El documento expone que las plantas de beneficio son un eslabón clave en la minería artesanal, pequeña, informal e ilegal (MAPE), pues procesan minerales en bruto para su comercialización, pero a la vez generan graves impactos ambientales por el uso de químicos y relaves tóxicos. Aunque registradas oficialmente (357 en total), muchas operan con escasa fiscalización y en condiciones deficientes, especialmente en regiones como Arequipa, La Libertad, Áncash, Lima e Ica. Además, la observación satelital revela un subregistro de estas instalaciones, lo que plantea dudas sobre la ausencia de una estrategia estatal efectiva para regular y controlar su expansión.

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