El sector más beneficiado con el Acuerdo de Escazú sería la pesca

Para Carmen Heck, Directora de Políticas de Perú Oceana, el sector más beneficiado con la implementación del Acuerdo de Escazú sería la pesca, que actualmente se encuentra retrasado en la implementación de los mecanismos para la transparencia y la participación ciudadana respecto a otros sectores productivos que también manejan recursos naturales. De acuerdo a lo […]

Para Carmen Heck, Directora de Políticas de Perú Oceana, el sector más beneficiado con la implementación del Acuerdo de Escazú sería la pesca, que actualmente se encuentra retrasado en la implementación de los mecanismos para la transparencia y la participación ciudadana respecto a otros sectores productivos que también manejan recursos naturales.

De acuerdo a lo señalado por Heck en su intervención en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, el sector pesca tiene un bajo desempeño en los aspectos que implican transparencia y participación. Así lo reflejó un estudio realizado por Oceana en el año 2017, en el cual el 95% de los más de 200 expertos del sector que fueron encuestados opinaron que la transparencia no se ejerce o se ejerce solo de manera parcial, esto puede deberse a que ni la Ley General de Pesca, ni su reglamento contienen disposiciones explícitas para asegurar transparencia o participación en los procesos de toma de decisiones.

Ese mismo estudio señaló que de los diez tipos de pesquería que cuentan con un reglamento de ordenamiento pesquero, siete tienen un bajo desempeño en certificar el acceso a la información no confidencial, nueve tienen un bajo desempeño en registrar el proceso público de toma de decisiones, ocho tienen un bajo desempeño en tener un proceso abierto y sistemático para evaluar las decisiones tomadas y ocho también tienen un bajo desempeño en contar con la participación de los grupos de interés en los procesos de toma de decisiones.

“Por ejemplo, el acceso de información científica es limitada, existe gran cantidad de información generada por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), que no está disponible a disposición del público de forma oportuna, organizada y en formatos accesibles. Lo mismo ocurre con la información sobre la gestión pesquera como volúmenes de desembarque, pagos de derechos de pesca, exportaciones, entre otros”, afirma Carmen Heck.

Cabe resaltar que la necesidad de fortalecer la transparencia y los mecanismos de participación en la gestión pesquera ha sido recomendada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la CEPAL, en la evaluación de desempeño ambiental del Perú del año 2016. Esta evaluación identificó como uno de los principales problemas la falta de información ambiental, específicamente la falta de lista de especies acuáticas amenazadas y planes de conservación de las mismas; a pesar de que existen estas listas para el espacio terrestre. Heck señala que a la fecha no se han hecho mayores mejoras.

“En este contexto la ratificación del Acuerdo de Escazú resultan necesarias e importante, ya que en virtud de este tratado se podría promover mejoras para asegurar el derecho de acceso a la información ambiental en temas pesqueros, que viene afectando los ecosistemas marinos, es necesario brindar información actualizada sobre el desempeño de la actividad pesquera  y el impacto de ésta sobre los recursos hidrobiológicos y el ecosistema marino de manera oportuna, organizada, sistematizada y además en formatos adecuados que permitan su reproducción y procesamiento. Información como los datos usados para estimar la biomasa de las especies, las cuotas de pesca, el inicio de las temporadas de pesca, información estadística sobre la pesca por especie y por puerto, así como indicadores de desempeño económico y eco sistémico, entre otros”.

Para Heck, la ratificación del Acuerdo permitiría generar información con la que hoy no contamos o no está actualizada, pero que resultan necesaria para determinar qué tan adecuada son las medidas de manejo pesquero vigente, como por ejemplo, los mencionados informes de los estados de las principales especies explotadas por la pesca artesanal, las listas de especies acuáticas amenazadas o el impacto de las artes de pesca que se practican actualmente dentro de las 5 millas marítimas, que son de uso exclusivo de la pesca artesanal.

Añade que de ratificarse el Acuerdo toda esta información que carece el sector pesca debería ser incluida en el Informe Nacional sobre el estado del ambiente, la misma que sería publicado en intervalos regulares que no deben ser mayores a los 5 años. Con el Acuerdo se debería establecer qué tipo de información se dan a conocer en los procesos de tomas de decisiones, la cual deberá ser de acceso público, para garantizar el derecho a la participación de los actores interesados, como pueden ser gremios empresariales pesqueros, la asociación de pescadores artesanales, los consumidores o estudiantes e investigadores de carreras afines entre otros, brindando credibilidad y mayor seguridad jurídica a las decisiones de manejo que afectan  a los recursos y a los ecosistemas marinos.

Una cuestión crítica en el sector pesca es que no hay mecanismos formales de participación en el proceso de toma de decisiones que registren y valoren adecuadamente la opinión de los diferentes actores interesados en la gestión pesquera, no se cuentan con espacios de diálogos formales para que los interesados sean parte del diseño de soluciones y sepan por qué se adoptan las medidas de manejo desde su etapa de elaboración.

“Actualmente solo se reciben comentarios del público en la etapa de pre publicación de proyectos normativos que contienen medidas de ordenamiento pesquero, como puede ser la aprobación de un reglamento de ordenamiento pesquero, es decir ya en la recta final del proceso. Sin embargo, incluso en esta etapa, no se llegan a conocer cuáles son los criterios ni los resultados sobre cómo se evalúan y valoran los aportes del publico recibidos. Con el acuerdo de Escazú se impulsaría, por un lado, el establecimiento de mecanismos de participación desde las etapas iniciales de los procesos de diseño, revisión o actualización, tanto de proyectos de inversión como de política , estrategias, programas y normas que tengan o puedan tener un impacto significativo en el ambiente marino y los recursos hidrobiológicos”, remarcó Heck.

16 de octubre de 2020