Tres años y aún no hay sentencia sobre mina que amenaza agua de Lima

Hoy, en el día mundial del agua, siguen en riesgo las fuentes de agua para diez millones de ciudadanos de Lima y Callao a causa del proyecto minero Ariana, ubicado en Junín. La concesión de este proyecto se superpone al sistema hídrico de Marcapomacocha y se ubica a 500 metros de distancia del túnel trasandino por el que pasa el 60% del agua que abastece a la capital. El Poder Judicial, hasta el momento, no ha dictado sentencia sobre la demanda presentada por ciudadanos de Lima en el año 2019 en contra de dicho proyecto.

La mina Ariana es un riesgo para la población de Lima y Callao. La posibilidad de que un evento imprevisto -como un sismo, lluvias intensas o un accidente- cause el colapso de la presa de relaves tóxicos significaría, muy probablemente, un corte del abastecimiento de agua potable para la capital del país y sus más de 10 millones de habitantes. Debido a que las presas donde se acumulan los relaves quedan emplazados en el lugar, el riesgo permanecerá por generaciones aún cuando la empresa minera ya se haya ido del país. Los informes de Sedapal, la empresa de agua potable de Lima y Callao, así como el informe técnico independiente presentado por el especialista internacional Steve Emerman (disponible aquí), demuestran que el riesgo existe.

La empresa a cargo del proyecto, Southern Peaks, también fue operadora de Compañía Minera Quiruvilca, proyecto ubicado en La Libertad. Durante sus años de operación, la unidad minera recibió diversas sanciones por parte del Oefa (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), y finalmente, cuando se acercaba el momento de cierre de operaciones, la mina fue vendida y luego abandonada por los nuevos propietarios, lo que ha causado que el río Moche sea declarado en emergencia ambiental por la contaminación con aguas ácidas provenientes de los relaves de Quirivulca. “El proyecto Ariana preocupa aún más cuando uno ve los antecedentes de la empresa”, puntaliza Jose De Echave, coordinador del Programa Nacional de CooperAcción.

El 2019, un grupo de ciudadanos de Lima, junto con el acompañamiento técnico y legal de CooperAcción y el Instituto de Defensa Legal (IDL) presentaron una demanda de amparo ante el sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima Centro. El año 2021, Sedapal solicitó ser incluido en el proceso judicial como demandante, lo que fue aceptado por el juzgado al ser parte interesada en la protección de las fuentes de agua para el abastecimiento de la capital. Pese a que hasta la fecha se han realizado tres audiencias y ya se han escuchado los argumentos tanto de la empresa como de la parte demandante, han transcurrido tres años y aún no hay sentencia.

Este caso muestra las persistentes amenazas al derecho al agua a causa de la expansión ilimitada del extractivismo, consideró De Echave. Frente a ello, es urgente avanzar en instrumentos pendientes para la protección de las fuentes hídricas, tales como la tantas veces postergada Ley de Ordenamiento Territorial y la delimitación de cabeceras de cuenca, consideró.

22 de marzo del 2022