Coronavirus: incertidumbre y riesgos en un escenario de reactivación económica

En muchas décadas, ningún otro fenómeno global como el provocado por la pandemia del Coronavirus (COVID-19), ha generado tanta incertidumbre sobre la forma cómo se desarrollarán los eventos en el futuro. Tal vez la Segunda Guerra Mundial podría ser el ejemplo más cercano en el tiempo.

Nadie tiene claro cuándo acabará esta pandemia, cuánto estrago ocasionará de forma acumulada sobre la población, ni tampoco se pueden dimensionar sus impactos sobre la economía mundial y de los Estados nacionales. Lo concreto es que en los próximos meses (por lo menos hasta que se encuentre y desarrolle una vacuna, que puede durar un año o más), nuestra vida en sociedad ya no podrá ser llevada de la misma manera, y todavía se mantendrán muchas restricciones en reuniones públicas y el contacto entre las personas.

Las medidas de prevención/contención contra el COVID-19 que se seguirán aplicando durante los próximos meses, tienen que compaginarse de alguna manera, con la necesaria aunque paulatina reactivación de las actividades económicas. En el caso del Perú (y también en otros países), esta es una cuestión sobre la que diversas voces, principalmente desde el espectro político de derecha (conservadores y liberales), vienen ejerciendo cada vez mayor presión sobre el Gobierno. Su discurso plantea que una prolongada paralización generaría más daños a la población que el mismo COVID-19, aunque no puedan disimular que su mayor preocupación son las pérdidas que enfrentan sus negocios.

En un inicio de la emergencia sanitaria se establecieron ciertas exclusiones a determinadas actividades económicas para que pudieran seguir funcionando a pesar del estado de emergencia[1]. Dentro de esas actividades económicas excluidas estuvieron las actividades extractivas (minería, hidrocarburos), que bajo ciertas condiciones o restricciones se les ha permitido seguir operando (confinamiento). Sin embargo, y de acuerdo a diversos testimonios provenientes de las zonas de extracción minera, muchas empresas siguen realizando actividades en contacto con la población, movilizando personal cerca a las comunidades de sus zonas de influencia. Esta situación constituye un comportamiento poco responsable de las empresas al no acatar debidamente la cuarentena, y muestra las limitadas capacidades del Estado para supervisarlas adecuadamente y verificar que las acciones excepcionales autorizadas no generen un riesgo para sus trabajadores y la población que habita en las zonas cercanas a sus operaciones.

Resulta probable que en las próximas semanas se vayan flexibilizando estas laxas restricciones establecidas para las actividades extractivas, conforme se eliminen las mayores restricciones impuestas por la situación de emergencia. Sin embargo, este no será un retorno a la anterior normalidad, pues el riesgo de propagación del virus no se habrá eliminado. Esta situación plantea nuevas incertidumbres sobre los impactos que puedan tener la reactivación de estas actividades, que como se sabe, se desarrollan principalmente en entornos en los cuales habita población altamente vulnerable como son las comunidades andinas y amazónicas, pueblos indígenas del país. ¿Qué protocolos de seguridad y prevención se van a aplicar por parte de estas empresas extractivas? ¿Los protocolos que ha venido aplicando el Ministerio de Salud resultan suficientes para prevenir la generación de nuevos brotes del COVID-19? ¿De qué forma el Estado va a supervisar que las operaciones desarrolladas por estas empresas no puedan generar riesgos de contagio entre la población? Son preguntas que deben ser resueltas en los siguientes días. Como señala un reciente comunicado suscrito por 6 organizaciones indígenas de nivel nacional[2], es una gran preocupación para los pueblos indígenas del país la escasa información y difusión de las medidas de prevención del contagio adoptadas por el Gobierno para evitar que el COVID-19 se expanda sobre los pueblos indígenas.

El análisis planteado no solamente se aplica a los riesgos sanitarios, en el marco de la pandemia generado por el COVID-19, sino que también refiere a los riesgos de impactos ambientales que se podrían generar cuando la capacidad de fiscalización del Estado se encuentra disminuida. Ello podría agravar los riesgos que se produzcan emergencias ambientales o situaciones de contingencia que afecten al ambiente y a las poblaciones circundantes. De hecho, hace pocos días se produjeron dos derrames que han afectado la Amazonía: uno en Ecuador, cerca de la frontera con Perú, y el segundo en la Refinería de Iquitos[3].

Por tanto, el desfase que se podría generar entre la recuperación acelerada de las actividades extractivas -para recuperar el tiempo perdido- y las posibilidades que tiene el Estado de supervisarlas, podría agravar los problemas de gobernabilidad que ya existen en estos territorios, tomando en cuenta que muchas de estas zonas presentan situaciones de conflicto social.

Otro problema que vale la pena mencionar, es que, para atender una situación de emergencia o algún problema ambiental o social, se requeriría trasladar personal del Estado para verificar los hechos, lo cual podría generar algún tipo de riesgo de infección por el contacto que se va a generar con la población o con trabajadores de la empresa. No hay que olvidar que el COVID-19 tiene una fase asintomática pero que no impide los contagios. En ese sentido, los traslados de personas entre regiones van a requerir cuidados extremos para garantizar que estos no se encuentren infectados (se habla de que una persona tendría que estar 15 días sin síntomas antes de trasladarse a otras zonas del país). Por tanto, la inmediatez que requiere la atención de alguna emergencia o situación contigente por parte del Estado, estaría condicionada a la disponibilidad de funcionarios a los que se les haya hecho las pruebas de descarte. Ello en suma podría retrasar la intervención de los órganos fiscalizadores para atender estas situaciones, desprotegiendo aún más a las poblaciones de esas zonas. En consecuencia, cabría preguntar ¿qué protocolos de prevención respecto al COVID-19 se van a aplicar en este tipo de acciones del Estado? ¿Son los mismos que serán aplicados por las empresas extractivas?  ¿Se ha considerado formular algún protocolo específico para casos de emergencia o de atención inmediata? ¿Se ha considerado trabajar protocolos conjuntos con las poblaciones indígenas en sus zonas de vida y que recojan un necesario enfoque intercultural?

Interrogantes por doquier que deben comenzar a ser respondidas y que requerirán de un proceso quirúrgico muy fino por parte del Gobierno para encontrar un balance entre las necesidades de reactivación de la economía, y, de otro lado, las necesarias medidas de contención/protección contra el COVID-19 y la especial protección que requieren las poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas. A diferencia de otras posturas, como las de los presidentes de Brasil y Estados Unidos, pareciera que el Gobierno de Vizcarra ha tratado de establecer un adecuado equilibrio entre los actores públicos y privados. Esperemos que durante los siguientes meses no se vea sobrepasado por la creciente presión de los intereses empresariales, sacrificando la protección de la salud de la población, y particularmente de los sectores más vulnerables del país que habitan en las zonas de actividades extractivas.

 

[1] Mediante Decreto Supremo 040-2020-PCM

[2] Ver: http://cooperaccion.org.pe/organizaciones-sociales-de-pueblos-indigenas-y-o-originarios-exigen-medidas-ante-avance-de-covid-19/.

[3] Ver: https://www.oefa.gob.pe/oefa-informa-las-acciones-que-viene-realizando-ante-el-derrame-de-petroleo-ocurrido-en-la-frontera-ecuador-peru/ocac06/; https://www.oefa.gob.pe/oefa-supervisa-derrame-de-petroleo-en-la-refineria-de-iquitos-2/ocac06/.