Protestas en varias localidades del corredor minero

Hasta el cierre de edición de este boletín, comuneros y comuneras de Fuerabamba realizaban un paro y bloqueo de carretera a la altura del ex fundo Yavi Yavi. Su principal demanda tiene que ver con que los terrenos sobre los cuales se ha construido la carretera utilizada por la empresa minera MMG Las Bambas es de su propiedad, por lo cual han cavado zanjas y han tomado posesión del mismo.

“Desde el miércoles 22 de agosto, unas 100 personas de la comunidad de Fuerabamba han bloqueado la carretera nacional cerca de la zona Yavi Yavi, ubicada en el distrito de Colquemarca, en la región de Cusco”, confirmó el portavoz de la compañía en Australia, Ted Woodruff, en declaraciones a la agencia Reuters. “En esta etapa, no hay un impacto inmediato en las operaciones, pero se ha suspendido toda la logística de concentrados”. Se supo que el día lunes 27 de agosto se hizo presente la Policía con un número aproximado de 200 efectivos, pero hasta el momento no se habría producido ningún desalojo ni enfrentamiento. Fuentes locales informaron que aún no circulan los camiones mineros por la carretera.

Esta podría no ser la única protesta en el corredor minero en estos días. La comunidad de Pisacasa había acordado en asamblea del 21 de este mes realizar un paro hoy mismo si sus reclamos no eran escuchados por el Gobierno. Por su parte, el distrito de Velille, ubicado en la región Cusco y que también es atravesado por el corredor vial utilizado para el transporte de concentrados mineros, acordó en una asamblea popular realizada hace unos días acatar un paro indefinido a partir del próximo 30 de agosto. Su demanda principal tiene que ver con la solicitud de modificar el Estudio de Impacto Ambiental de la empresa a fin de ser incorporados como área de influencia, al sufrir los impactos ambientales de la carretera, tales como vibraciones y ruido, y polvareda constante que genera contaminación del aire por material particulado.

La comunidad de Antuyo también ha expresado su voluntad de realizar un paro con demandas sobre saneamiento de la propiedad de las tierras afectadas por la carretera. Hasta el momento no se han cumplido los acuerdos alcanzados el año pasado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con Antuyo y otras tres comunidades respecto al saneamiento legal de las tierras y la compensación económica por su utilización para la vía del transporte minero.

Las protestas pacíficas que viene realizando y organizando la población local tienen que ver con la falta de estudios adecuados y oportunos sobre los impactos ambientales y sociales que iba a producir la carretera en la zona. Como ha mostrado un reciente informe de CooperAcción, el cambio en la modalidad de transporte minero del mineroducto previsto inicialmente a la carretera que se utiliza ahora, se realizó sin contar con estudios adecuados acerca de los impactos y excluyendo a diversas comunidades consideradas inicialmente como áreas de influencia. Por otro lado, en muchos de estos casos tanto el Gobierno como la empresa utilizaron terrenos de propiedad de las comunidades, pasando por encima de su legítima propiedad y originando conflictos.