Sentencian al Estado peruano a reparar a víctimas de contaminación en La Oroya

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido una sentencia histórica en el caso La Oroya, declarando la responsabilidad del Estado peruano por graves violaciones a los derechos al medio ambiente sano, la salud, la vida, la integridad personal, entre otros.

Después de más de 20 años de lucha, se reconoce el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación. La contaminación del aire y el agua en La Oroya ha sido un problema de larga data que ha afectado la calidad de vida de sus habitantes, y esta sentencia marca un paso importante hacia la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en la región y el mundo.

De acuerdo a la sentencia, se señala al Estado peruano como responsable por perjuicios causados a un grupo de ciudadanos de La Oroya por la contaminación realizada por una empresa minera en la ciudad. Asimismo, es responsable por la violación de los derechos al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida y la protección a la niñez.

La sentencia indica que el Perú deberá pagar una reparación por daños materiales e inmateriales a los afectados y elaborar un plan para la reubicación de los ciudadanos de La Oroya que así lo deseen.

El Estado Peruano tiene un año de plazo para entregar un informe al Tribunal de la Corte IDH donde explique las medidas que se adoptaron para cumplir con la sentencia.

La denuncia indica que la falta de fiscalización y supervisión del Perú permitió que la actividad minera desarrollada en la región genere altos niveles de contaminación que impactaron en la salud de los ciudadanos.

Entre otros puntos a destacar, se señala que el Estado debe brindar gratuitamente y por el tiempo necesario el tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico, en caso de ser requerido, de las víctimas de violaciones al derecho a la salud, integridad personal y vida digna, de conformidad con lo establecido en el párrafo 338 de la sentencia.

En esa línea, deberá garantizar que los habitantes de La Oroya que sufran síntomas o enfermedades relacionadas con la exposición a contaminantes cuenten con un sistema de atención médica especializada.

El Estado deberá adoptar y ejecutar medidas para garantizar que las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya se realicen conforme a los estándares ambientales internacionales, y de conformidad con la legislación nacional. Además, deberá realizar medidas de compensación ambiental y garantizar que los titulares mineros ejecuten sus actividades atendiendo a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y los Principios Marco sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente.

Otro de los puntos destacables es que el Estado deberá implementar un programa de capacitación para funcionarios judiciales y administrativos que laboren en el Poder Judicial y en las entidades con competencias en el sector de la gran y mediana minería en el Perú.

Además, el Estado deberá diseñar un sistema de información que contenga datos sobre la calidad del aire y agua en las zonas del Perú donde exista mayor actividad minero-metalúrgica.

Sobre esto caso, y la exposición y afectación de poblaciones por metales tóxicos, aún hay mucho trabajo por hacer, pero este fallo es un importante avance en la búsqueda de justicia para la población de La Oroya.