Espionaje y criminalización: los DirinLeaks revelan cómo opera la inteligencia policial contra líderes sociales

La reciente filtración de más de 300 gigabytes de documentos de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional (conocida como DirinLeaks) reveló lo que desde hace años era un secreto a voces: los servicios de inteligencia en el Perú son utilizados no para combatir el crimen organizado, sino para vigilar, hostilizar y criminalizar a líderes sociales, defensores ambientales y organizaciones que ejercen legítimamente su derecho a la protesta.

Este fue el tema central de la más reciente edición de La Hora Verde, que contó con la participación de Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui; David Velasco, abogado de Fedepaz; y declaraciones de Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Para Jaime Borda, lo más grave de esta revelación es que confirma una política de Estado dirigida contra los defensores ambientales. “Los DirinLeaks solo corroboran lo que las comunidades han denunciado desde hace años: seguimiento, reglaje e intimidación a dirigentes. La Policía, en lugar de proteger a los defensores, los estigmatiza y arma carpetas para criminalizarlos”, señaló.

Recordó además que esta práctica no es aislada: convenios entre empresas mineras y la Policía Nacional han permitido que la seguridad pública se ponga al servicio de intereses privados, especialmente en zonas de alta conflictividad social como Las Bambas, Conga o Tía María. “El caso del Valle de Tambo es emblemático: un proceso de resistencia pacífica de más de diez años ha sido respondido con reglaje y persecución de sus voceros, como Miguel Mesa o Jesús Cornejo”, añadió.

Por su parte, David Velasco destacó que los documentos filtrados muestran cómo la inteligencia policial ha sido utilizada sistemáticamente para construir acusaciones contra dirigentes sociales. “En lugar de investigar bandas criminales, la Policía ha dedicado recursos a vigilar a quienes defienden el agua, el ambiente y la vida. El caso de Miguel Mesa lo ilustra: más de treinta procesos abiertos sin pruebas, cuyo destino ha sido el archivo, porque su labor es completamente pacífica”, afirmó.

El abogado denunció que se trata de un patrón de criminalización que busca neutralizar la dirigencia social. “Estos informes no se usan para prevenir delitos, sino para justificar carpetas fiscales contra líderes comunales. Es un uso arbitrario y desviado de los recursos del Estado”, advirtió.

En sus declaraciones, Cruz Silva señaló que lo revelado por los DirinLeaks no solo afecta a dirigentes individuales, sino a la esencia misma de un sistema democrático. “Estos reglajes violentan el derecho a la igualdad, porque estigmatizan a quienes ejercen su libertad de expresión y de protesta. También se vulnera la libertad de opinión, la organización ciudadana y los derechos políticos de la población, que tiene el legítimo derecho de cuestionar al Estado”, explicó.

Los tres especialistas coincidieron en que los mecanismos judiciales nacionales ofrecen hoy pocas garantías, dada la colusión entre poderes del Estado y empresas extractivas. En este escenario, plantearon que la única salida es fortalecer las redes organizativas locales, visibilizar las denuncias y recurrir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las relatorías de Naciones Unidas. Advirtieron que los defensores no pueden quedar solos y que es clave articular plataformas nacionales que respalden su labor, mientras la sociedad civil denuncia el uso arbitrario de la inteligencia. La documentación, la organización y la visibilidad, coincidieron, son hoy las principales herramientas para frenar la política de hostilización contra quienes defienden el agua, la tierra y la democracia en el país.

La Hora Verde dejó en claro que lo revelado por los DirinLeaks es más que un hackeo: es la confirmación de un patrón de persecución contra líderes sociales en el Perú. Un recordatorio de que, sin protección real a los defensores y sin un cambio en la política de seguridad, la democracia y los derechos humanos seguirán siendo vulnerados.

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