Respeto empresarial: hacia una Ley de debida diligencia

La III Semana Nacional de Empresas y Derechos Humanos se llevó a cabo del 16 al 20 de septiembre de 2024, en un evento que reunió a líderes y lideresas de diversas regiones del Perú varios de ellos que defienden derechos ambientales y otros derechos laborales. La actividad se enfocó en el debate sobre los impactos de los sectores empresariales en los derechos humanos y contó con la participación de organizaciones clave en la defensa de derechos.Durante  cinco días, los paneles y talleres sirvieron para discutir el futuro de la relación asimétrica entre empresas, comunidades indígenas y sindicatos  afectadas por la actividad empresarial.

Las jornadas comenzaron con paneles que abordaron temas como la crisis política y la democracia en el país, con la participación de Abel Gilvonio (CooperAcción), Rosario Huayanca de la Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEHICA) y Wilfredo Tsamash de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (CODEPISAM), Virginia Pinares Defensora Ambiental de Cotabambas y ketty Marcelo  de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónica del Perú (ONAMIAP) quienes expusieron los efectos en los derechos así como la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte del sector empresarial. También se discutió el escenario internacional, analizando cómo se percibe al Perú  en cuanto a la defensa de los derechos humanos y la debida diligencia empresarial 

Una de las actividades más destacadas fue el V Taller Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, realizado el 17 y 18 de septiembre, donde se avanzó en la construcción de una agenda política para la incidencia. En este espacio, se definieron estrategias para abordar temas urgentes, como la vulneración de derechos laborales y ambientales, especialmente en territorios afectados por actividades mineras y extractivas. Además, se debatió sobre la necesidad de una Ley de Debida Diligencia que regule la actuación de las empresas en Perú, basada en experiencias internacionales.

“La Ley de Debida Diligencia es una oportunidad para asegurar que las empresas actúen con responsabilidad en nuestros territorios. Durante mucho tiempo, hemos visto cómo las actividades empresariales, especialmente en sectores como la minería, han vulnerado nuestros derechos sin que existan consecuencias claras”.  comentó un participante.

El punto más importante de la plenaria fue la aprobación unánime de una campaña de recolección de firmas para impulsar el Proyecto de Ley de la Debida Diligencia, que busca establecer un marco legal que responsabilice a las empresas por su impacto en los derechos humanos y el medio ambiente. Las delegaciones asistentes se comprometieron a entregar el primer bloque de planillas firmadas en el plazo acordado como muestra de su compromiso.

Un participante concluyó con un mensaje: “Esta ley es clave porque no sólo establecerá un marco legal para que las empresas prevengan y reparen los daños que ocasionan, sino que también nos dará una herramienta para exigir respeto y justicia. No se trata solo de controlar a las empresas, sino de garantizar que el desarrollo económico no se logre a costa de nuestros derechos, nuestras tierras y nuestras comunidades”.

Finalmente, el evento concluyó con el lanzamiento oficial de la campaña de recolección de firmas. Todas las organizaciones participantes asumieron la responsabilidad de coordinar las acciones necesarias para asegurar que el proyecto de ley avance en el Congreso. Esta iniciativa representa un paso importante hacia la construcción de un país donde los derechos humanos sean respetados en todos los niveles de la actividad empresarial.