Parlamento Europeo vota a favor de la legislación vinculante sobre la responsabilidad de las empresas

La Directiva europea sobre la debida diligencia de las empresas en materia de derechos humanos y medioambiente es la propuesta más ambiciosa para un marco legal vinculante para los negocios transnacionales. Su vigencia cubrirá toda la cadena de suministro.

Imagen: The objective

En el largo camino hacia la aprobación final de una directiva europea sobre la responsabilidad de las empresas en temas ambientales y de derechos humanos, la votación del Parlamento Europeo del 1 de junio marca un hito clave. Esta votación ocurre luego de que la Comisión Europea y el Consejo de Ministros dieron a conocer sus posiciones con respecto a la propuesta, como reportamos aquí. Ahora, comienza un proceso de conciliación entre las tres variantes de la directiva, a cuya versión final debería llegarse este año.

A pesar de un intento a último minuto desde la fracción conservadora del parlamento de desviar el proceso con 50 propuestas de modificaciones, se logró al final la aprobación por una amplia mayoría: 336 votos a favor, 225 en contra, y 38 abstenciones.

Según el comunicado del Parlamento, “las empresas infractoras serán responsables de daños y perjuicios y podrán ser sancionadas por las autoridades nacionales de supervisión. Las sanciones incluyen medidas como retirar los productos de una empresa del mercado o multas de al menos el 5% del volumen de negocios neto mundial. Empresas de fuera de la UE que incumplan las normas quedarán excluidas de la contratación pública en la UE”.

En la versión aprobada del Parlamento Europeo, la directiva incluye una responsabilidad de los ejecutivos de las empresas para asegurar que cumplen con la meta del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1.5 grados. También, cubre la responsabilidad de debida diligencia del sector financiero, es decir, bancos e inversionistas deberán vigilar que sus inversiones no atentan contra los derechos humanos.

En un comunicado, Amnistía Internacional aplaude que la versión del Parlamento “intenta abordar algunas de las barreras que afrontan las víctimas cuando intentan acceder a la justicia por daños causados por empresas. Por ejemplo, permitirá que los tribunales de los Estados miembros de la UE ordenen a las empresas que han causado presuntamente daños que revelen información”. Sin embargo, la propuesta también tiene algunos vacíos inquietantes, entre ellos que no toma en cuenta posibles abusos contra los derechos humanos derivados del uso indebido de los productos que una empresa vende.

“Es un paso más en esta búsqueda de justicia para las víctimas de vulneraciones de derechos por actividades empresariales”, destaca Abel Gilvonio, coordinador del Programa Nacional de CooperAcción. “La búsqueda de jurisprudencia vinculante avanza a nivel global. En el caso peruano, seguimos empujando una ley nacional de debida diligencia, a pesar de la oposición que hay en el Congreso. Y desde los territorios hay un proceso para discutir el tema, como parte del mandato del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Por ejemplo, la construcción de una guía de debida diligencia minera, que estamos llevando con las comunidades afectadas del corredor surandino”.

07 de junio de 2023