Empresas y derechos humanos en el sur andino peruano

Desde el 9 de junio de 2021, el Estado Peruano aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, herramienta impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Cabe señalar que dicho Plan es consecuencia del trabajo de incidencia nacional e internacional de organizaciones, sindicatos y sociedad civil. 

Sin embargo, a más de un año de su aprobación, existen muchas limitaciones y omisiones a este plan que urgen atender, sobre todo en territorios como Cusco y Apurímac, donde existe una intensa actividad empresarial extractiva.

‘A nivel nacional se han venido discutiendo los principios rectores y el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, entonces ahora es importante que esta política pública se conozca en las regiones y en las provincias donde hay alto impacto de afectación a causa de actividades empresariales, para que sirva como herramienta de ejercicio de derechos de las comunidades y sus organizaciones’, señaló Abel Gilvonio, coordinador del Programa Andino de CooperAcción

Frente a este contexto, CooperAcción viene preparando una campaña comunicativa territorial que permita fomentar la reflexión de que las inversiones, la actividad empresarial, las ganancias son importantes y necesarias para el desarrollo económico, pero igual de importante debe ser el generar un equilibrio en los derechos de las poblaciones, de las personas y de los trabajadores.

‘Pensar en empresas en el sector extractivo minero en Apurímac y Cusco, es pensar en el despojo de territorios, en la contaminación del agua, en la presencia de metales tóxicos en los cuerpos de los comuneros, por eso es importante esta campaña para hacer incidencia en la opinión pública regional y con las autoridades sobre la importancia que se respeten los derechos humanos en el marco de la actividad empresarial’, puntualizó Gilvonio.

Desde hace varios años se viene generando en organismos internacionales, la academia y la sociedad civil, un intenso debate sobre la responsabilidad que tienen las empresas en la protección y el respeto por los derechos humanos. Como parte del debate, han ido surgiendo propuestas de marcos regulatorios que buscan establecer una serie de parámetros y estándares para las empresas, para que sus actividades no generen vulneraciones de derechos humanos.

En este marco surgen los denominados Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, los cuales establecen una serie de directrices que deben guiar el comportamiento de todas las empresas y que están articuladas en tres pilares: El deber del Estado de proteger a la población frente a los abusos de derechos humanos ocasionados por las empresas; la responsabilidad de las empresas de respetar derechos humanos; y la necesidad de reparar a las víctimas los daños ocasionados por las empresas.

Muchas empresas mineras transnacionales han ido incorporando progresivamente varios de esos principios de relacionamiento social en sus instrumentos de gestión corporativos y en sus políticas internas. A esto se han visto obligadas principalmente por sus compromisos con las entidades financieras que los apoyan, como el Banco Mundial, y también como un mecanismo para mejorar su imagen corporativa y mejorar sus niveles de certificación como empresas responsables.

Proceso descentralizado

El 31 de agosto inició el proceso de implementación descentralizada del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) en la ciudad del Cusco, bajo el liderazgo del MINJUSDH y con el apoyo de la Unión Europea, PNUD y la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos.

Sin embargo, es necesario precisar que la agenda de empresas y DDHH recién se ha abierto y va más allá del Plan nacional. Es indispensable que el Ministerio de Relaciones Exteriores tome posición sobre un tratado vinculante sobre empresas y DDHH, también por demandar que el Congreso discuta leyes para la debida diligencia a nivel nacional sobre sectores importantes de la producción nacional como la minería, agro exportación, construcción, pesquería, y finalmente el fortalecimiento organizativo en los territorios para el seguimiento de las empresas de cómo ejecutan sus actividades.

 23 de noviembre de 2022