La Unión Europea da otro paso hacía una ley de debida diligencia

El Consejo de Ministros de la Unión Europea ha comunicado hoy su posición favorable a la directiva de debida diligencia de las empresas. Esto constituye otro paso importante hacia la aprobación de una regulación vinculante para garantizar que las empresas respeten los derechos humanos y el medio ambiente en sus negocios.

Imagen: Diario Última hora

La ley aplicaría a todas las empresas que tienen un volumen de negocios importante dentro de la Unión Europea, aún sin tener su sede ahí (es decir, a las empresas multinacionales en general).

El posicionamiento del Consejo es el último, después de que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea habían fijado previamente los suyos. Ahora, las tres entidades entrarán en negociaciones para consensuar el texto para la aprobación final, proceso que comenzará en los primeros meses del próximo año. Por último, los países miembros deberán implementar la directiva en su legislación nacional.

Las organizaciones de la sociedad civil tanto europeas como peruanas esperaban con impaciencia este paso. Visto que el Consejo de Ministros representa directamente los intereses de los países miembros de la UE, se considera como el más difícil para lograr una directiva fuerte.

Las primeras reacciones son encontradas: si bien se han incluido algunos elementos importantes, hay todavía grandes vacíos que permitiría a las empresas de algunos sectores puedan evadir sus responsabilidades.

Del lado positivo, destaca que en la propuesta del Consejo se señala que la obligación para tomar medidas de debida diligencia para evitar vulneraciones de derechos incluye a todas las empresas contratistas y proveedores de la cadena de suministro “abajo”. En caso de vulneraciones, las empresas culpables podrán ser demandadas por vía del derecho civil ante los tribunales en los países miembros de la UE para compensaciones y reparaciones.

Del lado negativo, el Consejo propone una definición de “cadena de actividades” que no incluye la responsabilidad de las empresas para daños causados por sus productos. Esto significa, por ejemplo, que no cubriría a los productores de agroquímicos que causan cáncer, o a empresas que venden tecnología para vigilancia electrónica a regímenes autoritarios, que lo utilizan para perseguir a disidentes.

Otro tema es que el Consejo quiere dejar a la decisión a los países miembros si incluir o no al sector financiero. Esto abrirá un vacío importante, visto que el deber de los bancos de tomar medidas de debida diligencia sobre sus inversiones y créditos es considerado un elemento clave para una regulación efectiva.

Las organizaciones de la sociedad civil seguirán presionando para que el Parlamento Europeo cierre estos vacíos, mediante la campaña para la justicia de las empresas.

Por su parte el integrante de CooperAcción y Coordinador de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos del Perú, Abel Gilvonio, señaló que “el proceso europeo es referencial para la discusión que se viene llevando en Perú en buscar jurisprudencia cada vez más vinculante con la actividad empresarial transnacional y nacional.»

01 de diciembre 2022