Rechazan avance del proyecto Coroccohuayco y exigen presencia inmediata de autoridades en Espinar

Las comunidades campesinas originarias, barrios y organizaciones sociales del distrito de Pallpata, en la provincia cusqueña de Espinar, expresaron públicamente su rechazo al proceso de aprobación de la segunda modificación del Estudio de impacto ambiental (MEIA) del proyecto de expansión Antapaccay – Coroccohuayco (Glencore Antapaccay). El proyecto, que consiste en dos nuevos tajos a cielo abierto, estaría listo para iniciar operaciones el año 2029.

El pronunciamiento está dirigido al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), al Gobierno Nacional y al país, y ha sido firmado por las comunidades de las cuencas Qhapac Ñan y Alto Río Salado, el Frente Ganadero, el Frente Único de Defensa de los Intereses del Distrito de Pallpata (FUDIDP), la FEDICAP y el Comité de Lucha del Distrito de Pallpata. Se cuestiona que el SENACE pretenda aprobar la segunda MEIA sin haber considerado como área de influencia directa ambiental y social a las comunidades del distrito. Señalan que la comunidad vive frente a los futuros tajos donde se desarrollaría la explotación de Coroccohuayco y que, pese a ello, han sido excluidas del estudio de impactos, lo que —afirman— los pone en riesgo.

Asimismo, denuncian la falta de información clara y transparente sobre los impactos reales que tendría el proyecto, el cual, según advierten, duplicaría la magnitud de la actual operación de Antapaccay. Las organizaciones sostienen que hasta la fecha no se ha realizado un proceso adecuado de socialización que permita conocer con claridad las afectaciones ambientales y sociales.

En ese sentido, las comunidades exigen que la empresa minera elabore un nuevo Estudio de impacto ambiental detallado, que incluya una nueva línea de base y respete los estándares nacionales e internacionales sobre participación ciudadana, consulta previa y acceso a la información. Recuerdan que el Estado peruano tiene la obligación de garantizar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y demandan ser reconocidas como zona de influencia directa social y ambiental.

El pronunciamiento también condena los presuntos daños a la salud, la vida y el medio ambiente, atribuidos a la actual operación minera. Las comunidades citan informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del CENSOPAS que darían cuenta de la presencia de metales pesados en la población, una situación que —advierten— podría agravarse con la explotación a tajo abierto y subterránea en la zona de Coroccohuayco.

Ante este escenario, las organizaciones solicitan la suspensión inmediata del trámite de aprobación de la segunda Modificación del Estudio de impacto ambiental (MEIA) hasta que se resuelva el conflicto socioambiental en la provincia de Espinar. Además, otorgaron un plazo de 72 horas para que una comisión de alto nivel del Estado, encabezada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) e integrada por ministros competentes y representantes de SENACE, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y OEFA, se haga presente en el distrito de Pallpata. Advirtieron que, de no concretarse la visita, no se responsabilizarán por las acciones sociales que puedan emprender, señalando como responsables al Estado y a la empresa minera.

Finalmente, el distrito de Pallpata ratificó la decisión de mantener una lucha firme frente a lo que consideran injusticias y abusos, reafirmando su compromiso con la defensa de la salud, la vida y el medio ambiente, en resguardo del bienestar y desarrollo de las futuras generaciones.

1. Rechazan avance del proyecto Coroccohuayco y exigen presencia inmediata de autoridades en Espinar

Las comunidades campesinas originarias, barrios y organizaciones sociales del distrito de Pallpata, en la provincia cusqueña de Espinar, expresaron públicamente su rechazo al proceso de aprobación de la segunda modificación del Estudio de impacto ambiental (MEIA) del proyecto de expansión Antapaccay – Coroccohuayco (Glencore Antapaccay). El proyecto, que consiste en dos nuevos tajos a cielo abierto, estaría listo para iniciar operaciones el año 2029.

El pronunciamiento está dirigido al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), al Gobierno Nacional y al país, y ha sido firmado por las comunidades de las cuencas Qhapac Ñan y Alto Río Salado, el Frente Ganadero, el Frente Único de Defensa de los Intereses del Distrito de Pallpata (FUDIDP), la FEDICAP y el Comité de Lucha del Distrito de Pallpata. Se cuestiona que el SENACE pretenda aprobar la segunda MEIA sin haber considerado como área de influencia directa ambiental y social a las comunidades del distrito. Señalan que la comunidad vive frente a los futuros tajos donde se desarrollaría la explotación de Coroccohuayco y que, pese a ello, han sido excluidas del estudio de impactos, lo que —afirman— los pone en riesgo.

Asimismo, denuncian la falta de información clara y transparente sobre los impactos reales que tendría el proyecto, el cual, según advierten, duplicaría la magnitud de la actual operación de Antapaccay. Las organizaciones sostienen que hasta la fecha no se ha realizado un proceso adecuado de socialización que permita conocer con claridad las afectaciones ambientales y sociales.

En ese sentido, las comunidades exigen que la empresa minera elabore un nuevo Estudio de impacto ambiental detallado, que incluya una nueva línea de base y respete los estándares nacionales e internacionales sobre participación ciudadana, consulta previa y acceso a la información. Recuerdan que el Estado peruano tiene la obligación de garantizar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y demandan ser reconocidas como zona de influencia directa social y ambiental.

El pronunciamiento también condena los presuntos daños a la salud, la vida y el medio ambiente, atribuidos a la actual operación minera. Las comunidades citan informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del CENSOPAS que darían cuenta de la presencia de metales pesados en la población, una situación que —advierten— podría agravarse con la explotación a tajo abierto y subterránea en la zona de Coroccohuayco.

Ante este escenario, las organizaciones solicitan la suspensión inmediata del trámite de aprobación de la segunda Modificación del Estudio de impacto ambiental (MEIA) hasta que se resuelva el conflicto socioambiental en la provincia de Espinar. Además, otorgaron un plazo de 72 horas para que una comisión de alto nivel del Estado, encabezada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) e integrada por ministros competentes y representantes de SENACE, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y OEFA, se haga presente en el distrito de Pallpata. Advirtieron que, de no concretarse la visita, no se responsabilizarán por las acciones sociales que puedan emprender, señalando como responsables al Estado y a la empresa minera.

Finalmente, el distrito de Pallpata ratificó la decisión de mantener una lucha firme frente a lo que consideran injusticias y abusos, reafirmando su compromiso con la defensa de la salud, la vida y el medio ambiente, en resguardo del bienestar y desarrollo de las futuras generaciones.