¿SE ANUNCIA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO TÍA MARÍA?

Al cierre de esta edición, la empresa Southern Perú anunció la cancelación del proyecto Tía María. «Estamos obligados a denunciar al país este terrorismo antiminero porque siendo grupos totalmente minoritarios usan la violencia para chantajear a la mayoría que está a favor del proyecto y del desarrollo», dijo Julio Morriberón, representante de la empresa.

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Sin embargo, en conferencia de prensa, la propia ministra de Energía y Minas, declaró  que el funcionario de la empresa había exagerado. En todo caso, todo indica que se inicia un proceso de negociación entre las autoridades peruanas y la empresa minera. Como se sabe, el proyecto Tía María recibió en agosto del 2014 la aprobación de su segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual considera el uso de agua del mar desalinizada del proyecto.

Lo cierto y pese a lo que afirma el funcionario de la empresa, el proyecto nunca tuvo la aceptación de la población. No está de más recordar que el 29 de octubre del año 2009, se realizó una consulta popular en los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia, en la que alrededor del 90% de los participantes se manifestaron en contra del proyecto minero. La consulta fue una respuesta a la presentación del primer Estudio de Impacto Ambiental (junio 2009).

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue revisado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS) que presentó más de un centenar de observaciones. En medio de críticas al EIA, enfrentamientos, convulsión social y habiéndose producido tres muertes y decenas de heridos, el Ministerio de Energía y Minas decidió -mediante resolución directorial de fecha 8 de abril de 2011-, declarar inadmisible y rechazar el EIA del proyecto Tía María. Eran los últimos meses del gobierno de Alan García.

Dos años después, la empresa Southern Perú, presentó un nuevo EIA, sobre la base del anterior, actualizando información y agregando nuevos componentes, como el tema de la desalinización. Se afirmó que para el nuevo EIA se había recogido las observaciones realizadas; sin embargo, lo que se puede apreciar, a partir de la información analizada, es que esto ocurrió solo en parte.

Una revisión del nuevo EIA hecha por el equipo técnico del Observatorio de Conflictos Mineros, identificó las siguientes ausencias:

–       Un análisis de las características hidrogeológicas de la zona que involucra el proyecto minero (Tía María y La Tapada), utilizando instrumentos de percepción remota, para que se pueda contar con una lectura del subsuelo, de la estructura geología, de los elementos relacionados a los acuíferos y agua subterránea, así como de las direcciones de los flujos de los cuerpos de agua subterráneos.

–       Sería importante contar con estudios sobre la resistencia de la roca madre y de la estructura geológica, las cuales estarán expuestas constantes voladuras en el proceso de la expansión de los tajos para la remoción del material del cual se extraerá el mineral. Para ello habría que tomar en cuenta el tiempo durante el cual la geología estará sometida a explosiones y los impactos que esto podría ocasionar a la roca madre y la estructura geológica.

–       Como la información sobre la ubicación del depósito de desmonte y de la planta de chancado primario se presenta tardíamente, y considerando que estaría próxima al río Tambo y al canal existente, se requiere de un análisis sobre la pertinencia de esta ubicación, pues de ello dependerá la dimensión de ciertos impactos.

Finalmente, en el proceso electoral del año pasado, se eligieron como alcaldes -en los distritos de influencia directa del proyecto- a connotados representantes del frente de defensa del Valle del Tambo. La elección fue un claro indicador de la opinión de la población sobre el proyecto.

Por lo tanto, la revisión de los principales acontecimientos, en estos casi seis años de accidentada relación, muestra que el proyecto Tía María generó desde un inicio temores, oposición de la población y lo cierto es que en la actualidad sigue sin contar con lo que las propias empresas denominan como la necesaria licencia social para operar.