Southern Perú pide licencia de uso de agua y avanza con construcción de Tía María

El escenario social en el Valle de Tambo por el proyecto minero Tía María se complejiza más a raíz de la información proporcionada por autoridades ambientales durante la Tercera Sesión Extraordinaria Descentralizada de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.

En la sesión realizada el martes, 26 de noviembre, de forma semipresencial en el distrito de Punta de Bombón, Arequipa, la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) reveló que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) le otorgó la autorización de inicio de obras de construcción a la empresa Southern Perú. De esta forma, el resultado es la convalidación de la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y pronto ocurrirá lo mismo con el segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS). Con estas autorizaciones, el proyecto de cobre tendría la carta libre para funcionar a pesar de no contar con aceptación social desde el año 2009.

Este anuncio se da en un momento clave debido a los dos recursos administrativos presentados por los defensores Miguel Meza y Roger Chirapo con el asesoramiento legal de la Red Muqui, Fedepaz y CooperAcción. Se trata del recurso de nulidad de la Resolución N°0328-2019-MINEM-DGM/V a través del cual se aprobó la construcción del proyecto de concesión de beneficio de Tía María, con fecha 10 de octubre del 2024, ante la Dirección General del Minem. El segundo, presentado el 16 de octubre ante el Senace, es un pedido de nulidad del procedimiento administrativo en trámite relativo a la evaluación del segundo ITS.

Sin embargo, la información brindada por el Senace en la sesión extraordinaria confirma que las gestiones hechas por la empresa Southern Perú primaron sobre las medidas administrativas de los defensores del Valle de Tambo en un contexto donde el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, recientemente censurado, ha respaldado el proyecto minero en un evidente conflicto de intereses. Lo mismo hizo la presidenta Dina Boluarte en sus apariciones públicas al buscar imponer un proyecto seriamente cuestionado.

A la reunión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología también participaron representantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Autoridad Nacional del Agua (ANA) y Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

A su turno, ANA comunicó que Southern Perú tiene 2 solicitudes de licencia de agua que se encuentran en evaluación preliminar, las cuales abarcan la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. Se espera la opinión técnica del Ministerio del Ambiente ante los posibles impactos ambientales que se generarían.

Sobre este tema, la jefa del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, Lizbeth Hernaní Aldube, expresó que los puntos de captación de agua que pide Southern Perú se ubican dentro de la zona de amortiguamiento (área adyacente a los límites de cada Área Natural Protegida del SINANPE).

Como era de esperarse, la Junta de Usuarios del Valle de Tambo se opone a las solicitudes de licencia de uso de agua de la empresa ante el temor que pueda generar impactos negativos el proyecto sobre las fuentes hídricas que son la base para la producción agrícola. Esta defensa por el agua y la agricultura es el símbolo de lucha de este valle agrícola que se ha mantenido firme a lo largo de estos años, puesto que cada gobierno de turno ha presionado para poner en marcha el proyecto minero bajo la lógica de priorizar las inversiones mineras antes que respetar la voluntad popular y proteger las formas y modos de vida de los territorios. 

Por ello, a solicitud de los representantes del Valle de Tambo, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología desarrolló esta sesión descentralizada con la asistencia de los parlamentarios Guillermo Bermejo (presidente de dicha comisión) y Jaime Quito, y los voceros Miguel Meza, Roger Chiparo y Marilú Marroquín León, expresidenta de la Junta de Usuarios de Mejía, provincia de Islay, y población en general.

Los voceros describieron el estado actual del proyecto minero, el rechazo contundente de la población durante más de una década y las medidas administrativas iniciadas ante el Senace y Minem. También el público solicitó la palabra, aunque no llegó a tener la autorización para expresarse. Al finalizar la reunión descentralizada, el descontento ciudadano fue evidente. (Tomado de Red Muqui)