A dos años del derrame de Repsol, la sociedad civil demandó acción efectiva del Estado peruano

En el marco de los dos años del derrame de petróleo de la empresa Repsol en el mar peruano, organizaciones de la sociedad civil presentaron el miércoles 17 en el distrito de Ventanilla, los hallazgos de los informes elaborados en meses recientes con la finalidad de conocer los impactos ambientales, sociales y en materia de derechos humanos que siguen afrontando las poblaciones comprendidas en el área de afectación.

La investigación “REPSOL: una catástrofe que se pudo evitar”, fue realizada por CooperAcción, el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD), EarthRights International (ERI), con el apoyo de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). Analiza el impacto del derrame sobre la vida y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones comprendidas en el área de afectación.

Asimismo, CooperAcción y Oxfam presentaron el informe “Revelando el daño: Valorización económica de la pérdida para las familias pescadoras afectadas por el derrame de REPSOL en la costa de Perú”. El estudio, a cargo de la economista Kely Alfaro, identifica 31 especies de pesca afectadas, casi el doble que la cifra que la empresa española presentó en la mesa de diálogo con asociaciones de pescadores entre marzo y abril del 2023.

De esta manera Alejandro Chirinos, representante de CooperAcción, expuso en el foro los hallazgos centrales de Informe: “Repsol: una catástrofe que se pudo evitar.”

“Ese ecocidio pudo evitarse, si la empresa actuaba de manera diligente y responsable para frenar la mancha de crudo. Una gran responsabilidad también la tiene el Estado peruano, que debió exigir que la empresa active su plan de contingencia. Hay una responsabilidad del estado español, porque la empresa Repsol es de este país,” señaló Chirinos.

Por su parte la ingeniera economista Kely Alfaro expuso algunas conclusiones del informe “Revelando el daño”.

“En este informe, hablamos de cuánto se ha demorado el Estado en dar una cifra. Pero hemos normalizado que se hable de personas como si fueran piedras, estamos hablando de personas. La afectación ha sido a los ingresos principales de las familias. Hay una normativa existente, así como guías nacionales e internacionales sobre cómo se debe actuar ante derrames, pero estas no se han respetado” comentó Alfaro.

Asimismo, la congresista Ruth Luque presentó los hallazgos del informe de fiscalización en su calidad de presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

“El informe es resultado de 3 sesiones dedicadas a ver el tema de Repsol. Hemos constatado que hay 2 posiciones. La primera es que el Estado, que debería emitir disposiciones para la recuperación del ecosistema, no existe, es totalmente precario. La empresa ha dicho que dieron el 98% de las compensaciones en un universo de 10 300 personas, pero la pregunta es ¿esas son todas las personas afectadas? Eso lo ha manejado la empresa a su propia discreción.”

Hablan los pescadores afectados por derrame

Por parte de los afectados expusieron Miguel Núñez, dirigente de la Asociación de Pescadores, Fundadores, Armadores y Estibadores Artesanales (ASPEFAEA), de Ventanilla, quien destacó que son cientos de miles de pescadores los afectados, y no 10 300 como sostiene la empresa.

Por su parte, Luis Diaz, presidente de los pescadores artesanales de Aucallama, señaló que la disputas entre el Poder Ejecutivo y Legislativo no ayudan a atender la problemática de los pescadores. En esa línea, también denunció las puertas giratorias que usan las empresas para jalarse a profesionales del Estado peruano, así como los lobbys que ha usado la empresa.

Luis Herrera, dirigente de los pescadores de Chancay, comentó que sienten un Estado indolente ante la sociedad, que no ayuda a los afectados ante una empresa transnacional que se impone con el poder del dinero.

Por otro lado, expuso Camilla Cela, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, quien expresó su solidaridad con los afectados por el derrame de Repsol.

“Como lo dicen los informes, es una flagrante violación a los derechos humanos fundamentales, y tanto el estado peruano como el estado español han firmado convenios internacionales que no han sido exigidos. En este contexto, es importante movilizar a toda la sociedad civil peruana y la sociedad civil española, porque somos nosotros los que podemos llevar estos temas a las agendas políticas”.

Finalmente realizaron sus comentarios los congresistas Sigrid Bazán, Susel Paredes y Roberto Sánchez, quienes se comprometieron a seguir trabajando por llevar la voz de los afectados ante las autoridades. Los tres parlamentarios denunciaron la falta de compromiso por parte del Estado peruano para defender a los pescadores afectados. En esa misma línea, reconocieron que una mayoría del congreso está desprestigiada porque no se acercan a atender las demandas de la población, pero que ellos seguirán monitoreando el caso.