias para impedir que la huelga se realice. Cuestionan que el conciliador Héctor Romero, de la oficina de Dirección de Conflictos de la Región Junín, haya declarado la huelga improcedente, debido a las circunstancias de la pandemia del Covid-19.

Trabajadores mineros de Pasco permanecen en Lima exigiendo reposición laboral

 

Desde el 27 de agosto, cerca de 200 trabajadores mineros de las compañías que operan en la región Pasco: Nexa Resources, Atacocha y Empresa Administradora Cerro SAC, subsidiaria de Volcan, llegaron hasta Lima en una marcha de sacrificio, caminando más de 272 kilómetros, en busca del cumplimiento de una resolución judicial que ordena su reposición laboral.

Si bien han sido recibidos por congresistas y funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el grupo de obreros ha decidido permanecer en la capital hasta obtener soluciones concretas.

El grupo de trabajadores permanece en el frontis del MTPE de la avenida Salaverry y en el local de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), en la avenida Brasil, en Lima.

Según un comunicado que han difundido a través de las redes sociales, señalan que “exigen que se cumpla el mandato judicial de incorporarse al registro de planilla de pago de remuneraciones de Empresa Administradora Cerro SAC. Este hecho debería asegurar su retorno a labores, que a la fecha vienen esperando desde 2007 y que —ante una justa protesta para ejecución de dicha sentencia judicial— el pasado miércoles 18 de agosto fueron brutalmente reprimidos por la PNP en las afueras de la mina, lo cual ha originado que algunos trabajadores tengan heridas de perdigones a causa de la represión”.

Por otro lado, los trabajadores de la empresa Nexa Resource Atacocha denuncian haber sido cesados colectivamente de sus puestos en julio de 2020, en medio de la pandemia del Covid-19, pese a que la compañía recibió un crédito del programa Reactiva Perú. Desde entonces, los mineros se encuentran desempleados.

El 03 de septiembre, los trabajadores se reunieron con la congresista y presidenta de la Comisión de Trabajo, Isabel Cortez. En este espacio de diálogo también participaron el viceministro de Trabajo, Edilberto Jaime Ríos; el secretario general de la FNTMMSP, Jorge Juárez Cueva, y un dirigente del Sindicato de Atacocha.

Uno de los principales acuerdos fue que la congresista Isabel Cortez presente un oficio ante el MTPE, para solicitar que ese despacho intervenga en el caso y se declare la nulidad de la Resolución Directoral General N° 1843-2020-MTPE/2/14, que cesa a 164 trabajadores de la empresa minera en mención.

Alertan de efectos nocivos de contaminación minera en la salud humana

El tema de los efectos de la contaminación que produce la actividad minera en el medio ambiente y en la salud humana ha sido materia de algunos preocupantes reportajes en medios de comunicación internacionales, que abordan los impactos que ocasionan en la producción de maca en Junín y en la salud en general.

Un reciente artículo de Pablo Corso[1][1] comenta un estudio publicado en la revista Toxicology Reports, que reportó elevados niveles de arsénico, cadmio y plomo en el cultivo de la maca, a consecuencias de la actividad minera y metalúrgica en la región Junín, principal productor de dicho cultivo.

El estudio detectó que la concentración media de cadmio en los hipocótilos (parte subterránea del tallo) recolectados en áreas influenciadas por actividades mineras y metalúrgicas fue de 0,32 ± 0,23 miligramos por kilo y en el caso del  plomo de 0,20 ± 0,12 mg/kg.

Esos valores exceden en tres y dos veces respectivamente lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y suponen un riesgo cancerígeno por encima de los límites tolerables, según señala el estudio requerido por la Universidad Nacional del Centro.

Los metales pesados pueden ingresar al cuerpo a través del agua, la inhalación o el consumo de vegetales contaminados. Sus efectos adversos son múltiples: cáncer, enfermedades pulmonares y neurológicas (arsénico); problemas en la función renal, descalcificación, toxicidad hepática e hipertensión (cadmio); daños al cerebro y al riñón, efectos negativos sobre el sistema nervioso y la sangre de los niños (plomo).

En el caso del área estudiada, “los pobladores señalaron enfermedades gástricas, respiratorias, osteoporosis y daño hepático durante la colecta de las muestras y en encuestas a familias residentes”, revela Edith Orellana Mendoza, autora principal del trabajo, en un correo electrónico a SciDev.Net.

Cabe recordar que Junín padece de otros casos de contaminación. Uno de los casos más dramáticos es el de La Oroya, en el oeste de Junín, donde el suelo y el aire están contaminados desde 1922, cuando inició sus operaciones el complejo metalúrgico de la ciudad. Estudios realizados mostraron que en esa localidad la concentración de plomo llegó a superar hasta 40 veces los límites permitidos. En 1999 el Ministerio de Salud diagnosticó una situación crítica de intoxicación con ese metal, tras estudiar muestras de sangre de 346 niños.

Por otro lado, un reciente reportaje gráfico publicado por la cadena internacional National Geographic[2] [2], ha mostrado el impacto de la actividad minera en los problemas del acceso al agua de las comunidades campesinas del sur andino, en especial de zonas como Espinar, en Cusco.

 “En los Andes peruanos, en algunos pueblos mineros, la cantidad de agua utilizada por las operaciones mineras es tan grande que las comunidades indígenas solo tienen dos horas de agua al día”, menciona la publicación que fue elaborada por el fotógrafo Alessandro Cinque. Además, revela que esta desordenada expansión de la minería impide a las comunidades practicar un saneamiento seguro para protegerse de la COVID-19. Asimismo la poca agua que sobra y los ríos están contaminados con metales tóxicos.

El proyecto muestra que vivir junto a los sitios de operaciones mineras agravó la situación sanitaria, económica y social de las comunidades indígenas más vulnerables de Perú, entre otras cosas por la degradación del ambiente y la escasez de agua.El autor del proyecto sostiene también que, al mismo tiempo, las operaciones mineras trajeron a trabajadores de todo el país durante la primera ola del 2020, “exponiendo potencialmente a las comunidades locales al virus”.

Amnistía International recuerda que el gobierno peruano lleva documentados 4.867 casos de personas expuestas a metales pesados en todo el país. Por eso las autoridades deben abordar la situación de los 7.956 pasivos ambientales mineros (PAM) –instalaciones, efluentes, emisiones o residuos de las operaciones inactivas que constituyen un riesgo para la salud o el ambiente– desperdigados en todo el territorio: “El 42 por ciento de los 921 calificados como de alto o muy alto riesgo permanecen “sin gestionar”, advirtió recientemente la Contraloría General de la República” advierte el artículo de Pablo Corso.

Como se puede apreciar, estos casos muestran que el tema de la afectación por contaminación de metales tóxicos producto de la actividad minera sigue siendo uno de los tantos pendientes que debe ser abordado con urgencia. Es indispensable que las autoridades actúen de manera más diligente y firme sobre las causas del problema y sus efectos.

 

Publican reporte sobre concesiones mineras del primer semestre del año

CooperAcción ha publicado el Reporte de Evolución de Concesiones Mineras en el Perú, correspondientes al primer semestre del 2021, que muestra que actualmente el 14.71 por ciento del territorio nacional se haya concesionado a la actividad minera.

Se trata de 18´957,980.00 hectáreas, de los cuales, el 69.02% son concesiones mineras tituladas, el 30.36% en trámite y el 0.62% corresponden a canteras afectadas al Estado y plantas de beneficio.

El reporte fue elaborado por el geógrafo Henderson Iván López, por encargo del Observatorio de Conflictos Mineros, que en el marco de sus actividades de seguimiento a la minería, realiza un monitoreo al sistema de concesiones mineras del Estado.. El informe busca que esta información llegue a líderes de comunidades, autoridades locales y todas las personas que estén interesadas en el tema.

De acuerdo a lo afirmado, el presente reporte se ha elaborado con información geográfica del catastro minero descargado el 3 de junio del 2021 del geoportal web Geocatmin del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) del Ministerio de Energía y Minas, el mismo que tiene una frecuencia de actualización de la información diaria.

Puede ver el reporte completo aquí: https://bit.ly/3l8MOs8

Un nuevo aniversario de la firma del Convenio Marco en Espinar

En el mes de setiembre se cumplieron 18 años de la firma del famoso convenio marco entre la entonces empresa Tintaya (de propiedad de BHP-Billiton) y las autoridades y organizaciones sociales de Espinar. El convenio fue firmado el 3 de setiembre del año 2003y en su momento representó una innovación en los acuerdos entre empresas mineras y comunidades en el Perú.

Para José De Echave, investigador de CooperAcción, fue un hecho inédito:“nunca antes se había firmado un convenio de estas características entre una empresa minera y una provincia”. Este convenio buscó replicar una práctica que en Canadá se denominó “Acuerdo de Impactos y Beneficios”.

Como parte del acuerdo, se planteó que la empresa otorgaría 3 % de sus utilidades antes de pagar impuestos a la provincia, entre varios otros aspectos ambientales, entrega de tierras, etc. “El convenio marco fue el resultado de largas luchas de la población de Espinar que se iniciaron en mayo de 1990 con la primera toma de la mina, y cuyas demandas ambientales, económicas, de tierras, luego buscaron ser recogidas por el convenio marco”, recordó De Echave.

Asimismo se recuerda que el ex alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca jugó un gran papel en el proceso de definición del Convenio Marco, que se gestó durante su primer gobierno municipal, aunque no llego a firmar el Convenio. Hasta ahora el convenio es un referente para varias poblaciones en el país, pese a que se presentaron varias dificultades en su gestión e implementación.

El Convenio Marco y la posterior experiencia en Espinar dejanvarias lecciones para las zonas de influencia de la actividad minera. Debe quedar claro que con la firma de un convenio no termina el proceso que debe tener como objetivo que los derechos de las poblaciones afectadas sean plenamente reconocidos y respetados. Después de la firma viene la gran tarea de la implementación y sobre todo que la puesta en marcha de los acuerdos responda a las expectativas de la gente. Si eso no se hace, después vienen las frustraciones y no se logra el objetivo final que era beneficiar a las comunidades afectadas.

[1]https://www.servindi.org/actualidad-noticias/07/09/2021/maca-contaminada-revela-efectos-de-actividad-minera-en-Peru.

[2]https://www.msn.com/es-pe/dinero/noticias/natgeo-en-el-per%C3%BA-existen-pueblos-donde-solo-hay-dos-horas-de-agua-al-d%C3%ADa-por-la-miner%C3%ADa/ar-AAObRSt