Reinfo infinito: riesgos de una nueva extensión

El debate sobre la nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) vuelve a encender las alarmas entre especialistas y organizaciones sociales, en un contexto político marcado por la crisis institucional y el avance de la minería ilegal e informal en el país. Aunque el registro fue creado en 2017 como una medida temporal para facilitar la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, su ampliación constante ha generado graves impactos ambientales, sociales y económicos.

Este fue el eje de la más reciente edición de La Hora Verde, que analizó las implicancias de una posible extensión del REINFO hasta el 2028. El programa contó con la participación de Nury García, coordinadora del grupo MAPE de Red Muqui; Julia Cuadros, investigadora de CooperAcción; y declaraciones del especialista en derecho ambiental César Ipenza. Los tres coincidieron en que la prórroga del registro perpetúa la impunidad y debilita la institucionalidad ambiental del país.

Desde la Red Muqui, Nury García sostuvo que “formalizar no es llenar papeles, sino ordenar el territorio y proteger a las comunidades”. Recordó que, pese a las sucesivas ampliaciones, solo el 2,4 % de los mineros inscritos ha logrado formalizarse. “El REINFO se ha convertido en un escudo de impunidad donde la informalidad se ha legalizado y la ilegalidad se ha infiltrado. Es un sistema que el Estado ha usado para tolerar y normalizar la explotación sin control”, señaló.

García advirtió además que la nueva ampliación del REINFO se discute en un contexto preelectoral, donde los gremios de mineros informales e ilegales ejercen una fuerte presión política. “Estos gobiernos necesitan sostén, y los gremios mineros se han convertido en una base electoral. Por eso buscan prolongar un proceso que ya fracasó y que hoy solo sirve para mantener la impunidad”, añadió.

Por su parte, Julia Cuadros coincidió en que la formalización se ha vuelto un pretexto para mantener intereses económicos y políticos en el Congreso. “El problema no es el REINFO en sí, sino el modelo que lo sustenta. No se está discutiendo qué tipo de país queremos. No decimos que no haya minería, sino que debe hacerse con reglas claras, con control ambiental y respeto a los derechos de las comunidades”, subrayó.

Cuadros alertó, además, sobre la creciente tensión entre la gran minería y la minería a pequeña escala, formal o no formal, que podría detonar nuevos conflictos sociales. “En varias regiones, como Apurímac o La Libertad, los territorios están en disputa entre empresas formales, mineros artesanales y actores ilegales. Si el Estado sigue ausente, estas tensiones escalarán en violencia”, sostuvo.

En tanto, el abogado César Ipenza señaló que la ampliación del REINFO representa “una continuidad de la impunidad institucionalizada”. “Hoy se busca incluso reincorporar a los más de 50 mil mineros excluidos del registro y eliminar las sanciones por incumplimiento. Eso es un desincentivo total para la formalización. Estamos frente a una política que favorece a los ilegales y deja de lado la protección de los ecosistemas y las fuentes de agua”, advirtió.

Ipenza enfatizó la necesidad de que las autoridades asuman una posición firme frente a las economías ilícitas. “No se puede justificar la ilegalidad en nombre del derecho al trabajo. Ese argumento abre la puerta a la destrucción ambiental y al crimen organizado. Los próximos procesos electorales serán una prueba para identificar quiénes realmente defienden los bienes comunes y quiénes representan intereses ilegales”, señaló.

En sus reflexiones finales, tanto Nury García como Julia Cuadros coincidieron en que el país necesita una nueva gobernanza minera que ordene el territorio desde un enfoque de derechos humanos y de sostenibilidad. “El REINFO debe cerrarse definitivamente. No se puede seguir viviendo del extractivismo descontrolado. Hay que fortalecer la fiscalización, la asistencia técnica y apoyar alternativas económicas que no destruyan la vida en los territorios”, concluyeron.

La Hora Verde puso sobre la mesa una pregunta crucial: ¿hasta cuándo el Estado seguirá prorrogando un sistema que, en lugar de formalizar, legaliza la ilegalidad y destruye los territorios?

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