OTRA VEZ EL CORREDOR-EDITORIAL AMP- NOVIEMBRE 2022
Por enésima vez desde que se inició el tránsito pesado de camiones que transportan el mineral por el corredor del sur andino, se han producido bloqueos en más de un punto. Todo indica que las actuales autoridades, como ocurrió con los anteriores gobiernos, no tienen idea sobre cómo reaccionar, salvo los intentos que buscan apagar el incendio de turno.
Desde CooperAcción venimos insistiendo en que varios de los mecanismos que se emplean para abordar la conflictividad social hace tiempo que se han agotado y es necesario abrir un proceso de reflexión de fondo. Los conflictos deben ser entendidos como alertas que llegan desde los territorios y que no solamente demandan atención puntual sino, sobre todo, transformaciones sustantivas.
Hasta ahora, desde el Estado peruano se ha montado un sistema de abordaje de los conflictos sociales con las siguientes características: por lo general se reacciona cuando el estallido social se ha producido, por lo tanto se carece de una estrategia preventiva; el monitoreo de los conflictos desde el Estado no implica una presencia constante en los territorios de parte de los organismos encargados[1]; el Estado opera bajo una lógica de compartimientos estancos, sin capacidad de coordinación efectiva entre la PCM y su Viceministerio de Gobernanza Territorial, los ministerios involucrados y menos aún las instancias subnacionales del propio Estado.
Además, se tiene como una de las principales herramientas de intervención las mesas de diálogo que, a estas alturas, han perdido credibilidad: retrospectivamente, se puede afirmar que las mesas de diálogo han servido, en el mejor de los casos, para desbloquear los levantamientos, paros o bloqueos e instalar negociaciones. Por lo general, cuando se llega a acuerdos, estos son incumplidos. Es por eso, como hemos visto en los casos estudiados, que gran parte de los conflictos se terminan reactivando, precisamente, por el incumplimiento de acuerdos.
La manera cómo opera el Estado peruano frente a los conflictos debe ser modificada sustantivamente y se debería apostar por la construcción de un sistema de gobernanza de los territorios que debería partir por implementar la presencia del Estado como garante de derechos en los territorios, pues es fundamental en un proceso de transición. La apuesta por un sistema de gobernanza territorial implica construir institucionalidad democrática con presencia efectiva en las zonas de influencia de las actividades extractivas, es decir, una institucionalidad mejor distribuida y al mismo tiempo más representativa, con un claro componente de legitimidad, incorporando mecanismos de participación ciudadana que sean oportunos e informados.
En un sistema de gobernanza, la manera cómo se organiza el territorio no puede excluir a los actores originarios, a sus organizaciones y autoridades. El objetivo es descentralizar la toma de decisiones, mejorar de manera real la presencia del Estado en los territorios, potenciar la gobernanza y así contrapesar el enorme poder que ejercen en la actualidad las empresas mineras y de hidrocarburos.
[1] Salvo el monitoreo que realiza la Defensoría del Pueblo.
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