Ríos contaminados en La Libertad: cianuro, metales tóxicos y ausencia del Estado

La presencia de cianuro y otras sustancias altamente tóxicas en las cuencas Perejil, Chuyugual y Caballo Moro —zonas que abastecen de agua a La Libertad, Cajamarca y Áncash— ha encendido nuevamente las alarmas sobre la crisis ambiental que enfrenta el norte peruano. Un reciente estudio elaborado por AMAS Marianistas junto a Red Muqui, basado en más de 20 años de monitoreo comunitario, reveló niveles de contaminación que superan los Estándares de Calidad Ambiental y que ya comprometen la salud de las personas, la ganadería, la agricultura y la biodiversidad acuática.

Este fue el eje del programa de esta semana de La Hora Verde, que contó con la participación de Victoria Fernández, rondera campesina de la provincia de Santiago de Chuco y defensora ambiental; Deysi Alcántara, representante de la Coordinadora de Organizaciones de Base en Defensa del Agua de Santiago de Chuco; y Manuel Hora, miembro del equipo técnico investigador de AMAS Marianistas.

Desde Santiago de Chuco, Victoria Fernández señaló que la población viene alertando desde hace años la degradación del agua, pero las denuncias han sido ignoradas por las autoridades. Recordó que ya en 2011 empezaban a detectarse alteraciones en las lagunas y riachuelos que abastecen a la zona. “Hemos encontrado resultados adulterados, metales tóxicos, ríos muertos. Y aun así, la OEFA y la Fiscalía ambiental no atienden nuestras demandas”, afirmó.

Fernández explicó que las comunidades han formado comités de vigilancia y monitores ambientales que registran sistemáticamente los cambios en el agua. Pese a ello, dijo, el Estado continúa otorgando concesiones sin consulta previa y sin evaluar la fragilidad de las cabeceras de cuenca. “Pedimos que respeten nuestros derechos y que nos escuchen. Defender el agua es defender la vida”, concluyó.

Por su parte, Deysi Alcántara destacó que la presentación del informe confirma lo que las comunidades han venido advirtiendo: la minería —formal, informal e ilegal— está causando un daño profundo y sostenido en las fuentes de agua. “La presencia minera no significa progreso, significa intoxicación y muerte lenta para la población y para la agricultura”, sostuvo.

Alcántara denunció además la indiferencia del Estado y la complicidad institucional que permite que empresas ingresen a cabeceras de cuenca sin consultar a la población. Recordó que, pese a ordenanzas y movilizaciones, como el paro provincial de 2020, la autoridad nacional del agua (ANA) y el gobierno local no han protegido el territorio. “Las leyes se están haciendo para las empresas, no para la gente. Por eso nos organizamos: para defender nuestro derecho a vivir”, afirmó.

En tanto, Manuel Hora, investigador de AMAS Marianistas, explicó que el monitoreo ambiental comunitario comenzó en 2005, antes del ingreso del proyecto Lagunas Norte. Esa primera línea de base mostraba agua saludable, con problemas únicamente bacteriológicos. Sin embargo, con el avance de la actividad minera, especialmente en la cuenca Chuyugual, empezaron a detectarse sulfatos, nitratos, metales pesados y, más recientemente, cianuro en sus distintas formas.

“Los puntos donde hallamos estos contaminantes están geográficamente vinculados a las operaciones mineras”, indicó Hora. Señaló además que los análisis fueron realizados en laboratorios acreditados y que los resultados son replicables y válidos científicamente. “No somos antimineros: queremos minería con justicia social. Pero el Estado debe esclarecer responsabilidades y reconocer el trabajo de vigilancia ambiental que nace desde la sociedad civil.”

En sus reflexiones finales, los tres participantes coincidieron en que esta contaminación es resultado directo de una ausencia estructural del Estado, que ni fiscaliza ni garantiza derechos. Subrayaron que lo hallado en estas cuencas no es un caso aislado, sino parte de un patrón que se repite en diversas regiones del país, donde la presión extractiva se impone sobre la salud y el territorio.

La Hora Verde dejó un mensaje claro: si el Estado continúa desatendiendo las alertas científicas y la voz de las comunidades, la crisis hídrica y alimentaria en el norte peruano podría volverse irreversible. Defender las cabeceras de cuenca es hoy una urgencia ambiental, sanitaria y democrática.

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