Presentan reporte de conflictos mineros del segundo semestre del 2022- Boletín AMP Dic 2022

El escenario actual de estallido social, principalmente en el sur del país, se explica por la ausencia estatal para atender oportunamente las demandas de la población, la poca comunicación o falta de transparencia en la información relacionado a las actividades extractivas y las expectativas de la población por un cambio del modelo de desarrollo extractivista que solo beneficia a las grandes empresas. Así lo consideran los especialistas que participaron en la presentación del 31° Observatorio de Conflictos Mineros.

Paul Maquet, vocero de CooperAccion, resaltó que para entender el actual panorama de conflictos sociales es oportuno recordar que las zonas mineras del sur andino del país votaron masivamente por el programa de “no más pobres en un país rico” enarbolado por Pedro Castillo.

«En los distritos del llamado “corredor minero”, donde los ciudadanos ven todos los días como la riqueza sale en camiones con dirección al extranjero (mientras la pobreza, la falta de servicios y la contaminación se quedan), obtuvo más del 90% de los votos. No puede sorprender que sean justamente estas zonas en donde se haya despertado una fuerte respuesta social ante la crisis política», señaló Maquet durante la presentación del reporte.

¿Cómo entender las protestas en el sur del país? Según el reporte del 31° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – OCM, desde inicios del presente año se ha evidenciado una gran fragmentación de agendas y demandas, incluso entre los pobladores de zonas aledañas.

«Está claro que en el último año las tensiones se han ido agudizando, a niveles nunca antes vistos y en donde se presentan demandas diversas: económicas, sociales, ambientales, entre otras, todas muy dispersas. Por lo general, lo que se había visto hasta ahora era una dinámica de estallido social y escalada que alcanzaba un pico de máxima tensión, para luego entrar a una fase de diálogo y repliegue. En la actualidad el conflicto es casi permanente en esta zona», indica el reporte.

De acuerdo con el informe, la conflictividad permanente en el denominado corredor del sur andino también se debe a que es “una vía de más de 400 kilómetros mal construida y que no ha respetado las normas vigentes, que atraviesa por cuatro provincias altoandinas de las regiones de Apurímac y Cusco, con decenas de centros poblados y comunidades campesinas que reciben los impactos, tanto de la zona de extracción como del transporte de los minerales”

Según, David Velazco, director de Fedepaz, otra característica que explica el escenario actual de conflictividad, es la gran fragmentación de agendas y demandas. Volviendo al escenario del corredor del sur andino, cada 30 kilómetros o menos se puede identificar expectativas que se expresan en demandas diferenciadas que generan movilizaciones con actores distintos que no tienen ni la capacidad ni el interés de articular entre sí. Por el contrario, todo indica que estos actores compiten entre ellos.

“En este escenario, a diferencia de otras épocas, es muy difícil pensar en organizaciones que puedan articular demandas de varios territorios y representarlas”, aseguró Velazco.

Coincide Mirtha Villanueva, directora de Grufides, quien advierte la ausencia de líderes regionales que defiendan los verdaderos intereses de la población frente al avance de las actividades extractivas formales e informales. La especialista afirmó que en Cajamarca el proyecto Yanacocha Sulfuros realizará minería subterránea y a la fecha no se ha informado a la población sobre el impacto ambiental que generaría dicha actividad minera.

Para Henry Vásquez, responsable de la oficina de CooperAcción en Cotabambas, las mesas de diálogo han perdido toda credibilidad y en las actuales circunstancias solo sirven para desbloquear los levantamientos e instalar negociaciones que, por lo general, no llegan a ningún lado. “Urge cambiar la estrategia gubernamental de resolución de conflictos considerando que las mesas de diálogo no son eficaces”, dijo Vásquez.

Avance de la minería informal

La minería informal o la abiertamente ilegal sigue “ganando terreno”. El reporte advierte del avance de la minería de oro en la Amazonía que sigue penetrando nuevas zonas, al mismo tiempo que genera tensión, violencia y enfrentamientos con los pueblos indígenas. En los últimos meses los mineros informales aprovechando los altos precios de los minerales vienen explotando cobre.

Según el reporte, en el primer semestre también se ha visto como la minería informal le disputa territorio a la formal. Hay una superposición de concesiones.

Una de las tendencias más preocupantes de los últimos meses es la expansión de la minería informal o ilegal. En el reporte se advierte que este tipo de minería ya no solo es aurífera o no metálica, también ha comenzado a incorporar otros metales, en especial el cobre, pues las cotizaciones actuales de este mineral hacen que su explotación en pequeña escala se vuelva una actividad muy atractiva.

La tendencia es que la minera informal siga creciendo debido, entre otras cosas, al proceso de transición energética internacional.

Proyecto Ariana

El informe advierte sobre Ariana, proyecto minero de Southern Peaks cuyas relaveras se ubicarían a pocos metros del túnel trasandino Cuevas – Milloc y que se superpone al sistema de lagunas de Marcapomacocha, que provee aproximadamente el 60% de agua de Lima y Callao.

Ante el peligro que el proyecto minero pueda contaminar el agua potable que consumen los más de 10 millones de habitantes de Lima y Callao, el 2019 un colectivo social inició una acción de amparo constitucional para detener las obras de la minera, sin embargo, el proceso no avanza por eso los demandantes han presentado el último 30 de noviembre una medida cautelar.

“El objetivo de esta medida es suspender los efectos de todas las resoluciones administrativas que autorizaron la construcción de este proyecto hasta que se resuelva la acción de amparo constitucional. Además, buscamos que el juzgado resuelva una sentencia anticipatoria a favor del interés de la población”, dijo Maritza Quispe, abogada de IDL.