Pescadores afectados por derrame de Repsol esperan un diálogo efectivo del Estado peruano

Los pescadores afectados por el derrame petrolero de Repsol ocurrido en enero del 2022, siguen esperando un proceso efectivo de diálogo por parte del Estado peruano que lleve a la pronta recuperación de las zonas donde pescaban. Esa fue una de las conclusiones de la presentación del lnforme: “Una catástrofe que se pudo evitar. Impactos del derrame de petróleo en el mar peruano y en los derechos de la población en Ventanilla” realizada ayer en la facultad de Ciencias sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La apertura del evento estuvo a cargo de Jimena Reyes de la Federación Internacional por los Derechos Humanos – FIDH. Quien destacó que, a más de un año del derrame, ni Repsol, ni las autoridades estatales han brindado soluciones adecuadas y sostenibles para abordar las consecuencias sociales, económicas y ambientales del derrame.

Luego Itzel Silva Monroy, Coordinadora del Área legal del Programa de la Amazonía de EarthRights International, comentó el tema de la responsabilidad de Repsol y del Estado Peruano frente al derrame de petróleo. Explicó la serie de irregularidades cometidas por la empresa en el proceso de descarga del petróleo hacia el terminal de la refinería la Pampilla.

“El Estado peruano tiene responsabilidad frente a esto, porque no llevó una adecuada fiscalización del funcionamiento de la refinería y el PLEM, no fiscalizó el mantenimiento, ni el plan de prevención. No veló de que Repsol llevara a cabo una adecuada atención después del derrame,” señaló Silva.

Por su parte Enrique Fernández-Maldonado Mujica, coordinador del Programa de Empresas y Derechos Humanos del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú Equidad, comentó el tema de la responsabilidad del Estado Español frente al derrame. Señaló que ha quedado claro que la empresa Repsol no cumplió con la debida diligencia para evitar que sus operaciones no vulneren los derechos humanos de las poblaciones de su zona de influencia.

“Hemos analizado las normas internacionales que generan obligaciones extraterritoriales al Estado español. Sumado al derecho internacional que obliga al Estado español a que tome medidas para que la acción de sus inversiones fuera de su territorio se de en el marco de los derechos humanos, se añaden nuevas normas que han aprobado como el Plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos aprobado en el año 2017”, recordó Fernández -Maldonado.

Asimismo, Intervinieron voceros de los pescadores artesanales afectados por el derrame. Expusieron Abelino Ramírez, de la Asociación de pescadores artesanales de Ancón; Miguel Nuñez, presidente de la Asociación de Pescadores, Fundadores, Armadores y Estibadores Artesanales- ASPEFAEA de Ventanilla; Mercedes Pando, afectada de la zona de Ventanilla e integrante de ASPEFAEA; y Fanny Tamayo, presidenta de la Asociación de Armadoras y Emprendedoras del puerto de Chancay. Los dirigentes dieron su sentido testimonio de los impactos del derrame en sus actividades económicas, el impacto en sus familias y en los ecosistemas. Denunciaron que los medios de comunicación no reflejan la realidad de los afectados, y que el Estado peruano se parcializa con la empresa en vez de velar por los derechos de los pescadores y sus familias.

Finalmente, Alejandro Chirinos, director de CooperAcción, comentó las conclusiones y recomendaciones del informe. Destacó que los testimonios de los afectados han sido parte central del informe realizado. Asimismo, destacó entre las conclusiones que la empresa es la principal responsable de la afectación de 10500 familias producto del derrame.

“Una de las conclusiones fundamentales del estudio es que hay impactos diferenciados. Una cosa es ser afectado siendo varón, pescador o comerciante, y otra el ser mujer, con la carga doméstica y los roles que se distribuyen en la pesca. Eso lo hemos podido ver en el acompañamiento del proceso de lucha de los afectados”, puntualizó Chirinos.

Finalmente refirió las recomendaciones que se hacen en el informe, sobre todo dirigidas a la empresa, para permitir que los pescadores artesanales afectados puedan volver a sus áreas de trabajo pronto. Asimismo, se espera que el Estado peruano abra espacios amplios de diálogo que sean tripartitos, donde se incorpore a los afectados.

Puede ver la presentación del informe realizada ayer aquí: