Sigue el estado de emergencia en Las Bambas (Boletín AMP #232, Octubre 2018)

Sigue el estado de emergencia en Las Bambas

Una vez más, el Gobierno ha decidido prorrogar el estado de emergencia en la zona impactada por las actividades de la empresa minera Las Bambas. El 24 de octubre se emitió un nuevo Decreto Supremo que prorroga esta medida de excepción por otros 30 días, suspendiendo las garantías constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.Sin embargo, en esta oportunidad la medida ya no afectará a todo el corredor minero, como había venido ocurriendo reiteradamente desde febrero de este año. El Decreto Supremo Nº 105-2018-PCM señala que el estado de emergencia se aplicará “en parte del Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, desde el kilómetro 130 (Ref. Sector Muyu Orcco) hasta el kilómetro 160 (Ref. Sector Tiendayoc), de la Ruta Nacional PE-3SY, que comprende el distrito de Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención”.

FOTO: AMÉRICA TV

Según un análisis del área de Geografía y Ambiente de CooperAcción, esto se refiere al área donde se ubica el fundo Yavi Yavi, donde la comunidad campesina de Fuerabamba protagonizó una protesta en agosto. Los comuneros y comuneras reclaman que la carretera utilizada para el transporte minero de la empresa MMG Las Bambas ha sido construida sobre tierras de propiedad comunal.La enésima declaratoria de estado de emergencia en esta zona, una situación que se viene repitiendo una y otra vez desde el 2016, pone en cuestión la gobernabilidad de un megaproyecto minero como Las Bambas. ¿Es acaso que este proyecto solo se puede llevar a cabo restringiendo los derechos ciudadanos? Tanto la empresa como el gobierno requieren replantear esta situación y buscar caminos para una gobernabilidad democrática del proyecto, que respete los derechos de la ciudadanía. Para ello, es indispensable afrontar y resolver la agenda legítima de demandas que se encuentran pendientes, en particular lo referido a los impactos de la carretera.