Una agenda pendiente para avanzar en el Plan de acción sobre empresas y derechos humanos

En un escenario marcado por el debilitamiento del marco normativo ambiental, el crecimiento descontrolado de las actividades extractivas formales e informales y la creciente criminalización de personas defensoras de derechos humanos, se realizó en Lima el Foro público de balance del Plan nacional de acción sobre empresas y Derechos Humanos (PNAEDH) 2021–2025.

El evento, realizado el 16 de julio de 2025 en el auditorio del Banco de alimentos de Lima, fue organizado por la Plataforma de la sociedad civil sobre empresas y Derechos Humanos (PSCEDH), con la coordinación de CooperAcción, Derechos Humanos Sin Fronteras y Perú Equidad. Este reunió a representantes del Estado, del sector empresarial, sindical, de pueblos indígenas y de organismos internacionales en un espacio de diálogo multiactor para reflexionar sobre los avances, desafíos y perspectivas de este instrumento de política pública.

Avances concretos, pero resultados limitados

El ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), representado por Diego Reátegui, presentó un balance general del plan. Señaló logros como la descentralización a cinco regiones, el desarrollo de materiales de capacitación y la incorporación del enfoque de derechos humanos en otras políticas públicas. No obstante, hasta julio de 2025 solo el 51,4% de las acciones han sido cumplidas; el 32,5% están parcialmente cumplidas y más del 15% permanecen sin ejecución o viabilidad.

Por su parte Lisbeth Loya (Proinversion) resaltó que, aunque el PNAEDH se basó en estándares internacionales (ONU, OCDE, OIT), su implementación enfrenta serias dificultades: escasa coordinación entre entidades, fragmentación normativa, falta de información estadística y poca apropiación del enfoque de «conducta empresarial responsable», especialmente entre las MyPimes.

Críticas desde los territorios

 Asimismo, Vidal Merma, vocero de defensores indígenas, denunció la falta de aplicación efectiva de mecanismos como la consulta previa, así como la expansión de concesiones mineras en zonas sensibles. Criticó además las leyes regresivas que profundizan el extractivismo, acusando al gobierno de complicidad con la impunidad empresarial. Concluyó reafirmando la resistencia de las comunidades y reafirmó que “sin derechos, no hay democracia”.

Participación empresarial y sindical: consensos y tensiones

Jenny Vento (CONFIEP) destacó avances a nivel del empresariado en la aplicación de la debida diligencia y diálogo multiactor, aunque sin profundizar en las responsabilidades frente a las afectaciones territoriales. Por su parte, Juan Pedro Chang (CUT) lamentó la falta de implementación del mecanismo de seguimiento del PNA y llamó a construir un proyecto nacional basado en trabajo decente, democracia y consenso.

Perspectiva desde Naciones Unidas

Jane Anttila, del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), valoró el PNA como una herramienta útil para fortalecer una cultura de derechos humanos en Perú. También valoró el carácter participativo del PNA y los avances en descentralización, remarcando que la debida diligencia debe adaptarse a los contextos locales. Llamó a fortalecer el diálogo multiactor y mantener el enfoque en las voces más afectadas.

Conclusión: hacia una empresa con derechos

En esa línea, Abel Gilvonio, director de CooperAcción, cerró el foro recordando que el PNAEDH nació como una herramienta construida desde las voces de las comunidades afectadas por prácticas empresariales. Advirtió que el contexto actual —marcado por violencia estatal y retrocesos normativos— exige una revisión crítica del plan, cuestionando si realmente ha logrado reducir vulneraciones en sectores como la minería y la agroindustria. Reafirmó el compromiso de la sociedad civil y planteó la necesidad de una ley nacional de debida diligencia obligatoria.

El foro evidenció la urgencia de revitalizar el PNA ante la falta de liderazgo estatal y el debilitamiento institucional. Desde CooperAcción y la PSCEDH se subrayó que los derechos humanos deben estar en el centro de cualquier modelo de desarrollo justo y democrático.