¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN APURÍMAC?

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El pasado 6 de febrero fue un paro de 72 horas en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas: las comunidades campesinas de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, reclamaban por la supresión de puestos de empleo y denunciaban  incumplimientos de los compromisos asumidos por la empresa. Como consecuencia de la paralización se instaló una nueva mesa de diálogo que viene trabajando la agenda de demandas planteadas..

El 10 de marzo se inició una nueva paralización, esta vez en las provincias de Andahuaylas y Chincheros, por un motivo distinto: cobros excesivos de la empresa Electro Sur Este por  servicios de energía eléctrica que además son ineficientes y ni llegan a muchas.  Finalmente la paralización se suspendió luego que la Presidenta del Consejo de Ministros se trasladara a Andahuaylas y firmara un acta de compromiso que recogía las principales demandas de la población.

El 18 de marzo, en horas de la madrugada, el alcalde del distrito de Maras (Cotabambas), Alberto Roque Cconislla, fue emboscado y asesinado en un solitario paraje de una carretera que lo conducía a su localidad. El móvil del crimen aún no ha sido esclarecido y se tejen varias hipótesis.

Estos tres hechos, en menos de tres meses, plantea la interrogante sobre lo que viene ocurriendo en esta región del país. Un dato adicional nos lo recuerda Rolando Luque de la Defensoría del Pueblo: Apurímac se ha convertido desde hace un tiempo en una de las zonas que concentra el mayor número de conflictos sociales a nivel nacional[1].  ¿Cuáles son los principales factores de esta creciente conflictividad y cuáles son los riesgos presentes y futuros?

Hay varios elementos a tomar en cuenta para tratar de descifrar lo que viene ocurriendo. En primer lugar habría que señalar algunos rasgos regionales: Apurímac es una de las regiones del país donde la población padece de mayores necesidades, lo que se refleja en los pobres resultados que alcanza en la mayoría de indicadores sobre pobreza, educación, nutrición y otros, ubicándose de manera sostenida en los últimos puestos a nivel nacional y reflejando una situación caracterizada por carencias endémicas.

En lo referente a la incidencia de pobreza y pobreza extrema, Apurímac figura entre las regiones donde un mayor porcentaje de la población es pobre o pobre extrema, con tasas  que están largamente por encima del promedio nacional. Los años de bonanza económica no han producido cambios sustantivos y Apurímac sigue figurando a la cola en la mayoría de los indicadores que miden el grado de bienestar y desarrollo socioeconómico.

Otra característica saltante de Apurímac es que su población es predominantemente rural, en contra de la tendencia nacional: la población rural supera el 60% del total regional. Otro dato clave es que la propiedad rural es predominantemente comunal.

En este escenario, en Apurímac se vienen produciendo cambios sustantivos en todo su territorio. Uno de los cambios más significativos es la entrada masiva de la minería: grande, mediana y pequeña, incluida la minería informal. En la actualidad, Apurímac figura en el primer lugar en la cartera de proyectos mineros y más del 60% del territorio regional se encuentra ocupado por derechos mineros vigentes.

Desde la región se percibe que todas estas mutaciones se vienen dando sin que la población y sus autoridades sean tomadas en cuenta. Actores extraterritoriales (empresas, otros agentes económicos, organismos internacionales y el propio Estado nacional) vienen imponiendo condiciones a los actores territoriales (poblaciones, organizaciones sociales, autoridades regionales y municipales).

¿Cuáles son algunos elementos de estas orientaciones impuestas desde fuera? El actual diseño de control del territorio regional que viene afectando, sobre todo, la propiedad rural; el manejo de recursos públicos y privados en función del crecimiento de ciertas inversiones; procesos de desplazamientos de poblaciones y al mismo tiempo de actividades económicas tradicionales; llegada masiva de trabajadores de otras regiones; crecientes impactos ambientales; son algunos los ingredientes visibles de este proceso.

En este escenario, todo indica que se va a seguir provocando la ruptura abrupta de los equilibrios preexistentes: económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que agudizará la tendencia creciente de conflictividad social en esta región. No podemos seguir ignorando lo que pasa en Apurímac; se necesita con urgencia construir canales institucionales, de diálogo democrático y de participación oportuna e informada para evitar que la situación en esta región se siga degradando.


[1]Comparte el primer lugar con Ancash.

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