Sala de Apelaciones revisará caso de líderes procesados por protestas contra Las Bambas

A mediados de octubre se supo que el Juzgado de Tambobamba ha admitido el recurso de apelación presentado por la defensa legal de un grupo de defensores y defensoras ambientales procesados por participar en protestas contra el proyecto minero Las Bambas en las provincias de Cotabambas y Grau, en la región Apurímac.

Entre los imputados están Virginia Pinares Ochoa, Rodolfo Abarca Quispe, Ronald Andrés Bello Abarca, Juan Pablo Cconislla Gallegos y otros, quienes enfrentan cargos por disturbios y daños agravados.

Estos dirigentes han sido investigados desde el año 2015 por su rol en las protestas contra la modificación inconsulta del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas, que derivó en un paro indefinido y la posterior represión policial violenta que dejó tres fallecidos. La defensa insiste en que los derechos fundamentales de los acusados han sido vulnerados.

Por su parte Esteban Macce, abogado defensor de los dirigentes e integrante del programa andino de CooperAcción, explicó que el juzgado de Abancay ha ordenado remitir todo el cuaderno del proceso para ser revisado por la Sala de Apelaciones.

“Esto implica que el caso será evaluado por jueces de segunda instancia, quienes podrían reconsiderar las decisiones previas,” comentó Macce.

Adicionalmente, Macce destacó que junto con el abogado David Velazco de la organización Fedepaz, presentaron un recurso para el cierre del juicio, argumentando que el proceso ha excedido los plazos legales, superando los 60 días sin sentencia. Aunque este recurso fue declarado improcedente, ambos han apelado con la esperanza de que se reconsidere dicha decisión en instancias superiores.

La defensa también ha subrayado que estas acciones son fundamentales para garantizar que se respeten los derechos de los imputados y que el proceso judicial se ajuste a los principios de justicia y debido proceso.

Este caso resulta emblemático por los años que está tomando, y muestra cómo desde el Estado y las empresas mineras se busca la persecución y criminalización de los defensores del ambiente por reclamar por sus derechos ante las industrias extractivas.