Arequipa: paro indefinido en el Valle de Tambo contra el proyecto minero Tía María

Desde la madrugada del lunes 17 de febrero, cientos de pobladores del Valle de Tambo, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa, han iniciado una huelga general indefinida en rechazo al proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Perú Copper Corporation.

La medida fue acordada en una asamblea popular y cuenta con el respaldo de agricultores, organizaciones sociales y comunidades locales, quienes exigen la cancelación definitiva de los proyectos mineros Tía María y La Tapada.

Los manifestantes argumentaron que la empresa minera no cuenta con la licencia social necesaria para operar en la zona. Además, denuncian que la compañía no ha subsanado la autorización de aguas superficiales residuales ni las observaciones realizadas a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo que genera incertidumbre sobre los efectos del proyecto en el medio ambiente y la economía local

El rechazo de la población se debe a la amenaza que representa el proyecto para el Valle de Tambo, una zona clave para la agricultura en el sur del país. Según los manifestantes, la explotación del cobre consumiría grandes volúmenes de agua esenciales para el consumo humano y las actividades agropecuarias. Asimismo, temen que la actividad minera contamine las fuentes hídricas, afectando la producción agrícola, la economía regional y la salud de miles de personas.

Miguel Meza, dirigente y vocero de las protestas, afirmó que: “Este es un paro social en el que participan diversas organizaciones. Hago un llamado a la ciudadanía a sumarse y a no caer en provocaciones de la Policía. Pedimos a las autoridades que respeten nuestro derecho a la protesta”, declaró.

La población expresó su desconfianza hacia el proyecto minero debido a antecedentes de conflictos ambientales en otras regiones como Cusco, Puno y Moquegua. En estos lugares, la actividad minera ha generado impactos negativos en la agricultura y el acceso al agua, lo que refuerza la oposición al proyecto.

Por su parte, Southern Perú Copper Corporation ha anunciado que la construcción del proyecto iniciará en 2025. Entre las obras planificadas se incluyen la construcción de carreteras, accesos, vías férreas, un campamento temporal y el movimiento de tierras. La empresa también ha avanzado en la delimitación de su propiedad con un cerco vivo de 59 kilómetros, asegurando que esta medida permitirá un desarrollo ordenado y responsable del proyecto.

La Fiscalía provincial penal corporativa de Islay ha emitido la Disposición N.º 01-2025-FPPCI-MO-A, mediante la cual exhorta a la población a evitar actos que alteren la tranquilidad y seguridad pública, advirtiendo sobre posibles riesgos para la vida, la integridad y la salud de los ciudadanos.

Respecto a los pedidos de compromisos para frenar la movilización, Meza respondió: “La exhortación que me hacen no tiene fundamento, ya que no estoy cometiendo ningún delito. Soy un luchador más y no pueden exigir que firme un compromiso para detener la protesta”. Asimismo, reafirmó la importancia de defender el territorio ante la imposición del proyecto minero: “Tenemos que defender el Valle de Tambo antes de que sea tarde para las generaciones futuras”.

Organizaciones sociales han denunciado que la acción de la Fiscalía representa una grave restricción al derecho a la protesta social. Señalan que esta medida forma parte de una política sistemática de criminalización contra defensores de derechos humanos y ambientales, promovida por el Estado y algunas empresas con el fin de silenciar posiciones disidentes. Asimismo, exigen que el Gobierno garantice los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por el proyecto minero y atienda sus demandas de manera efectiva.

Cabe destacar que pobladores de la región Puno también se han sumado al paro indefinido en rechazo a los proyectos mineros Tía María y La Tapada, reafirmando su lema: “¡El valle no se vende, el valle se defiende!”.

La huelga se realizó con bloqueos y movilizaciones en distintos puntos de la provincia de Islay, mientras la población sigue a la espera una respuesta por parte de las autoridades y la empresa minera.