Sociedad civil se pronunció en contra de fusión de instituciones ambientales

La sociedad civil organizada y personalidades suscribieron el 16 de agosto un pronunciamiento donde expresaron su rechazo ante el pretendido recorte de la institucionalidad ambiental y la fusión de entidades ambientales como SENACE, ANA, SERFOR y SERNANP.

El último 4 de agosto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) refirió en medios de comunicación una serie de propuestas perjudiciales para la institucionalidad ambiental en el marco del discurso de impulso a la reactivación económica nacional. La principal propuesta es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), autoridades que, entre otras importantes funciones, emiten opiniones técnicas vinculantes para las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión. Tras dicha fusión, el organismo ya no estaría adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM) sino directamente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Además, se propone un sistema renovado del Informe Técnico Sustentatorio (ITS).

El 14 de agosto, en el diario La República, se mencionó que el Poder Ejecutivo “ha recibido a bien” la iniciativa privada para que las funciones de la ANA, el SERNANP y el SERFOR sean “absorbidas” por el SENACE, dentro de la PCM, algo que en la práctica significaría la desaparición de estas instituciones. El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, dijo en junio que su despacho trabaja para reducir 21 trámites ligados a la certificación ambiental.

Recordemos que existe una Estrategia de Coordinación Interinstitucional (ECI) que reúne al SENACE, ANA, SERFOR y SERNANP, y que el SENACE ya venía reforzando sus procesos con lineamientos y procedimientos. Sin embargo, estas propuestas de fusión afectarían la institucionalidad de organismos que tienen competencias propias y complementarias mayores a ser opinantes técnicos, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

A esto se suma que el pasado 30 de mayo se publicó el Decreto Supremo N° 006-2023-MINAM, cuya Cuarta Disposición Complementaria Final señala que las disposiciones del DS 004-2022-MINAM (referidas al Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental – PUPCA) serán aplicadas recién el 1 de enero de 2025. Esto implica en la práctica la suspensión de la normativa por más de 19 meses.

En ese sentido, las acciones y propuestas del sector privado y del Gobierno conllevarían al debilitamiento de la institucionalidad ambiental porque reducen las funciones del MINAM como ente rector de dicho sector, así como del SNGA y SEIA, en vez de impulsar procesos de evaluación ambiental sólidos y fortalecer las capacidades de las autoridades para que ello contribuya a dar predictibilidad a los procedimientos.

Para los firmantes, queda claro que este es otro intento de golpe a la institucionalidad ambiental, pues busca flexibilizar los procedimientos ambientales de acuerdo a los intereses privados, sin considerar que ello podría generar mayores conflictos socioambientales por la falta de procesos transparentes y de participación ciudadana. Por ello, alertaron sobre el grave retroceso que significaría el avance de esta propuesta, pues conlleva la desaparición de diversas autoridades ambientales, cuya creación representó un paso clave para la gobernanza ambiental en el país, además de ir en contra de los esfuerzos del Perú para su acceso a la OCDE.

Por las razones expuestas, las organizaciones firmantes exigen que la PCM desestime las propuestas realizadas por la SNMPE, porque conllevan la eliminación de las autoridades ambientales y vulneraría la imparcialidad de los procesos de certificación, lo que afectaría los derechos colectivos de pueblos indígenas y los procesos de participación de la ciudadanía en general.

Asimismo, que el MINAM desestime dichas propuestas como ente rector en el marco de nuestra normativa nacional, así como frente al respeto de compromisos ambientales internacionales e incluso tratados comerciales que incluyen un capítulo ambiental, como el Tratado de Libre Comercio del Perú con Estados Unidos y el Acuerdo Comercial Perú – Unión Europea, entre otros. Finalmente, demandaron al Ejecutivo, en especial a los sectores involucrados, que asuman una posición coherente para combatir la corrupción y velar por las poblaciones vulnerables, así como una correcta política de mejora de la gestión ambiental de las inversiones mediante un debate amplio que no solo involucre al sector empresarial, sino también a la sociedad civil, pueblos indígenas y población local organizada.