La minería al debate en tiempos de pandemia y elecciones

Luis Gárate

El desarrollo de la actividad minera en tiempos de la pandemia del COVID-19 sin duda es un tema que genera controversia, más allá de su importante aporte al PBI nacional, esta actividad no ha dejado de presentar dificultades y conflictos sobre los que hay que reflexionar.

La minería ha sido una de las actividades que, desde que se decretó el estado de emergencia y la primera cuarentena a mediados de marzo del año 2020, fue considerada por el gobierno como una de las actividades esenciales y ha seguido operando, aunque con algunas restricciones.

Imagen: Rumbo minero

En todo este tiempo, el sector ha continuado presentando conflictos, sobre todo en zonas de minería a tajo abierto, donde no se ha resuelto ni llegado a acuerdos sobre temas pendientes con las comunidades aledañas. Tal ha sido el caso de la minera MMG- Las Bambas en Apurímac y Cusco, Hudbay y Antapaccay en Cusco. También el conflicto sigue latente con la intención de Southern Copper Corporation en Arequipa de seguir adelante con el proyecto Tía María.

Asimismo, se establecieron una serie de protocolos sanitarios para evitar o reducir el mínimo los contagios entre los trabajadores mineros. Sin embargo, los trabajadores del sector denunciaron una serie de deficiencias en varias empresas, que habrían superado los 10 mil contagios de coronavirus el año pasado, según estimaciones de la Federación de los trabajadores del sector (FNTMMSP).

Por otro lado, en una nota reciente del diario El Comercio, señalan que el 2020 cerró con el menor monto en inversión orientada a exploración minera de los últimos 15 años: US$375 millones, cifra inferior en 30% a la inversión ejecutada en el 2019, de acuerdo a estadísticas del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Según los entrevistados en la nota, el retroceso observado no se debe solo a la pandemia, sino también a la “sobrerregulación” que restaría competitividad a la industria minera. En esa línea señalan que habría una mala calidad de las regulaciones, el injusto trato a una actividad y la intención de no retirar la consulta previa de la etapa de exploración.

Igualmente señalaron que hay una excesiva demora en la aprobación de permisos y licencias para explorar, por parte del Estado. Es el caso de la declaración de impacto ambiental (DIA). Según el diario, en otros países como Chile o Canadá la aprobación de un DIA se hace en mucho menos tiempo que en el Perú.

“Pese a todo, los mineros visualizan un 2021 con mayor actividad exploratoria debido a que las compañías del sector han aprendido a manejar los protocolos sanitarios contra el COVID-19 y a que muchas de ellas están interesadas en acelerar la exploración para recuperar el tiempo perdido por la cuarentena en el 2020”[1], dice la referida nota.

La pregunta que nos debemos hacer es si el obstáculo principal para que se desarrollen nuevas exploraciones mineras es solo la “tramitología” como señalan los representantes del sector, o también tiene que ver con las deficiencias de las relaciones de algunas empresas con las comunidades donde operan, así como la falta de gestión de conflictos por parte de las autoridades gubernamentales. De la misma manera, las autoridades deben vigilar un estricto cumplimiento de protocolos para no exponer a los trabajadores mineros al contagio del coronavirus, de un sector que se precia de seguir altos estándares internacionales.

Como hemos señalado antes, hay regiones o localidades donde claramente la población ha optado por otro modelo de desarrollo, como es el caso del distrito de Tambogrande en Piura, o donde hay legítimas dudas y cuestionamientos a los estudios de impacto ambiental, como el caso del proyecto Tía María en el Valle de Tambo en Arequipa.

De cara a este proceso electoral que está en curso, es vital que se retome el tema de un nuevo pacto nacional sobre la minería, que tenga en el Estado peruano un real árbitro de las negociaciones y resolución de conflictos con la población ante eventuales tensiones. Así como los empresarios demandan mayor celeridad en los permisos y acción más efectiva del estado para atender las demandas de la población, estos deben tener más en cuenta que los cuestionamientos de las comunidades no son “agendas antimineras”, como se ha dicho en el pasado, si no el legítimo reclamo de la población a decidir su modelo de desarrollo, a verse beneficiadas de la explotación de estos recursos, así como a que se absuelvan todas sus dudas y temores sobre eventuales impactos socioambientales de los proyectos en sus territorios.

[1] https://elcomercio.pe/economia/dia-1/mineria-el-drama-de-la-busqueda-de-futuras-minas-en-el-peru-se-agota-el-pipeline-de-nuevos-proyectos-greenfield-brownfield-aptz-noticia/

04 de febrero de 2021