San Ignacio en riesgo por minería ilegal

La minería ilegal del oro se expande en las provincias cafetaleras de Jaén y San Ignacio en Cajamarca poniendo en riesgo el agua, los cultivos agrícolas y la tranquilidad social entre sus habitantes.

Las organizaciones sociales, comunidades, la Iglesia y las rondas campesinas advierten que el crecimiento de la actividad criminal ocasiona enfrentamientos entre bandas y defensores del territorio

Según informes periodísticos como los de Ojo Público habría varios sectores involucrados en estas cadenas criminales que incluyen redes familiares, empresarios extranjeros e integrantes de la Policía.

A consecuencia de la presencia de estos actores, el 25 de abril un grupo de ronderos fue atacado por hombres armados mientras realizaban una movilización pacífica, dejando heridos y personas amenazadas de muerte.

Según precisiones de la Pastoral Social del Vicariato Apostólico “San Francisco Javier”, hay 36 denuncias judiciales contra ronderos y defensores ambientales, interpuestas por personas y empresas vinculadas a la minería informal e ilegal.

El arzobispo metropolitano de Trujillo y administrador apostólico del Vicariato de Jaén, Mons. Alfredo Vizcarra Mori S.J, alertó entonces: “No estamos jugando. Aquí están en riesgo vidas humanas y un modo de vida en armonía con la naturaleza”.

Ante este panorama, se convocó a nuevas marchas pacíficas con la presencia de las rondas campesinas, organizaciones sociales, cooperativas cafetaleras, autoridades y ciudadanía de Jaén.

La minería ilegal se concentra en las cuencas de los ríos Chinchipe y Tabaconas, principales afluentes del Marañón, de los que dependen comunidades para el consumo humano, la agricultura y la ganadería.

En comunidades de Jaén y San Ignacio como Ticungue, Zapotal, Moreros y Nueva Esperanza las excavadoras operan a plena vista sobre territorios comunales.

Las empresas mineras también representan un riesgo para cabeceras de cuenca que dan vida a cultivos de café como en Huaquillas donde opera la empresa Real Minera.

Se estima que los distritos más afectados son Huarango, San José de Lourdes y Namballe (en la frontera con Ecuador) y, en Jaén, Bellavista y Santa Rosa, donde se han constatado operaciones activas de maquinaria pesada en los cauces del río Chinchipe.

El avance de la minería ilegal ha traído consigo violencia, trata de personas y prostitución, especialmente en los distritos ribereños del río Chinchipe, como Santa Rosa, Huarango, José de Lourdes y Namballe.

Habitantes locales denuncian la llegada de trabajadores y operadores provenientes de Madre de Dios, Colombia, Ecuador, Venezuela y de empresas peruanas vinculadas a estas actividades ilícitas. (Con información de Ojo Público, Red Muqui y Servindi)