Violaciones de derechos por empresas chinas en la mira de las Naciones Unidas

Una delegación de 11 organizaciones latinoamericanas de la sociedad civil, entre ellas CooperAcción, participa en la evaluación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas en Ginebra. Presentaron un informe que cubre 14 proyectos de inversión en 9 países, con 3 casos de mineras en Perú: Las Bambas, Marcona y Toromocho.

Con motivo de la tercera evaluación de la República Popular China (RPC) realizada por el CDESC este pasado febrero, las organizaciones miembros del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), entre ellas, CooperAcción, se hicieron presentes en Ginebra. Su propósito era solicitar al CDESC que recomiende a China el respeto, protección y cumplimiento de sus obligaciones extraterritoriales relacionadas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales contenidos en el Pacto DESC y otros instrumentos de la ONU  firmados y reconocidos por China, por parte de las empresas y bancos estatales y semiestatales chinos en el contexto de los proyectos con participación china en América Latina.

El pasado enero, CICDHA y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) presentaron al CDESC un informe que documenta los impactos de las actividades empresariales chinas en 14 proyectos promovidos en 9 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. El reporte demuestra vulneraciones a los derechos de pueblos indígenas, el derecho a la salud, al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la vivienda, derechos laborales, y varios derechos civiles y políticos, los cuales están protegidos por tratados, pactos y convenios de la ONU. Además, el reporte sostiene que «China es uno de los mayores inversionistas en América Latina y que tiene una enorme responsabilidad de evitar los efectos negativos de los proyectos en los que participan sus empresas o que son financiados por sus bancos”.

“Todos los proyectos analizados se encuentran ubicados en zonas de alta conflictividad social, gran diversidad ambiental y cultural, en particular en territorios indígenas; es por este motivo que la evaluación del Comité DESC es crucial para el futuro de las inversiones y el financiamiento chino en la región”, señaló Marco Antonio Gandarillas, de Latinoamérica Sustentable, organización miembro del CICDHA.

Con respeto a los tres casos peruanos incluidos en el informe, se constata diversas afectaciones de derechos. Por ejemplo, en el caso de la Unidad Minera Toromocho, la empresa Minera Chinalco Perú S.A. ejerció presión sobre las personas que se negaron a ser reasentadas en Nueva Morococha, como el corte del suministro eléctrico o limitaciones impuestas a la libertad de movimiento. En el nuevo centro poblacional denominado Nueva Morococha, cerca de 50% de la población reasentada se encuentra desempleada.

La empresa Shougang a manos de la mina Marcona ha enfrentado el mayor número de conflictos laborales en el marco de la gran minería en Perú, con 19 conflictos laborales desde 2012, y el mayor número de huelgas del sector de los últimos 20 años en Perú. En el contexto de la pandemia de Covid-19, los trabajadores de la mina Marcona fueron obligados a internarse entre 30 y 60 días sin otras opciones de alojamiento que carpas que agruparon hasta 20 trabajadores cada una, favoreciendo los contagios masivos. Dos decenas de trabajadores fallecieron por causas relacionadas al Covid-19.

El proyecto minero Las Bambas se caracteriza por el uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional de Perú (PNP) en el marco de contratos de seguridad privada con la empresa MMG. Cuatro personas fueron asesinadas por agentes de la PNP en el contexto de la represión a movilizaciones de comunidades en 2015 y 2016. También, más de 300 líderes y lideresas han sido investigados por el Ministerio Público, y 30 participantes de las manifestaciones de 2015 aún enfrentan juicios penales con penas de hasta 17 años de prisión.

Preocupación y sugerencias en Ginebra

En el marco del diálogo con representantes del Estado chino, que se efectuó el 15 de febrero en Ginebra, el presidente del CDESC, Michael Windfuhr, hizo eco de la preocupación de la sociedad civil al plantear las siguientes preguntas: 

“¿Qué tipo de reglamentación vinculante establece China para garantizar que las empresas estatales no sigan socavando los derechos humanos de la población en otros países? ¿De qué forma las víctimas de abusos de derechos humanos [por actores empresariales chinos que operan en el extranjero] pueden acceder a vías de recurso o mecanismos de quejas? ¿Cómo evalúan el impacto medioambiental, social y en los derechos humanos y cómo mitigan los riesgos y evitan los daños [del financiamiento y la cooperación internacional de China]?”

En las Observaciones finales del 03 de marzo de 2023, el CDESC acogió varias de las sugerencias hechas por el CICDHA y expresó su preocupación “por la insuficiencia de las obligaciones legales de las empresas bajo la jurisdicción del Estado parte para ejercer la debida diligencia en materia de derechos humanos” y recomendó a China que garantice que las empresas y bancos en el extranjero “rindan cuentas por las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, prestando especial atención a los derechos territoriales de indígenas y campesinos y el impacto ambiental… y que se establezcan mecanismos de seguimiento y control para investigar y sancionar sus actividades lesivas”.

El CDESC también le pidió a la RPC que asegure que las víctimas de abusos tengan acceso a mecanismos de denuncia eficaces y a una reparación adecuada. Además, instó a la RPC a tomar medidas, en particular con empresas de extracción de materias primas y construcción de infraestructura, “para garantizar la responsabilidad jurídica de las entidades empresariales… en relación con las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de sus actividades en el extranjero”.

Las recomendaciones del CDESC contribuyen a presionar a la RPC para que establezca mecanismos para supervisar, investigar y sancionar abusos de derechos humanos de las actividades empresariales y financieras chinas fuera del territorio chino. Además, buscan que la RPC dicte políticas que obliguen a las empresas y financistas chinas a adoptar medidas de reparación, resarcimiento y remediación de los impactos actuales y a establecer mecanismos de control para evitar impactos futuros.

“Lograr que el Comité recomiende que se reconozca la responsabilidad jurídica de empresas y los bancos chinos frente a los abusos a los derechos humanos derivados de su operación en el extranjero, no solo constituye un avance de protección en el marco de las inversiones chinas, sino también en la garantía de los derechos humanos en cualquier contexto del capitalismo transnacional”, señaló Sofía Jarrín, de Amazon Watch – Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, organización miembro del CICDHA.

El CICDHA saluda las observaciones finales del CDESC, y considera que los resultados de la evaluación constituyen un avance sustancial hacia una mayor responsabilidad de China para con la protección del ambiente y las comunidades locales.

16 de marzo de 2023