Apurímac: 10 años después Fiscalía admite falta de pruebas en acusación contra defensores ambientales

Este jueves, 16 de enero se desarrolló la cuarta audiencia de control de acusación en el proceso penal vinculado a los hechos ocurridos durante las protestas sociales contra el proyecto minero MMG Las Bambas, realizadas entre el 25 y 29 de septiembre de 2015 en la provincia de Cotabambas, región Apurímac.

La audiencia se llevó a cabo a las 11:00 de la mañana y fue presidida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba. En esta etapa del proceso, se retomó el análisis del requerimiento fiscal, cuya lectura había sido concluida por la Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho en la sesión anterior del 11 de diciembre de 2025.

El representante del Ministerio Público había expuesto que, si bien se acreditó la existencia de daños materiales durante las protestas, no se logró individualizar de manera objetiva y fehaciente la participación directa de los imputados. La Fiscalía subrayó que en las movilizaciones participaron más de tres mil personas, lo que dificulta atribuir responsabilidades penales concretas.

Asimismo, precisó que las fotografías, videos y declaraciones recopiladas no permiten establecer con claridad que los procesados hayan ejecutado directamente actos de violencia o destrucción contra bienes de la empresa minera.

Según lo expuesto en audiencia, los daños materiales al proyecto MMG Las Bambas ascenderían aproximadamente a 88 mil 600 dólares americanos, mientras que los daños atribuidos al Estado alcanzarían los 20 mil soles, de acuerdo con informes técnicos elaborados por el área de riesgos y seguros de la empresa minera.

Fiscalía reconoce insuficiencia probatoria

En ese contexto, y en respeto al principio de presunción de inocencia, la Fiscalía solicitó al juzgado el sobreseimiento parcial del proceso penal por el delito contra el patrimonio, en su modalidad de daños agravados, previsto en el artículo 206 inciso 3 del Código Penal. El pedido se sustenta —según indicó— en la insuficiencia de pruebas individualizadas y en la imposibilidad de incorporar nuevos elementos que permitan sostener una acusación sólida.

Posición de la empresa minera

Durante la audiencia de este jueves fue el turno de la abogada de la empresa minera MMG Las Bambas, quien realizó una exposición extensa en la que cuestionó la solicitud del fiscal.

La representante legal sostuvo que sí existirían elementos probatorios suficientes para acreditar la participación de varios imputados como coautores de actos de violencia y daños, por lo que solicitó que el pedido de sobreseimiento sea rechazado y que el requerimiento sea remitido a la Fiscalía Superior para su revisión.

Un proceso por más de una década

El proceso penal involucra a 19 defensores de derechos humanos y ambientales, integrantes de comunidades campesinas quechuas de Cotabambas, quienes vienen siendo investigados desde hace más de diez años por su participación en las protestas sociales.

Los hechos se produjeron en un contexto de conflicto social, luego de que las comunidades denunciaran la modificación arbitraria e inconsulta del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas. Ante la falta de respuesta del Estado a demandas relacionadas con el derecho a la vida, la salud, el ambiente sano, la defensa del territorio y la consulta previa, las comunidades iniciaron jornadas de protesta para ser escuchadas y atendidas.

Estas movilizaciones derivaron en enfrentamientos entre pobladores y efectivos policiales en las inmediaciones del proyecto minero. Posteriormente, la empresa y el Ministerio Público presentaron denuncias penales contra dirigentes y comuneros, situación que ha sido cuestionada por las defensas legales y por organizaciones de derechos humanos, al considerar que no se acreditó la participación directa de muchos de los procesados.

Próxima audiencia

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba informó que la audiencia continuará el 18 de marzo a las 3:00 de la tarde, fecha en la que será el turno de la Procuraduría Pública y de los abogados de los acusados, quienes expondrán su posición frente al pedido de sobreseimiento parcial formulado por la Fiscalía.