El año ambiental

El cierre del 2025 encuentra al país – y al mundo – en un escenario ambiental marcado por retrocesos institucionales, conflictos socioambientales persistentes y una agenda climática debilitada frente al avance de intereses extractivos. A ello se suma un contexto político preelectoral que incrementa la presión sobre los territorios y pone en riesgo derechos fundamentales vinculados al ambiente, el agua y la vida.

En su última edición del año, el programa La Hora Verde realizó un panel para evaluar los logros y desafíos ambientales del 2025. Con la participación de especialistas, se destacaron algunos avances puntuales, pero prevaleció la preocupación por un contexto general de debilitamiento institucional, imposición de proyectos extractivos y la creciente presión sobre los territorios.

Entre los aspectos positivos, Jessica Huertas, activista ecofeminista, resaltó la creación de la nueva área natural protegida de Bajo Putumayo, lograda mediante consulta previa, y la actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del Perú, que ahora incluyen temas como migración climática y transición justa. Asimismo, Paul Maquet, de CooperAcción, valoró hitos como la multa impuesta a la minera Antapacay por contaminación del aire en Espinar, la absolución de defensores ambientales de Cotabambas y el reconocimiento del lago Titicaca y el río Marañón como sujetos de derechos.

En el plano internacional, Santiago Cané, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) destacó avances como el Acuerdo del Alta Mar y las opiniones consultivas de cortes internacionales que reconocen la obligación de los estados de proteger el clima.

Sin embargo, el balance evidenció múltiples retrocesos y amenazas. En el nivel nacional, se señaló el constante debilitamiento de la institucionalidad ambiental, con intentos de reducir las atribuciones del Ministerio del Ambiente y del SENACE. La minería ilegal e informal sigue expandiéndose, agravada por la quinta ampliación del REINFO, una medida que no resuelve el problema de fondo. También se criticó la imposición de proyectos extractivos, como Tía María, y de infraestructura vial, como el llamado Anillo Vial Periférico, pese al rechazo de las poblaciones locales. Se destacó la continuidad de los crímenes contra defensores ambientales, en particular el asesinato de Hipólito Quispehuamán, defensor de Tambopata (Madre de Dios), que nos recuerda que el Perú sigue siendo uno de los países más peligrosos para los luchadores que protegen el ambiente.

En el plano climático, se advirtió que el Perú llega al próximo año con escasos avances en adaptación y mitigación, pese a ser uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. La falta de articulación entre niveles de gobierno, la ausencia de presupuestos adecuados y la desconexión entre discursos internacionales y políticas internas fueron señaladas como brechas críticas.

A nivel internacional, los panelistas coincidieron en que la COP30 en Belén do Pará, pese a su mayor participación indígena y social, no logró acordar una hoja de ruta concreta para el abandono de los combustibles fósiles, la tarea más urgente. Se lamentó el nuevo retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París y el avance del negacionismo climático en gobiernos como el argentino, donde se priorizan las ganancias de las empresas sobre los derechos ambientales.

Mirando hacia el 2026, los expertos plantearon retos clave. Huertas enfatizó la necesidad de priorizar la adaptación al cambio climático, implementar el Plan Nacional de Adaptación y fortalecer la educación ambiental. Maquet llamó a convertir lo ambiental en un tema prioritario para la opinión pública en un año electoral crucial, para evitar que se siga desmantelando la institucionalidad. Cané alertó sobre los riesgos de una escalada bélica global y de un nuevo extractivismo de minerales críticos para la transición energética, que repite patrones de colonialidad en la región.

El programa cerró subrayando que, pese a los avances técnicos y jurídicos aislados, la tendencia regional es de flexibilización normativa, persecución a defensores y un enfoque que prioriza la inversión sobre la protección ambiental, lo que hace más urgente que nunca la articulación y movilización de la sociedad civil. El programa puso énfasis en que el extractivismo sigue siendo el eje dominante del modelo de desarrollo, sin una discusión real sobre transición justa ni alternativas económicas sostenibles. Conflictos vinculados a minería, hidrocarburos y deforestación continúan reproduciéndose en diversas regiones del país, mientras el Estado muestra una respuesta fragmentada e insuficiente.

Asimismo, se remarcó que el 2026 —marcado por procesos electorales— será clave para definir si el país profundiza el actual rumbo o abre espacio a una agenda ambiental basada en derechos, participación ciudadana y justicia territorial. La necesidad de que el debate ambiental ingrese con fuerza a la discusión política fue uno de los llamados centrales del programa.

La Hora Verde dejó sobre la mesa una reflexión urgente: sin una ciudadanía informada y organizada, y sin autoridades comprometidas con la defensa de los bienes comunes, el balance ambiental seguirá inclinándose hacia la pérdida de ecosistemas, el aumento de conflictos y el deterioro de las condiciones de vida. El desafío no es menor: redefinir el rumbo antes de que los daños sean irreversibles.

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