Repsol se reunió con congresistas para evitar una acusación

En una nota del diario La República de hoy, se denuncia que la empresa Repsol, mediante una empresa consultora, se habría reunido con un congresista del fujimorismo y otros parlamentarios para evitar que avanzara una investigación en una comisión especial del Congreso.

Imagen: Limay.pe

Según la denuncia, el congresista de Fuerza Popular Arturo Alegría García, quien se opuso a la aprobación del informe de investigación del Congreso que responsabiliza a Repsol por el derrame de petróleo en Ventanilla, se reunió previamente con una persona de la empresa consultora Llorente y Cuenca (LLyC), que hacía cabildeo o lobby a favor de la compañía española.

Llorente y Cuenca habría distribuido una “ayuda memoria” entre los congresistas, en la que sostiene que la comisión que presidió la legisladora Margot Palacios, de Perú Libre, emitió un informe “sesgado” por “razones ideológicas”. El diario La República confirmó que Repsol contrató a Llorente y Cuenca para que manejara la crisis que estalló luego del derrame de petróleo en Ventanilla.

El informe al que se refería Llorente y Cuenca atribuye a Repsol el deficiente manejo del vertido de petróleo frente a las costas de Ventanilla, “ocasionando un daño irreparable a la ecología y a la biodiversidad del área geográfica que ha sido contaminada en su mayor plenitud”.

El 15 de septiembre, cuando el informe estuvo en la agenda del Pleno del Congreso para su debate y aprobación, Arturo Alegría, interpuso una cuestión previa con los mismos argumentos de Repsol y propuso que el documento regrese a la comisión.

“Es una lástima que cuando se emite un informe este venga cargado de un sesgo político e ideológico”, fueron las palabras del congresista Alegría. Con 60 votos a favor y 42 en contra, la mayoría congresal respaldó la cuestión previa de Alegría.

El documento de Llorente y Cuenca alegaba que el informe de la comisión del Congreso es “ideológico”, porque “Perú Libre es un partido de izquierda con un marcado discurso antiempresarial, que busca caracterizar a las grandes empresas como enemigas de la ciudadanía”.

El informe de la consultora está firmado por Paola Fune Zambrano, en ese entonces fue directora senior de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca. Ella se reunió con el congresista fujimorista Arturo Alegría. El congresista fujimorista aceptó que se reunió con Llorente y Cuenca. Pero negó haber conversado sobre el caso de Repsol. Luego se supo que Paola Fune fue ascendida.

Otro de los legisladores visitados por Llorente y Cuenca fue el congresista fujimorista Nano Guerra García, aunque dijo que no le hablaron del tema de Repsol. Sin embargo, votó para que no se debata el informe de investigación y regrese a la comisión. Paola Fune también visitó a congresistas de otras bancadas, como José Cueto Aservi, de Renovación Popular, quien aceptó el encuentro con Llorente y Cuenca.

La empresa Repsol expresó a La República que no daría declaraciones sobre el caso. Mientras que Llorente y Cuenca manifestó que ofrecería su versión cuando lo creyera conveniente.

Preocupación de los afectados

Las organizaciones de la sociedad civil. como CooperAcción, que vienen acompañando a las y los afectados por el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero de este año, expresaron su preocupación ante la indolencia de los congresistas ante la afectación que siguen padeciendo cientos de familias producto del derrame.

Recordemos que los afectados por el derrame de zonas como Ventanilla, Ancón, Aucallama y Chancay, sobre todo de actividades como la pesca artesanal, el comercio de pescado, restaurantes y negocios turísticos, siguen preocupados puesto que la empresa Repsol les ha dado algunos aportes económicos que no cubren ni reemplazan sus ingresos interrumpidos por el derrame.

La preocupación es mayor ante la falta del reporte oficial que el Estado debe emitir determinando el valor económico de los daños sociales, humanos y a los hábitats impactados. Según los afectados, esta situación de lentitud del Estado juega favorablemente a la empresa, que estaría recurriendo a arreglos definitivos con algunas organizaciones de afectados, principalmente de comerciantes, sombrilleros y golosineros, es decir, trabajadores afectados cuyo empleo no depende directamente de los hábitats severamente dañados. 

Hasta el momento las organizaciones de pescadores han rechazado esta estrategia de arreglo extrajudicial iniciada por la empresa al considerar que sin el reporte oficial del valor económico de los daños es imposible determinar el monto real de la indemnización. Asimismo, los pescadores reclaman la restitución de los ecosistemas dañados, ya que consideran que la actividad pesquera ha quedado en serio riesgo de desaparecer si los hábitats no se recuperan en el corto plazo. Preocupación e incertidumbre es lo que se respira en las zonas afectadas. Y el Estado no actúa como debe, señalan.

02 de noviembre de 2022