¿Qué se viene ante la imposición de Tía María?

El reciente anuncio del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que autoriza el inicio de las actividades de explotación del proyecto cuprífero Tía María, ha reavivado la tensión social en el Valle de Tambo y la región Arequipa. Pese a que la empresa Southern Perú sostiene que ha cumplido con todos los requisitos legales y ambientales, las comunidades del valle y diversos especialistas advierten que el proyecto carece de condiciones técnicas, legales y sociales para ejecutarse.

Este fue el eje de la más reciente edición de La Hora Verde, que analizó la decisión del gobierno de José Jerí de autorizar el inicio de operaciones del proyecto Tía María. El panel contó con la participación del especialista en inversión privada Elvis Jump, y el abogado de la Red Muqui, Rodrigo Lauracio. Ambos coincidieron en que la autorización al proyecto representa una imposición política y un retroceso en materia ambiental y de participación ciudadana.

Desde Arequipa, Elvis Jump explicó que el caso de Tía María se sostiene sobre una “realidad ficticia” construida desde el discurso oficial y mediático. “El país escucha que Tía María tiene todos los permisos, pero la verdad es que no puede ejecutarse. No tiene tierras, no tiene agua ni la legalidad necesaria. Es un proyecto inviable desde el punto de vista técnico y económico”, señaló.

Jump, exgerente de inversión privada del Gobierno Regional de Arequipa, precisó que Southern Perú no cuenta con los derechos de servidumbre ni la propiedad superficial de los terrenos donde debería construirse la planta de procesamiento, ubicada en la zona de Pampa Cachendo. “No se puede iniciar una explotación minera sin contar con los terrenos donde se procesará el mineral. La empresa solo tiene un acta provisional de entrega, y eso no tiene validez legal”, advirtió.

A ello se suma la falta de licencia para el uso de agua. “Tía María requiere 235 litros por segundo para procesar el mineral, pero no tiene autorización ni de la Autoridad Nacional del Agua ni de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. Han intentado justificarlo diciendo que usarán agua de mar, pero ni siquiera tienen permisos para construir la planta desalinizadora”, afirmó.

El especialista añadió que el proyecto generaría un fuerte impacto ambiental y económico en la región. “No solo afectaría al Valle de Tambo y su agricultura; también pondría en riesgo el turismo y destruiría ecosistemas frágiles como Lomas de Cachendo. Incluso amenaza patrimonio cultural, como el antiguo ferrocarril de Mejía, una joya de la ingeniería arequipeña”, sostuvo.

Desde la perspectiva jurídica, Rodrigo Lauracio, abogado de la Red Muqui, destacó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto caducó en 2019, lo que vuelve inválida cualquier autorización para iniciar operaciones. “El EIA fue aprobado en 2014 y tenía cinco años de vigencia. Al no haber iniciado obras antes de 2019, perdió validez. Sin embargo, el Minem y el Senace se niegan a declarar formalmente su caducidad, permitiendo que Southern avance sin sustento legal”, explicó.

Lauracio agregó que el gobierno de José Jerí, al igual que el anterior de Dina Boluarte, “mantiene una línea de continuidad en la promoción de grandes proyectos extractivos pese a las irregularidades y la falta de licencia social”. En esa línea, informó que las comunidades del Valle de Tambo, con el acompañamiento de organizaciones civiles, han presentado una medida cautelar y una demanda de amparo para frenar la resolución que autoriza el inicio de la explotación.

El abogado también alertó sobre el riesgo de una nueva ola de conflictividad. “El Valle de Tambo lleva más de una década resistiendo este proyecto. La población no se opone a la inversión, sino a un modelo que prioriza la rentabilidad minera sobre la vida, el agua y la agricultura. Si el Estado insiste en imponer Tía María, se reactivarán las protestas y la criminalización contra los líderes sociales”, advirtió.

Ambos especialistas coincidieron en que la aprobación del inicio de operaciones de Tía María vulnera el Estado de derecho y los principios básicos de gestión ambiental. “No se trata solo de un conflicto agro-minero, sino de un problema de legalidad y de respeto a las normas. Si se permite que una empresa actúe sin tierras, sin agua y sin estudio ambiental vigente, estamos ante un Estado que renuncia a hacer cumplir la ley”, concluyó Jump.

La Hora Verde puso sobre la mesa un debate urgente: ¿puede el país seguir apostando por proyectos que dividen territorios, agravan la crisis climática y se sostienen en la ilegalidad? La respuesta, advierten los especialistas, determinará no solo el futuro del Valle de Tambo, sino también el rumbo del desarrollo en el Perú.

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